El adios de un hombre bueno y un maestro ejemplar: Hector-Hugo Barbagelata

16 abril 2014

HECTOR HUGO BARBAGELATA

El pasado domingo 13 de abril dejó de estar con nosotros el querido maestro uruguayo Hector-Hugo Barbagelata.

Nada menos que con noventa años, Barbagelata sigió, hasta poco tiempo antes, al frente de sus responsabilidades académicas en la Universidad de la República, siempre atento a las inquietudes de sus alumnos y siempre dispuesto a enseñar y a aprender.

Es mucho lo que puede decirse de él en un momento como éste, ya que sus cualidades personales y su valía intelectual fueron enormes. Yo quiero recordarlo hoy aquí, en mi particular homenaje, como el hombre bueno, amable y generoso que fue. Y citar las siguientes palabras suyas, extraídas de una entrevista que le hizo Hugo Barretto para la Revista de Derecho Social Latinoamérica, que retratan de cuerpo entero su actitud como maestro: 

“En lo que a mi respecta, siempre he considerado que lo que un profesor no puede olvidar es que quienes asisten a sus clases están haciendo entrega de la sustancia de sus vidas, esto es de su libertad y del tiempo de cada uno, que podría emplearse de otra manera y que en cada instante se agota definitivamente. Por tanto, lo principal que tengo presente es que el profesor no tiene derecho a frustrar las legitimas expectativas de quienes le entregan su tiempo, lo cual por su parte está exigiéndole una entrega total a este ministerio”

¡Descansa en paz, querido maestro, al lado de los grandes de nuestra querida escuela uruguaya de Derecho del Trabajo!

A continuación reproduzco para los lectores de esta bitácora, gracias a la amabilidad de su autor, el Discurso de Despedida al Profesor Hector-Hugo Barbagelata pronunciado por el Profesor Hugo Barretto en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República con ocasión de su velatorio en el hall del edificio central de la misma:

“La Decana de la Facultad de Derecho, la Prof. Bagdassarian, me ha encomendado la difícil tarea de despedir al querido Profesor Hector-Hugo Barbagelata.

El desafío mayor radica en el brete de sintetizar, en un mensaje necesariamente breve, una diversidad de intereses intelectuales tan variopintos como los que desplegó Barbagelata en su trayecto vital, que culminó con entusiasmo casi juvenil al promover la creación de la Fundación Electra en homenaje a su esposa.

Barbagelata se destacó, todos sabemos, en varios ámbitos:

a) En el periodístico, fue colaborador del diario Acción y del semanario Marcha, por citar dos medios emblemáticos, siendo parte de la llamada “generación del 45” junto a otros notables ensayistas y escritores como Mario Benedetti, Angel Rama, Carlos Maggi y otros;

b) En el ámbito de la cultura, ejerció la actividad teatral, y fue Director de la Escuela Municipal de Arte Dramático y del SODRE.

Sobre su doble actividad de actor y profesor Barbagelata tiene páginas memorables. En una entrevista realizada para la Revista Derecho Social Latinoamérica dirá que “la actividad de profesor es análoga a la del actor, especialmente si uno piensa en la Commedia dell Arte, esto es, en ese género teatral en el que se improvisa a partir de algunas pautas, y ¿qué otra cosa hace el profesor a partir del esquema que lleva escrito y consulta en la clase o que tiene grabado en la memoria?” 

Y agrega: “mientras el escritor apaga la computadora y se ocupa de otra cosa, el profesor y el actor saben que la función debe continuar. Por eso también todas las funciones son diferentes, en realidad únicas, como lo son cada una de las clases, aunque el tema tratado sea el mismo”.

Finalmente dice que “otro rasgo común es la instantaneidad y lo efímero de la actuación del actor y del profesor. Esta función, ese acto, esa parte, que hoy marchó muy bien, o esa clase que gustó al profesor y que el auditorio sintió que lo enriquecía, no dejan mas que un leve rastro que tiende a desvanecerse muy rápidamente. La suma de estos rastros puede que adquiera la calidad de buen recuerdo en algunos integrantes del público y eso es a lo más que actores y profesores pueden aspirar, aunque unos y otros saben, sabemos, que como dice un personaje de Tennesee Williams la eternidad es una palabra muy larga que no tiene nada que ver con los actores y los profesores”.

c) En el ámbito sindical, decía Barbagelata con satisfacción que fue el segundo asesor con que contó el movimiento sindical uruguayo de mediados del siglo pasado, y en ese orden es recordado su paso por FUECI y su profunda amistad con Pepe D´ Elia, con quien tuvo algunos furtivos encuentros durante la dictadura, casi de cuento policial, cuando ambos estaban proscriptos y vigilados. Gustaba decir, con orgullo no declarado, que nunca había asesorado patrones;

d) En el ámbito político fue subsecretario del Ministerio de Trabajo en el Gobierno de Gestido;

e) En el ámbito universitario tuvo una significación extraordinaria, constituyéndose en uno de los pilares – surgen los nombres de Américo Plá Rodríguez, Oscar Ermida, Helios Sarthou y Osvaldo Mantero – uno de los pilares, decía, de la llamada Escuela Laboralista Uruguaya.

Si difícil es sintetizar la multiplicidad de intereses intelectuales de Barbagelata es mas difícil, paradojalmente, circunscribir cuales fueron sus aportes principales en el terreno aparentemente más reducido del Derecho del Trabajo.

La explicación está en los detalles, decía Walter Benjamin, pero estos son abrumadores en el caso de Barbagelata.

Si hay que optar por dos perfiles de su actividad, parece que debemos referirnos en primer lugar a la revista Derecho Laboral, fundada en 1948 junto al Profesor Francisco de Ferrari y un igualmente joven Américo Plá Rodríguez. La revista ha sido un ejemplo de conducta editorial pluralista y comprometida a la vez; independiente y rigurosa, generadora de una cultura jurídica singular y vehículo de la mejor doctrina nacional e internacional.

El segundo aporte que anotamos es la creación y sostenimiento del posgrado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestra Facultad de Derecho, así como su cátedra “Evolución de Pensamiento Juslaboralista”, un inédito y erudito repaso de la historia de las ideas del derecho social, felizmente recogido en libro.

Pero el aporte de Barbagelata nunca se ha limitado al plano de lo exclusivamente académico, si lo entendemos como un mero ejercicio, casi diletante, ajeno a los avatares políticos y sociales. No podríamos soslayar hoy y en esta casa, la profundidad de sus convicciones democráticas y republicanas, materializadas en su oposición a la intervención de la Universidad mediante su retiro en 1973 junto a un grupo de colaboradores cercanos, alguno de los cuales felizmente nos acompañan aquí.

En lo cotidiano, lejos de ser un profesor de trato distante o áspero o vanidoso, como corresponde a cierto arquetipo del académico enjundioso, era un conversador y narrador ameno, entusiasta, muy ingenioso, y por su memoria prodigiosa pasaba buena parte de la historia del Uruguay del siglo XX en una especie de crónica salpimentada de anécdotas de figuras tan heterogéneas como Margarita Xirgú, Carlos Quijano, Luis Batlle Berres, Paco Espínola, Rodríguez Andrade y su querido Rampla Juniors F.C..

La lista sería muy extensa, y más de una vez pensé – y lo conversamos con Laura Zúñiga – que esas historias merecían un libro de memorias que Barbagelata nunca quiso escribir.

Esa sabiduría situada fuera de los libros revela una existencia exquisita, y quedará para siempre recluida a los testimonios orales que escuchamos muchos de sus discípulos, haciendo en parte cierto aquel veredicto de un escritor africano cuando dijo “cuando muere un sabio, arde toda una biblioteca”.

Por último, decimos y repetimos que Barbagelata fue un MAESTRO.

¿Cual es el sentido del magisterio de Barbagelata?

¿Qué queremos decir?

Desde mi punto de vista, decir que fue un maestro es retrotraernos al sentido más básico del término: maestro es quien nos enseña a LEER y a ESCRIBIR, y Barbagelata nos enseñó a leer y escribir … el Derecho del Trabajo.

Nos enseñó a leer porque sus recensiones y comentarios a libros y artículos que realizaba en las reuniones del Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho – siempre los viernes a las 8 en punto – se convertían en una verdadera lección de ejercicio crítico de la lectura, un ejemplo de cómo tomar un texto no como verdad revelada para repetir lo dicho por la “autoridad”, sino para debatir, discutir y avanzar en la comprensión de la realidad y el estudio del Derecho del Trabajo.

En esas insospechadas lecciones nos enseñaba la importancia del acto de leer, como recordando aquella referencia borgeana de quien se ufana de lo leído mas que de lo que ha escrito.

Barbagelata nos enseñó también a escribir, porque su poética, su estilo de escritura- despojada, seca, concentrada – es también parte de su magisterio. Barbagelata iba a lo esencial, complementando la economía del texto con una escritura en paralelo en las citas al pié de página (nunca al final del artículo), donde desarrollaba muchas veces el discurso principal, o sorprendía con la innovación de un punto de vista provocador. Las citas al pié de página remitían a otros libros o invitaban a otros descubrimientos, eran una ventana abierta, dejando la senda de nuevos caminos para andar, quizá evocando a su admirado Antonio Machado.

El lector Barbagelata y el escritor Barbagelata eran dos caras de un mismo proyecto intelectual, y nosotros en el Instituto de Derecho del Trabajo tuvimos la oportunidad única y definitiva de meternos en el laboratorio del profesor. Y en esa dialéctica lectura/escritura, nos enseñaba la casi intimidad revelada de su lectura silenciosa, transformada en el Instituto en comentarios mordaces, incisivos, sin pretensión alguna de neutralidad (como fue Barbagelata en todas sus cosas).

En definitiva, Barbagelata supo amalgamar todas esas facetas –cultura, política, universidad, sindicatos– en una única, espesa y coherente urdimbre de valores vividos en austera radicalidad.

En la entrevista citada, reconoce que esos diversos menesteres llevan al sujeto “a ver las realidades desde distintos puntos de vista, pues es algo sabido cuan diferente es exponer un tema en la Universidad, asesorar a ese respecto o llevar adelante una línea política. Por mi parte, en todos los casos me esforcé en mantener coherencia entre los dichos y las acciones emprendidas, incluso para determinar cuando era el momento de dar por terminada una etapa y para advertir las incompatibilidades y reconocer la sabiduría sanchopancesca del refrán que nos dice que “no se puede repicar y andar en la procesión”.

Claro, me faltó decir que Barbagelata, además de una forma de leer y de escribir, nos dejó una ETICA para andar en la procesión de la vida.”

Hugo Barretto Ghione


II Curso Internacional PUCP-USAL: “Empresa y relaciones laborales en el Siglo XXI”

5 abril 2014

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Durante muchos años los laboralistas centramos nuestra atención en los cambios que el nuevo contexto económico y productivo estaba ocasionando en la figura del trabajador, con la intención de explicar a partir de ellos las transformaciones que venía experimentando nuestra disciplina.

El paso del tiempo nos ha permitido, sin embargo, constatar que lo que en realidad venía cambiando, y estaba en la raíz de las mutaciones del sujeto trabajador, eran las formas de desarrollo de la actividad empresarial. Y, como consecuencia de ellas, la propia empresa y el empleador que la personifica.

A pesar de ello, las transformaciones de la empresa y el empleador son objeto de escasa atención por parte de la literatura jurídica especializada en temas laborales. Al extremo de no existir casi estudios que las aborden de manera sistemática e integral.

De allí que, cuando el equipo de directores de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Salamanca abordamos la tarea de diseñar la II Edición del Curso Internacional de Estudios en Derecho Social, no dudamos en dedicarla al estudio y la reflexión en torno a dicha problemática.

El resultado es el Curso “Empresa y relaciones de trabajo en el Siglo XXI”, que se impartirá en Lima de forma conjunta por profesores de prestigio de ambas casas de estudio entre los días 12 y 23 de mayo.

En este curso se darán cita las grandes cuestiones que plantea en la actualidad al Derecho del Trabajo la transformación de la empresa, a través de un esquema de tratamiento desde ópticas complementarias de cada uno de los temas por académicos españoles y peruanos que constituyó uno de los más relevantes hallazgos, por su riqueza y versatilidad, de la primera edición de este curso, que se llevó a cabo de forma exitosa el mes de junio del pasado año.

En esta ocasión el curso contará, como valor añadido, con la participación del profesor Manuel Álvarez de la Rosa, coautor con el profesor Carlos Palomeque, habitual en la plana docente del mismo, del más prestigioso manual español de la disciplina (Derecho del Trabajo, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 21ª edición, 2013, 957 págs.). Y será clausurado por el profesor Adrián Goldín, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y actual Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Por todo lo cual constituye para mi una gran satisfacción invitar a los tenaces amigos de este cuaderno de notas a participar en esta actividad, tan querida como potencialmente útil para todos los que tengan interés en aproximarse desde el rigor académico a una de las más actuales líneas de evolución de nuestros ordenamientos laborales.

El programa del II Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho Social, sobre “Empresa y relaciones laborales en el Siglo XXI”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Programa II CEADS – Empresa y relaciones laborales en el Siglo XXI – 2014

Para más información:

mdtss@pucp.pe

Teléfono: 626 2000 anexo 5674

http://blog.pucp.edu.pe/blog/cursoderechosocial/

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España y los convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva: de paladín a villano

29 marzo 2014

cartel sindical

¿Alguien podía imaginar que un país como España, que desde los años ochenta se caracterizó por ofrecer una plena garantía a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, así como por el empleo de la concertación social como método para la adopción de las principales decisiones en materia social, terminaría recibiendo un tirón de orejas de los órganos de control de la OIT por no respetar los convenios internacionales que reconocen y garantizan estos derechos?

Pues acaba de ocurrir. Y, además, de la mano nada menos que del Comité de Libertad Sindical de esa organización, cuyo 371º informe, en el que se incluyen sus conclusiones sobre una queja presentada en julio de 2012 por los sindicatos UGT y CC.OO. contra el Gobierno de España por vulneración a través de los Reales Decretos-Leyes 3 y 20/2012 de los derechos antes referidos, ha sido publicado esta semana.

Aun con el lenguaje aséptico y hasta cierto punto indirecto que suele utilizarse en esta clase de pronunciamientos, lo decidido por el Comité de Libertad Sindical en relación con esta queja constituye una llamada de atención en toda regla al Estado español.

Esto es así en la medida en que, para empezar, el Comité pone en entredicho el procedimiento con arreglo al cual se aprobó la primera de las referidas normas, que como es sabido fue la que introdujo la reforma laboral de 2012, por entender que prescindió por completo de la consulta a las organizaciones más representativas de los trabajadores y empresarios. Frente a ello, el Comité recuerda al Gobierno que “los principios en materia de consulta son válidos también en períodos de crisis que requieren medidas urgentes” y expresa su expectativa de que “en adelante se respete plenamente” esos principios “en relación con legislaciones que afecten a los intereses de las organizaciones sindicales y sus afiliados”, además de pedirle “que adopte medidas en ese sentido”.

A lo anterior se añaden cuestionamientos a los cambios operados en la regulación de la negociación colectiva por esa misma norma. Así, en relación con la prioridad aplicativa reconocida a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior para la regulación de algunas materias, el Comité opta también por recordar al Gobierno español “su posición en el sentido de que la determinación del nivel de negociación colectiva debe corresponder en principio a las partes”. Y no, por tanto, al legislador. De igual modo, aunque con mayor contundencia, el Comité se pronuncia sobre las reglas que hacen posible la modificación a nivel de empresa de acuerdos colectivos y convenios estatutarios mediante decisión unilateral del empresario o un arbitraje obligatorio, destacando que “la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones de nivel superior puede desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva así como las organizaciones de empleadores y trabajadores y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva en violación de los principios consagrados en los Convenios núms. 87 y 98”. Y añade que las fórmulas a través de las cuales podrían modificarse los convenios colectivos en las situaciones de dificultad económica grave “deberían concretarse en el marco del diálogo social”.

Finalmente, en relación con el Real Decreto Ley 20/2012, por el que se introdujo importantes recortes en los derechos de los servidores públicos, luego de constatar que esta norma “suspendió directamente los acuerdos colectivos que lo contradicen o declaró la invalidez de sus disposiciones en determinadas materias”, el Comité subraya que esto “plantea problemas en relación con los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva” y, por ello, se permite “recordar” al Gobierno “el principio de que los órganos del Estado no deberían intervenir para modificar el contenido de los convenios colectivos libremente concertados y de que los acuerdos colectivos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes”.

El informe concluye con una serie de recomendaciones, entre las cuales destaca una en particular. Después de subrayar “la importancia de que las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales y de la negociación colectiva sean compartidas en la mayor medida posible por las organizaciones de trabajadores de empleadores más representativas”, el Comité “invita” al Gobierno “a que promueva el diálogo social para conseguir ese objetivo”. Una recomendación en toda la regla al mismo, como salta a la vista, para que abra un proceso de diálogo social sobre los contenidos introducidos por la reforma laboral de 2012.

¿Se abrirá este proceso? ¿Se modificarán las reglas que actualmente introducen límites al derecho a la negociación colectiva incompatibles con los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por España?

Precisamente la semana anterior tuve la ocasión de poner de manifiesto cuál es el valor jurídico de dichos compromisos y qué vías existen para hacerlos valer dentro del ordenamiento español.

Mientras tanto, no habrá más remedio admitir que España ha pasado, de ser el paladín de la concertación social y la garantía del valor jurídico de los convenios colectivos, a compartir una incómoda posición al lado de los Estados que no respetan uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales a nivel universal.

El texto del 371º Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_239691.pdf/

 

 

 

 


Los tratados internacionales y los derechos laborales: el turno del sur de Europa

22 marzo 2014
Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo

Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo

Hubo un tiempo, seguramente más feliz que el actual, en el que los juristas del trabajo europeos, y entre ellos los españoles, no compartían en interés y la atención que sus colegas de otras latitudes, y especialmente de América Latina, prestaban a las normas internacionales de protección de los derechos laborales. Al fin y al cabo, mientras en aquellos países estas normas se alzaban en algunos casos como la última barrera susceptible de ser opuesta frente a los procesos de desregulación impuestos por los organismos financieros internacionales, los derechos laborales, aun no siendo inmunes a la general exigencia de flexibilización, superaban claramente en Europa los estándares mínimos previstos por las mismas.

En la existencia humana, sin embargo, no existe nada que pueda ser considerado definitivo. Y, así, el proceso de desmantelamiento de las garantías jurídicas asociadas a la prestación de trabajo asalariado vivido en América Latina en los años noventa del pasado siglo, ha terminado por reproducirse ahora en Europa, y en particular en los países de su área sur, al socaire de la crisis económica y la presión, cómo no, de los organismos financieros internacionales.

¿Pueden, en un contexto como éste, cumplir las normas internacionales ese papel garantista que las hizo depositarias del interés y las expectativas de la doctrina laboralista latinoamericana hace dos décadas?

He de decirles que, al menos en mi opinión y respecto de España, la respuesta no puede ser sino un sí. En primer lugar, porque son numerosos los cambios introducidos por las recientes reformas laborales cuya compatibilidad, no sólo con preceptos constitucionales, sino con lo dispuesto por normas internacionales sobre la materia, resulta más que dudosa. Pero también, en segundo lugar, en atención a la posibilidad, poco conocida y utilizada hasta ahora debido precisamente a que no era necesario recurrir a ella, de solicitar en sede judicial la aplicación del denominado control de convencionalidad, a los efectos de conseguir la inaplicación de las normas que introducen tales cambios cada vez que puedan ser consideradas contrarias a lo dispuesto por los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España. Un instrumento cuyo fundamento se encuentra en el artículo 96 de la Constitución Española, de acuerdo con el cual las disposiciones contenidas en los mismos, además de formar parte del ordenamiento interno, no pueden ser “derogadas, modificadas o suspendidas” sino “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Y, por tanto, no por una norma interna posterior, aunque ésta tenga el rango de ley.

Esta ha sido, precisamente, la base jurídica del reciente Auto de 17 de mayo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 para no considerar aplicable al caso del asesinato en Bagdad del periodista español José Manuel Couso la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada a través de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Su contradicción con el Convenio IV de Ginebra, sobre protección de personas civiles en tiempos de guerra. Y también, todo sea dicho, de la Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona que inaplicó la regulación del período de prueba prevista para el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores por oponerse a la interpretación del artículo 4.4 de la Carta Social Europea llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales en relación con una regulación de similar alcance impuesta a Grecia por la troika comunitaria.

El Derecho Internacional del Trabajo siempre estuvo allí. Y siempre fue posible servirse de él. Aunque recién ahora caigamos en la cuenta en este lado del mundo de su utilidad para salvaguardar las claves de bóveda de nuestro sistema social de los ataques interesados que contra ella se vienen llevando a cabo. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Se adjuntan a la presente entrada la Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona y un muy interesante e ilustrativo estudio de Carmen Salcedo Beltrán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y apreciada colega y amiga,  sobre la Carta Social Europea y su papel como instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los derechos sociales.

La Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona puede ser descargada desde el siguiente enlace:

http://www.ugt.es/actualidad/2013/diciembre/188951481-Sentencia_emprendedores.pdf

El estudio de Carmen Salcedo Beltrán sobre la Carta Social Europea. Instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los derechos sociales puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe60.pdf


AVANCE DE INVESTIGACIÓN: Los códigos de conducta y el vacío de gobernanza global

15 marzo 2014
Josep Reanau, fragmento del mural La Hispanidad

Josep Reanau, fragmento del mural La Hispanidad

En principio, a nadie debería parecerle mal que una empresa multinacional se comprometa a exigir a todos los sujetos que contraten con ella –empresas auxiliares, proveedores, contratistas– el respeto de un núcleo básico de derechos laborales. Máxime cuando entre esos derechos se encuentran aquellos que pertenecen a la categoría de fundamentales y deben ser considerados de vigencia universal.

Todos ustedes saben, sin embargo, que no es así. Que los detractores de este tipo de prácticas son al menos tan numerosos como sus defensores. Y suman la mayoría si a ellos se añaden los escépticos.

Muchas veces me he preguntado si de verdad existen razones para ser tan crítico. O para mantener una posición de escepticismo frente a actuaciones que no parecen hacer daño a nadie.

El caso es que las hay. Y no pocas además. La preparación en las últimas semanas de un estudio sobre los códigos de conducta para proveedores y contratistas puestos en circulación por las multinacionales españolas, en el marco del Proyecto de Investigación sobre “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española” al que ya me he referido aquí en alguna ocasión, me ha permitido sistematizarlas.

Para empezar, el carácter unilateral de estos instrumentos los convierte en un ejemplo de libro de despolitización de las reglas rectoras de las relaciones de trabajo, cuya presencia contribuye a neutralizar la demanda de normas de origen estatal o negociadas por los representantes de los trabajadores. A lo anterior debe añadirse que la configuración voluntaria de sus contenidos permite una elección “a la carta” de los derechos a proteger, que atenta contra la raíz de su fundamento humanista y propicia operaciones exquisitamente selectivas, por lo general en desmedro de los derechos de mayor potencial reivindicativo. Finalmente, el propio modelo de competencia global que guía la actuación de las empresas que formulan estas declaraciones, basado en la permanente reducción de los costes laborales, conspira en los hechos contra los objetivos garantistas que afirman perseguir.

Quienes defienden su utilidad sostienen, sin embargo, que estos códigos pueden servir para compensar los déficits de protección a los que se ven sometidos en muchos casos los derechos laborales en los países en los que suelen ubicar sus redes de producción las empresas multinacionales, a falta de reglas de Derecho Internacional directamente vinculantes que puedan cumplir esa función. Y que dichas empresas no actúan al impulsarlos movidas por razones puramente altruistas, sino guiadas por el interés de proteger la reputación de los productos que llevan sus marcas del “control difuso” que ejercen los mercados y la sociedad civil sobre las prácticas laborales injustas, inhumanas o abusivas que puedan producirse a lo largo de sus cadenas de producción o suministro.

¿Villanos o héroes?

Yo les diría que ni una cosa ni la otra. Si acaso ambas a la vez. Porque si algo me está permitiendo el estudio de los códigos de conducta de las multinacionales españolas es reafirmar una idea sobre esta cuestión que tenía ya con anterioridad. ¿Cuál es esa idea? La de que la respuesta depende de la configuración interna de cada instrumento. De lo que estipule el concreto código sometido a examen.

Hay algunos códigos, cómo negarlo, que responden al patrón más expuesto a la crítica, ya que son simples declaraciones, interesadamente incompletas en cuanto a los derechos que dicen proteger, además de desprovistas de carácter vinculante para los colaboradores de las multinacionales, así como de mecanismos de verificación de su cumplimiento. Pero no son los únicos. Ni tampoco necesariamente los se están elaborando en la etapa más reciente. Los códigos de conducta de última generación se apartan en mayor o menor medida de este cuestionable patrón, hasta llegar a supuestos en los que se atribuye al respeto de un conjunto sistemático de estándares laborales básicos construido a partir de las declaraciones internacionales sobre la materia el valor de regla de obligado cumplimiento para los socios comerciales de la empresa multinacional, se incluyen sistemas de control de su cumplimiento articulados con la participación de los trabajadores beneficiarios y sus representantes y se establecen sanciones para los infractores, las cuales pueden llegar hasta la ruptura de la relación mercantil.

Si en el primer caso las cosas parecen estar muy claras, conforme nos vamos acercando al segundo modelo, la posibilidad de que los códigos de conducta se encuentren en condiciones de cumplir un rol positivo de corrección de la falta de eficacia de los derechos laborales en muchos países se incrementa.

No se trata, en consecuencia, tanto de impugnar la existencia de estos instrumentos, que al fin y al cabo parece que han llegado para quedarse, como de someterlos a la crítica, con el fin de poner de manifiesto sus fortalezas y debilidades. Intentando, claro está, promover su progresivo acercamiento al esquema que está en mejores condiciones de cumplir ese rol.

Ese fue el trabajo que me propuse realizar respecto de los códigos de conducta de las multinacionales españolas en el estudio que acabo de concluir, del que anticipo a los tenaces amigos de este cuaderno de notas su parte introductoria.

Quien desee conocer su texto completo tendrá que esperar a la próxima aparición de la obra La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española, que lo incluye. Confío que la espera valga la pena.

Un extracto del artículo de Wilfredo Sanguineti titulado “Códigos de conducta para proveedores y contratistas de multinacionales españolas” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

CODIGOS DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE EMN ESPAÑOLAS -extracto- Wilfredo Sanguineti 


El Tribunal Supremo aclara: no todo es posible cuando de modificar las condiciones laborales se trata

8 marzo 2014
Honoré Daumier, Grabado

Honoré Daumier, Grabado

Imaginen ustedes por un momento, sufridos amigos de este cuaderno de notas, que trabajan para una empresa que ha visto reducido su nivel de ingresos en los últimos años como consecuencia de la crisis. No es tan difícil hacerlo. A continuación imaginen también que, con el fin de hacer frente a esa situación, la empresa les plantea realizar algunos cambios en sus condiciones laborales, recurriendo a las posibilidades que le ofrece el artículo 41 del Estatuto de Trabajadores. ¿Creen ustedes que la existencia de esa situación la habilitaría a introducir cualquier alteración en dichas condiciones? ¿Cualquier variación en el importe o los componentes de su salario? ¿Cualquier cambio en la duración o la distribución de su jornada laboral?

Supongo que no. Supongo, si no es mucho suponer, que coincidirán conmigo en que los cambios que la empresa podrá introducir de forma legítima serán solamente aquellos que guarden relación con la situación de partida y pueda considerarse que contribuyen a hacerle frente. Parece de sentido común, ¿no es verdad?

Dice la sabiduría popular, sin embargo, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no se equivoca. Al menos en este caso.

Porque si en algo estuvieron de acuerdo varios de los primeros comentaristas de las modificaciones introducidas en el artículo 41 en 2012 fue, precisamente, en sustentar el punto de vista contrario. Es decir, en entender que a través de la nueva redacción de este precepto se otorgaba al empresario “un poder prácticamente omnímodo” para modificar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores. O en considerar que al mismo le bastaba con alegar alguno de los motivos previstos por la norma para llevar a cabo la modificación, “sin que se le exija ya por la regla legal que acredite que su articulación deba cumplir ninguna función de mejora en ningún sentido para la organización empresarial”. En ello coincidieron, tanto juristas críticos, interesados en deslegitimar la reforma, como juristas ligados a la defensa de los intereses del sector empresarial, volcados en el cumplimiento de su misión. No hace falta que los cite. Si acaso que recuerde, respecto de los primeros, algo que me enseñaron mis mayores: que había que medir mucho las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace, ya que el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Que la anterior lectura del sentido de la norma no era, no digamos la correcta, sino al menos la única posible, saltaba a la vista, dada la finalidad de la institución que regula y los valores fundamentales por ella concernidos, que impiden considerar el poder de modificación reconocido al empresario como uno de ejercicio cuasi discrecional o no sujeto a límites. Y  así tuvimos la ocasión de decirlo en más de una ocasión algunas voces críticas al parecer más extendido.

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, expedida el pasado 27 de enero en relación con un supuesto de modificación unilateral de las comisiones que abonaba a su personal una empresa comercializadora de prendas de vestir, por cierto no favorable a la pretensión de los demandantes, ha terminado por aclararlo.

No hace falta que me extienda en la presentación de la sentencia, que se adjunta a este comentario. Si acaso, creo que interesa destacar los matices que introduce la doctrina por ella acuñada y el singular aparato argumentativo que la sustenta. Lo haré brevemente.

Como no podía ser de otro modo, el Tribunal Supremo parte de reconocer que detrás de los cambios introducidos en el artículo 41 se encuentra la finalidad de potenciar la libertad de empresa. Algo indudable. No obstante, niega que de ello se deba deducirse la eliminación de la necesidad de valorar judicialmente la razonabilidad de las medidas que pretendan introducirse. Antes bien, entiende que, aunque no compete a los jueces ponderar la mayor o menor bondad de las mismas desde el punto de vista de la gestión empresarial, sí les corresponde emitir un juicio “de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada”, y no sólo “de legalidad en torno a la existencia” de la primera.

Los argumentos utilizados para ello son dos, ambos de novedosa factura. De un lado, la previsión por el precepto de acciones judiciales a las que es preciso reconocer la tutela prevista por el artículo 24.1 de la Constitución. Del otro, la necesidad de excluir que por esta vía pueda llegarse, mediante la autorización de todo tipo de reducciones de los salarios y las demás condiciones laborales, a situaciones de dumping social. Un resultado inadmisible, apostilla el Tribunal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé como objetivo de la misma y de los Estados que la componen “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo”.

Ciertamente, es reconfortante comprobar que, por una vez, los productos provenientes de la Unión Europea no son utilizados para desmontar nuestras instituciones laborales sino para garantizarlas. Algo que los reconcilia con la que siempre fue su función. Y ver además que, también al menos en una ocasión, la desregulación encuentra algún tipo de límite en función de la aplicación conjunta de los preceptos constitucionales y las normas comunitarias. Yo sigo pensando, de todas formas, que las cosas estaban suficientemente claras desde el principio. Confiemos ahora en que la línea jurisprudencial que así lo reconoce se consolide.

La Sentencia del Tribunal Supremo 599/2014, de 27 de enero, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6979460&links=&optimize=20140304&publicinterface=true


El embrollo del salario mínimo: retrato de un crecimiento excluyente

1 marzo 2014
José Sabogal, Amancaes

José Sabogal, Amancaes

A cualquier observador externo, como por ejemplo los amigos que consultan esta bitácora desde España, les parecerá profundamente llamativo que en un país como el Perú, que lleva creciendo sostenidamente nada menos que al 6.5 % como promedio los últimos ocho años, el simple anuncio del Presidente del Consejo de Ministros de que el Gobierno estaba evaluando una posible elevación del salario mínimo vital, suscitase una reacción de tanta virulencia por parte del Ministro de Economía de este país, por cierto refrendada con entusiasmo por la Primera Dama de la Nación, como para terminar forzando la renuncia del primero, así como la sustitución de la hasta entonces Ministra de Trabajo.

Sin embargo, esta perplejidad seguramente empezaría a diluirse si tuviesen en cuenta que este espectacular ciclo expansivo no ha servido para mejorar la participación de los salarios dentro de la renta nacional, que se ha mantenido estancada en torno al 21 %, sino que ha tenido más bien el efecto inverso, ya que han sido los beneficios empresariales los que han incrementado su espacio dentro de la misma, pasando del 58 al 63 %. Y terminaría de hacerlo si advirtiesen, además, que esta suerte de redistribución de la riqueza a la inversa ha sido el resultado de políticas estatales deliberadas, puestas en marcha a lo largo de los años noventa y mantenidas con posterioridad, dirigidas a desmontar la efectividad de las principales herramientas que, dentro de cualquier sistema democrático que aspire a un mínimo de equilibrio desde el punto de vista social, contribuyen a favorecer un reparto más equitativo de la riqueza. Unas políticas que han terminado por dar lugar al modelo de crecimiento excluyente y promotor de la desigualdad, en vez de inclusivo y equilibrador, en el que se mueve este país.

Las decisiones políticas adoptadas, sustitución del Presidente del Consejo de Ministros y congelación  del salario mínimo vital, se explican con facilidad en este contexto y a partir de esta visión en torno a la manera de gestionar el crecimiento y sus beneficios.

Poco importan, por esta razón, la multitud de argumentos esgrimidos a lo largo del debate que se ha producido en las últimas semanas a favor de una elevación de dicho salario. Poco importa, así, que el mismo lleve sin modificarse dos años, que este sea el período previsto para su revisión a propuesta del Consejo Nacional de Trabajo, que a lo largo del mismo la inflación acumulada haya sido del 6 % y la productividad se haya elevado en un 4 %, que estos sean precisamente los dos criterios a partir de los cuales debe llevarse a cabo su revisión de acuerdo con la metodología consensuada por los agentes sociales en el marco del organismo antes citado, que el empleo creció y la informalidad se redujo en las dos ocasiones anteriores en las que este mismo Gobierno incrementó dicho salario, en contra de lo que declara que ocurrirá el Ministro de Economía, que la subida del salario mínimo está en condiciones de impactar positivamente en la demanda y, por esa vía, en el crecimiento y la inversión, o, en fín, que el Perú cuente con uno de los salarios mínimos más bajos de la región.

Poco importa todo esto porque, en el fondo, y ésta es la clave, poco importan las personas, sus condiciones de vida y de trabajo. Incluso cuando, como ocurre ahora, su mejora es posible y está en aptitud de reportar beneficios para todos.

¿Qué futuro espera a un país conducido por quienes piensan de tal modo? Quizá un futuro luminoso, donde el bienestar termine por “chorrear” a todos los sectores de la población. Permítanme que lo dude.

Esta nota no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda de mi estimado amigo Fernando Cuadros, al que su dedicación a la economía no lo ha alejado de las necesidades de la gente sino que lo ha aproximado más a ellas. Como debería ser. A su amabilidad debo el conjunto de artículos de prensa y opiniones que cuelgo a continuación para ilustración de los sufridos lectores de este espacio compartido. Va también un texto de un compañero y amigo de toda la vida, economista también, Pedro Francke, cuyo trabajo académico y actividad política recogen lo mejor de nuestra generación. Y, finalmente, un artículo de alcance general de Fernando Cuadros y Lily Ku Yanasupo, que reivindica el enfoque del salario mínimo desde una perspectiva de desarrollo humano y de capacidades.

Sí puede subir la RM_Gonzalez Izquierdo

RM e institucionalidad débil_Campodónico

Comentario de David Rivera-Lauer

RM_Elmer Cuba

Mitos salariales_RM_Alarco

Aumento de productividad y salarios -_Gestión

RM en Latinoamérica

SMV Francke

Artículo Ingreso Mínimo Cuadros – Ku

APOSTILLA:

Añado al texto el siguiente comentario que otro amigo y compañero de muchos años, Alan Fairlie, cuyo contenido comparto plenamente:

Wilfredo,tu excelente artículo toca un tema central. Pero el correlato institucional que lo hace posible no debe olvidarse. Poderes fácticos que sin intermediarios han tomado control del Estado, y debilidad política de las fuerzas sociales alternativas que han sido mecidas o traicionadas en las últimas décadas. Puede haber una polarización con resultados imprevisibles, si esas demandas acumuladas no se canalizan adecuadamente.


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