El fujimorismo y la precarización del trabajo en el Perú

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Hoy como cinco años atrás se hace necesario que los laboralistas comprometidos con la democracia y el sistema de valores y derechos que esta encarna nos pronunciemos sobre el serio peligro que para ambos supondría el triunfo en las elecciones generales que se celebrarán mañana en el Perú de la opción representada por los continuadores de quienes arrebataron ambos a los trabajadores y los ciudadanos en los años noventa.

Por eso me apresuro en compartir con los amigos de este cuaderno de notas un comunicado que está circulando entre los laboralistas peruanos al que he manifestado mi adhesión.

El fujimorismo y la precarización del trabajo

El trabajo es el más importante medio de generación de ingresos, fuente principal de creación de riqueza, y actividad a la que dedicamos la mayor parte de nuestras vidas. Sin embargo, el trabajo no solamente tiene una dimensión económica, sino que además puede y debe ser un medio para acceder a una vida digna, con el respeto de nuestros derechos, y forma de realización humana.

En la actual coyuntura electoral, es importante recordar que durante la década fujimorista se implementó de manera autoritaria una reforma que precarizó las condiciones de trabajo de millones de peruanos. El fujimorismo, con el falso argumento de generar más puestos de trabajo, amplió las posibilidades de contratar temporalmente, permitió jornadas extensas, y facilitó el despido individual y colectivo. A causa de ello, actualmente, dos de cada tres trabajadores peruanos son contratados
temporalmente, y uno de cada tres trabaja más de 50 horas a la semana, en la mayoría de casos sin el pago correspondiente.

El fujimorismo creó la figura legal del despido arbitrario limitando el derecho a la reposición, y afectando la vida y dignidad de millones de peruanos. La regulación del despido arbitrario afectó y afecta más gravemente a aquellas personas que requieren de protección especial: mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores sin derecho a pensión, entre otros.

El fujimorismo, implementó mecanismos de “formación laboral” que permiten hasta el día de hoy el trabajo juvenil sin derechos laborales ni protección adecuada. Asimismo, limitó abusivamente la actividad de los sindicatos. Se denunciaron a nivel internacional más de 2,600 despidos antisindicales, y la tasa de afiliación sindical cayo de 22% (1990) a alrededor del 5% (2014).

El fujimorismo debilitó el Ministerio de Trabajo en su presupuesto y competencias. La mayoría de servidores estatales, entre ellos los propios inspectores de trabajo, no tenían reconocidos sus derechos laborales. La dictadura fujimorista, en sus últimos años, inclusive intento eliminar el propio Ministerio de Trabajo y convertirlo en una sala laboral del Poder Judicial o hasta que el Ministerio de la Producción asuma sus
competencias.

El fujimorismo, impuso el régimen de AFP, generando grandes ganancias para sus propietarios vinculados al sector financiero (dueños de bancos y compañías de seguros), y perjudicando a miles de adultos mayores y jubilados. Funcionarios fujimoristas de alto nivel como de su ministro de economía (Boloña) se beneficiaron directamente con la creación de las AFP. En la actualidad solamente uno de cada tres adultos mayores accede a una pensión (en un monto insuficiente), y la reciente Ley de
retiro voluntario de fondos es una muestra del fracaso de este sistema.

Una causa importante de que el crecimiento económico no beneficie a la mayoría de los peruanos reside en que la negociación colectiva es muy limitada o inexistente, y la seguridad social no cumple su efecto redistributivo sino que esta construida como un negocio privado. La situación actual de la regulación laboral y la crisis de la seguridad social son herencia de las reformas fujimoristas.

El fujimorismo lleva entre sus filas a personajes que recuerdan y  representan las épocas más oscuras para los trabajadores. Es conocido que su candidato a primer vicepresidente (Chlimper) manifestó públicamente que debería intervenirse de manera violenta en una huelga, y que su candidata presidencial (Keiko Fujimori) se ha reunido con el representante de una red mafiosa acusada de asesinar a dirigentes
sindicales del sector construcción.

Ante ello, y por el grave riesgo que representa para los ciudadanos y trabajadores peruanos, consideramos necesario cerrar el paso al Fujimorismo. Somos conscientes de que la propuesta de PPK se inscribe dentro del liberalismo económico que se implantó en nuestro país en la década de los 90. Sin embargo, también lo somos sobre los gravísimos riesgos que implica un triunfo del Fujimorismo respecto de la concentración de poderes, las graves sospechas de alianzas con la corrupción y el narcotráfico, así como la irreparable afectación para la memoria histórica y dignidad de los peruanos. Por ello, afirmamos un voto en defensa de la democracia, la memoria y la dignidad.

 

TRABAJO Y DERECHO núm. 17 y el impacto laboral de las redes de empresas

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El número 17 de TRABAJO Y DERECHO, correspondiente al mes de mayo de 2016, da cuenta en su columna de Opinión del impacto que sobre el contexto al que han de ser aplicadas las normas e instituciones jurídico-laborales está teniendo la emergencia de nuevas formas de organización empresarial fruto de la desintegración de la tradicional empresa de estructura vertical y su sustitución por fórmulas variadas de cooperación contractual entre organizaciones productivas independientes entre sí desde el punto de vista jurídico.

Este es un fenómeno al que se ha prestado atención sobre todo en lo que a su manifestación más espectacular se refiere, representada por los grupos de empresas, pero que encuentra formas de expresión muy diversas, todas basadas en la creación de una estructura en forma de red para la puesta en ejecución de un proceso productivo hasta no mucho tiempo antes realizado de forma unitaria por un solo sujeto y ahora fragmentado.

La descrita es una realidad no contemplada por las normas laborales, construidas a imagen y semejanza de la empresa fordista, pero que sin embargo está en condiciones de desplegar un impacto cierto sobre cuestiones de tanta relevancia como las vinculadas a la identificación del sujeto empleador, la determinación de la duración y el propio contenido de los contratos de trabajo de quienes colaboran en esta clase de proyectos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o el ejercicio de los derechos colectivos de libre sindicación, negociación colectiva y huelga.

De hecho, aunque de momento de forma muy elemental, vienen construyéndose ya respuestas desde el propio marco del Derecho del Trabajo, al menos en España, con el objetivo de hacer frente a tales efectos, tanto a nivel jurisprudencial como incluso legislativo.

De todo ello da cuenta la referida columna de Opinión, titulada ¿Hacia un Derecho del  Trabajo de las redes empresariales?, que me satisface mucho poner a disposición de los pacientes amigos de esta bitácora, junto a la cubierta y el sumario del número 17 de Trabajo y Derecho, actualmente en circulación.

El tema tiene, en todo caso, un amplio recorrido y será objeto de la atención preferente de quien esto escribe en la próxima etapa, al haber conseguido el Proyecto de Investigación “Impacto laboral de las redes empresariales”, cuya dirección comparto con el profesor Juan Bautista Vivero Serrano, el patrocinio del Ministerio de Economía y Competitividad en la última convocatoria de financiación de proyectos de investigación de excelencia.

La cubierta, el sumario del número 17 de TRABAJO Y DERECHO, así como la columna de Opinión de Wilfredo Sanguineti titulada “¿Hacia un Derecho del Trabajo de las redes empresariales?” pueden ser descargados desde el siguiente enlace:

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Un nuevo acuerdo IndustriALL-Inditex sobre “expertos sindicales”

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Es constante el debate sobre las condiciones laborales en la industria mundial de la confección y el papel de las grandes marcas, entre ellas varias españolas.

Una característica muy llamativa del mismo, al menos para quien esto escribe, es la total falta de contacto entre las acciones de denuncia, que discurren por una senda, y las actuaciones de desde el sindicalismo organizado a escala transnacional se vienen poniendo en marcha, como no podía ser de otro modo en permanente negociación con las casas matrices de lideran las cadenas de producción, para intentar garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales y conseguir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de los países hacia los que se han desplazado los procesos de fabricación.

Es como si estos esfuerzos, antes que insuficientes, cosa que quizá pudiera ocurrir, no existiesen. O se los considerase no dignos siquiera de ser tenidos en cuenta.

El caso es que existen y constituyen además lo único, al margen de la mera denuncia, que se viene haciendo de manera efectiva para afrontar el problema.

Una muestra de ello es, precisamente, el reciente Contrato Marco de Expertos Sindicales, suscrito entre IndustriALL e Inditex para implementar los sistemas de vigilancia de la aplicación del código de conducta de dicha compañía pactados entre ambos en sus acuerdos marco internacionales de 2007 y 2014 y sus protocolos de aplicación.

Comparto con los tenaces amigos de este cuaderno de notas el texto de dicho instrumento, al que accedo a través de mi apreciado amigo Isidor Boix, así como el comunicado a través del cual se informa de su suscripción.

Vale la pena echarles al menos una ojeada.

El “Contrato marco de expertos sindicales” suscrito por IndustriALL e Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

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El comuniado de la Secretaria Internacional de CC.OO. Industria sobre este acuerdo puede ser descargado desde el siguiente enlace:

COMUNICADO – Contrato marco de expertos sindicales – Inditex – 26-4-2016

Una nueva cita en Lima: el IV CEADS sobre “Nuevos mecanismos de presión y solución de conflictos laborales”

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Un año más, el cuarto ya, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Salamanca se dan la mano a través de sus escuelas de Derecho del Trabajo a través de una actividad única, como es el IV Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho Social, cuya edición correspondiente a 2016 se celebrará en la sede de la primera entre los días 9 y 20 de mayo próximos.

No hace falta que recuerde a quienes tienen la amabilidad de seguir este epistolario abierto las características de este curso, en el que nos damos cita y compartimos reflexiones académicos y profesionales de nuestras dos casas de estudios, junto a destacados profesionales e invitados de nuestro medio.

Si acaso destacar el tema de singular interés y actualidad que será objeto de tratamiento este año, que lleva el rótulo de “Nuevos mecanismos de presión y solución de conflictos laborales”. Y también, como novedades, la programación de dos talleres prácticos, uno sobre litigación oral y otro sobre inspecciones laborales, y una mesa redonda con expertos y agentes sociales sobre la candente problemática examinada.

Por supuesto, nos acompañará este año también el profesor Carlos Palomeque al lado de un servidor, además de la profesora de la Universidad de Salamanca María José Nevado Fernández y los profesores Miguel Canessa y David Campana, viejos colegas y amigos integrantes también de nuestra escuela laboralista.

Por supuesto, es para mi una satisfacción poder invitar a los amigos de esta página virtual a participar en esta actividad, tan querida como, estamos convencidos de ello, especialmente útil para todos los que tengan interés en acercarse desde el rigor académico a las más actuales líneas de tendencia de nuestros ordenamientos laborales.

Para más información pueden dirigirse a:

mdtss@pup.pe  /  Teléfono 626 2000 anexo 5674

Link directo para la inscripción:

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp;jsessionid=00006T6gg0Fh3VpJyiVTY_RoqKb:198di2cih?accion=Inscripcion&tp=049&id=1715&a=&l=&cis=&on=&lp=

A CONTINUACIÓN EL PROGRAMA DEL CURSO:

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Derechos fundamentales y poderes empresariales: ¿Quo vadis TC? (II) Escribe Juan Bautista Vivero

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Me sirvo de la primicia de una nota que se publicará próximamente como parte de las reseñas de jurisprudencia del número 17 de Trabajo y Derecho, amablemente cedida por mi querido colega y amigo Juan Bautista Vivero Serrano, para compartir con los tenaces amigos de este cuaderno de notas mi sorpresa y a la vez mi insatisfacción por la deriva que viene adoptando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una materia tan delicada como cercana al corazón de su función garantista, como es la relativa a la protección de los derechos fundamentales de la persona en el ámbito de las relaciones de trabajo.

No es que el criterio mantenido por todas las resoluciones del Tribunal Constitucional deba ser compartido por quien esto escribe. Los jueces constitucionales son ellos y no un servidor. Lo que sí creo debe exigirse a este órgano es, al menos,  transparencia a la hora de cambiar de criterio y rigor jurídico en la fundamentación de su nueva doctrina.

Nada de ello podrán encontrar, lastimosamente, los lectores de este cuaderno de notas en la reciente STC 39/2016, de 3 de marzo, ya que esta se aparta de manera no dudosa del criterio mantenido por la STC 29/2913, de 11 de febrero, en un caso de instalación de cámaras de video vigilancia en un centro de trabajo sin apenas indicarlo. Y lo hace además recurriendo a una banalizacion del deber de información previa al trabajador sobre el empleo de los datos personales a obtener y a una evidente desnaturalización del test de proporcionalidad, que se presenta una vez más, antes que como un método de análisis riguroso, como un fácil expediente para justificar una decisión que parecía haber sido adoptada de antemano.

Pero dejemos hablar al profesor Vivero y a la propia sentencia. Pasen ustedes y lean, como suele decir otro apreciado colega …

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CÁMARAS DE VIDEO: no lesiona el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal la instalación de una cámara de videovigilancia sin el consentimiento expreso de la trabajadora despedida y sin información previa específica e individualizada, bastando con la exposición en el escaparate de la tienda del distintivo genérico dirigido al público “zona videovigilada”. Modificación de la doctrina fijada en la STC 29/2013.

 STC (Pleno) 39/2016, de 3 de marzo. Ponente: Encarnación Roca Trías. Votos particulares.

Déjà vu. Empieza a repetirse la misma historia de pronunciamientos importantes del Tribunal Constitucional en materia laboral, que rompen con la doctrina previa, aunque de forma un tanto solapada, y que presentan votos particulares discrepantes. Es, sin duda, el caso de la presente sentencia.

Aborda el Tribunal Constitucional de nuevo un caso de vigilancia y control de los trabajadores a través de la instalación de una cámara de video no consentida expresamente por los mismos. También en este caso el telón de fondo es la validez o no de la prueba utilizada por el empresario en el correspondiente proceso judicial por despido disciplinario. Y los derechos fundamentales del trabajador en liza, el derecho a la intimidad del artículo 18.1 CE y, sobre todo, el derecho a la protección de datos de carácter personal del artículo 18.4 CE. Un caso con similitudes, aunque con algunas diferencias relevantes, al resuelto por la relativamente reciente STC 29/2013, de 11 de febrero, si bien se adelanta ya que con un criterio bien distinto, lo que provoca la presentación de dos votos particulares discrepantes, uno principal de los magistrados Valdés Dal-Re y Asúa Batarrita, y otro complementario del magistrado Xiol Ríos.

Para el Tribunal Constitucional la clave está, en lo que al derecho fundamental a la autodeterminación informativa se refiere (art. 18.4 CE), en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD). Por lo pronto, y sin que esto sea novedoso, no era necesario que la instalación de la cámara de videovigilancia contara con el consentimiento expreso de la trabajadora despedida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2 LOPD, que incluye entre las excepciones al principio general del consentimiento la existencia de un contrato laboral entre las partes para cuyo mantenimiento o cumplimiento sea relevante la captación y el tratamiento de los datos personales, de la imagen en el caso de autos.

En cambio, el deber de información previa sobre el uso y destino de los datos personales (la imagen en el caso de autos) debe necesariamente cumplirse al integrar el contenido esencial del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. La cuestión es cómo debe ser esa información previa. Mientras la STC 29/2013 había apostado por una información específica e individualizada, dirigida a los trabajadores, la presente sentencia se conforma con una información genérica, dirigida al público en general, la de “zona videovigilada” prevista por la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, «{…} sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control» (F. J. 4). De manera que al haber colocado el empresario (Bershka España, S. A.) perteneciente al grupo Inditex el distintivo genérico “zona videovigilada” en el escaparate de la tienda, no habría lesionado en modo alguno el derecho fundamental de la trabajadora despedida a la protección de sus datos de carácter personal.

No comparte este comentarista la nueva doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, fundamentalmente por la razón apuntada por el voto particular del magistrado Xiol Ríos, a saber, la exigencia de que la información previa a que se refiere el artículo 5 LOPD tenga por destinatarios a los interesados, no siendo ni mucho menos los trabajadores los destinatarios naturales del distintivo genérico “zona videovigilada”, siéndolo más bien los clientes de la tienda. Y al igual que el citado magistrado podría llegar a aceptar limitaciones del derecho fundamental del artículo 18.4 CE para supuestos como el de autos, con sospechas fundadas de apropiación indebida del dinero recaudado por parte de algún trabajador, si bien eso exigiría un camino metodológico distinto y casuístico, el de la superación o no del principio de proporcionalidad como principal límite de los límites de los derechos fundamentales. Camino curiosamente emprendido por la presente sentencia, si bien interrumpido abruptamente para transitar  después por el mucho más peligroso, por genérico, camino de la interpretación de la legalidad ordinaria (art. 5 LOPD), del tipo de información previa a facilitar a los trabajadores afectados por sistemas de videovigilancia.

Para finalizar, menor interés tiene la última parte de la sentencia (F. J. 5), relativa al análisis del caso concreto desde la perspectiva del derecho fundamental de la trabajadora a la intimidad (art. 18.1 CE). Aquí sí aplica el alto tribunal el principio de proporcionalidad a la hora de considerar justificada, idónea, necesaria y proporcionada la medida empresarial de exclusiva videovigilancia del uso de la caja registradora por parte de los trabajadores.

La STC 39/2016, de 3 de marzo, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

STC 39-2016 – VIDEOVIGILANCIA NO INFORMADA DE FORMA ESPECÍFICA NI CONSENTIDA POR EL TRABAJADOR

La formalización del empleo como problema político

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En esta semana repleta de acontecimientos políticos en las dos orillas entre las que  se reparte mi quehacer y corazón iulaboralista, creo que no es mala idea compartir con los amigos de este cuaderno de notas algunas reflexiones sobre la naturaleza del problema de la formalización del empleo que en muchas ocasiones se olvidan en el marco del debate sobre esta trascendental cuestión. Por cierto, tanto en una como en la otra.

Estas versan,  como podrán comprobar si tienen la paciencia de revisar el texto adjunto, que recoge el contenido de mi intervención en el II Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad celebrado en Chihuaua (México) el pasado mes de febrero, sobre su ineludible naturaleza política, tanto en lo que se refiere a sus efectos como a la construcción de estrategias y actuaciones dirigidas a hacerle frente.

Lo primero en la medida en que, cuando es involuntaria, la informalidad laboral supone para quienes la padecen una devaluación de su condición de ciudadanos, ya que los priva de buena parte de los derechos que contribuyen a definirla. Y lo segundo en tanto que el diseño de las políticas públicas de lucha contra el empleo irregular se encuentra decisivamente condicionado por la visión que se tenga del fenómeno regulatorio que a través de este se busca eludir, en consonancia con la singular opción política e ideológica de quienes han de ponerlas en marcha.

Por decirlo en pocas palabras: si los impulsores dichas políticas piensan que la economía informal es en realidad economía de mercado que emerge frente a la tiranía de las reglas, a lo que se apuntarán será, no a acabar con ella, sino con las reglas. El resultado es conocido: un mantenimiento puramente formal debido a imperativos constitucionales o compromisos internacionales de una legislación laboral y de protección social recortada e ineficaz, cuyo cumplimiento además no se exige  con rigor porque no se cree en ella. Poco importará que las evidencias demuestren precisamente lo contrario, también en ambas orillas del Atlántico. E incluso que estas apunten más bien a  existencia de una relación positiva, antes que negativa, entre protección y formalización del empleo.

El camino para avanzar hacia la formalización del empleo no parece, por ello, ser un camino imposible de recorrer. Como apunta la reciente y muy relevante Recomendación núm. 204 de la OIT, este requiere del diseño de estrategias integrales de combate contra el empleo irregular, basadas en la combinación de medidas preventivas, promotoras, de vigilancia y de sanción, económicas, administrativas, tributarias y laborales, todas las cuales deben ser elaboradas a partir de un diagnóstico  de su situación y características en cada país y sector de actividad y estar sometidas a evaluación periódica con el fin de promover su mejora.

Lo que ocurre es que, para avanzar en esta dirección se requiere una clara voluntad política de promover el cumplimiento de las normas laborales y de protección social, alimentada por la convicción de que estas cumplen un rol positivo al servicio de la inclusión social y la estabilización económica. Algo que tantos años de prédica neoliberal parecen haber conseguido poner en cuestión a ojos de muchos agentes políticos. No por fortuna de todos.

El texto de la intervención de Wilfredo Sanguineti “La formalización del empleo como problema político” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

La formalización del empleo como problema politico-WSANGUINETI – 2016

El texto de la Recomendación núm. 204 de la OIT puede ser descargado desde el siguiente enlace:

OIT Recomendación núm 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal

La segunda edición del MÁSTER EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES de la Universidad de Salamanca

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El pasado 1 de marzo se dio inicio a la fase de preinscripción de la segunda edición del Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca, cuya impartición tendrá lugar a partir de la última semana del próximo mes de septiembre.

Esta propuesta formativa está dirigida a ofrecer a los profesionales del Derecho y las Relaciones Laborales un espacio de formación avanzada en el conocimiento del complejo y cambiante marco ordenador de las relaciones de trajo y la protección social, que les permita afrontar con herramientas suficientes los problemas que el desarrollo de sus actividades exige en la actualidad. Su perfil es, en este sentido, más uno de profundización en el conocimiento de los problemas asociados al funcionamiento de la institucional acotada por su objeto, que de iniciación a la práctica.

El diseño curricular del Máster consta de 60 créditos ECTS repartidos a lo largo de dos semestres. Los estudiantes deberán cursar en el primero cinco asignaturas obligatorias de 6 créditos, mientras que en el segundo seguirán dos obligatorias de 6 créditos, dos optativas de 3 (de las cuatro que se les ofrecerán), y deberán realizar un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos.

El próximo curso ofrecemos un máximo de 30 plazas, dirigidas a profesionales que hayan cursado los grados o Licenciaturas en Derecho o Relaciones Laborales y Recursos Humanos, tanto en el marco del sistema universitario español como en otros países europeos o de América Latina. El plazo de preinscripción está abierto hasta el 12 de julio de 2016.

Para mayor información puede consultarse la siguiente dirección electrónica:

http://www.usal.es/webusal/node/48796/presentacion

O escribir a:

mastertrabajo@usal.es

El folleto informativo del Máster puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Máster en Derecho del Trabajo y RRLL USAL folleto informativo – 2016-2017

A continuación se reproduce la parte de la memoria justificativa de este Máster dedicada a la fundamentación de su interés académico, científico y profesional, de forma que los amigos de este cuaderno de notas puedan conocer con mayor precisión el sentido de esta singular apuesta formativa:

EL MÁSTER OFICIAL EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca tiene como propósito la creación de un espacio académico para la formación especializada de alto nivel sobre las distintas variables que integran el marco regulador del mercado de trabajo, las relaciones laborales y la protección social.

En su origen se encuentra la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada a la demanda de los graduados, tanto españoles como de otros Estados de nuestro entorno cultural, de ampliación de sus conocimientos sobre un ámbito de gran interés y marcada complejidad institucional como es el relativo a la ordenación jurídica de las relaciones de trabajo. Pero también el imperativo de satisfacer la necesidad social de formar operadores jurídicos dotados de las habilidades y competencias necesarias para enfocar críticamente los problemas que plantea dicha ordenación, detectando sus debilidades y ofreciendo soluciones que contribuyan a su superación.

El interés de la propuesta formativa que se formula reposa sobre los siguientes argumentos de orden académico, científico y profesional:

a. Interés académico y científico

En la actualidad no existe, ni en el ámbito de la Universidad de Salamanca ni en el de las Universidades españolas un título oficial orientado de manera específica a la enseñanza de nivel avanzado en el área jurídico-laboral.

El Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales persigue colmar de manera eficaz esta laguna, ofreciendo un espacio académico adaptado a las necesidades de especialización, tanto de los graduados en Derecho como en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Por lo demás, el estudio del marco regulador de las relaciones de trabajo y la protección social a través de una propuesta del tenor de la realizada reviste un interés científico evidente.

A dicho interés contribuye la relevancia que las instituciones propias del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social poseen dentro de nuestro actual modelo de sociedad. Y también la complejidad que las caracteriza. A estos elementos es preciso sumar el carácter esencialmente dinámico y cambiante que esta disciplina ha demostrado poseer a lo largo de su historia, como consecuencia de la necesidad de adaptar sus contenidos a las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto social, económico, tecnológico y productivo al que han de ser aplicados.

Esta es una necesidad que, aunque ha existido en todas las etapas, adquiere una particular intensidad en la actualidad, no solamente debido a la crisis económica, cuyas secuelas en materia de incremento de los índices de desempleo y deterioro de las condiciones laborales son conocidas, sino a la emergencia de cambios profundos en otros muchos ámbitos, cuyo impacto sobre el marco institucional de dicha disciplina se viene haciendo notar. Piénsese en fenómenos tan diversos y de tanto relieve como los relacionados con la cada vez más intensa influencia de los derechos, principios y valores consagrados por las normas constitucionales sobre la vida social, el impacto de la revolución tecnológica, así como de la transformación de los paradigmas de desarrollo de las actividades empresariales, sobre la configuración tradicional de las relaciones de trabajo, las mutaciones que están teniendo lugar en las relaciones colectivas de trabajo, y en particular en las actitudes de los sujetos colectivos y la dinámica de los conflictos, como consecuencia de la emergencia de un nuevo contexto económico y productivo, el surgimiento de actores e instrumentos nuevos encaminados a ordenar las relaciones de trabajo a escala transnacional o, en fin, en la consolidación del proceso de globalización económica, que actualmente puede considerarse irreversible.

Lo anterior supone que el estudio especializado del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social no puede estar basado en la mera exposición lineal de los principales contenidos de las normas vigentes, mutables por su propia naturaleza, sino que ha de incorporar el análisis en profundidad del impacto que sobre el mismo están teniendo las transformaciones en curso. Así como la reflexión sobre los desafíos de futuro que las mismas plantean a los modernos ordenamientos laborales. Unas tareas para las cuales resulta indispensable, por cierto, abandonar la concepción cerrada e insular del Derecho postulada por las corrientes jurídicas tradicionales, sustituyéndola por una contemplación del mismo en estrecha relación con el sistema social en su conjunto y los distintos aspectos sociales, económicos, políticos e ideológicos que lo integran.

Esta justificación científica explica la estructura del programa formativo del Máster objeto de la presente propuesta, que abandona la pretensión presentar de forma secuencial los distintos componentes de dicha disciplina, para centrarse en el examen crítico de sus principales líneas de transformación. La visión que de tal modo se pretende ofrecer del ordenamiento laboral y de la Seguridad Social es una de carácter esencialmente dinámico, apta por su propia orientación para promover una aproximación al mismo crítica y abierta al cambio. Capaz, por tanto, de adaptarse a una realidad en constante transformación como es la laboral. Y de construir, en función de ello, propuestas para su mejora y reelaboración.

b. Interés profesional

Hoy en día el desarrollo de tareas y funciones jurídicas en el ámbito de las relaciones de trabajo y la protección social se presenta como un auténtico desafío para todos aquellos que pretenden aproximarse a ellas. El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social constituye una disciplina jurídica autónoma, cuyos contenidos se encuentran sujetos a un proceso de constante cambio y revisión. Su correcto manejo requiere, por ello, de unos conocimientos profundos y especializados que no pueden improvisarse, ya que precisan del desarrollo de habilidades vinculadas no sólo con la aplicación de las normas vigentes, sino con su valoración y examen crítico a la luz de los permanentes cambios económicos y sociales.

El Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales busca proporcionar a las competencias necesarias para hacer frente a los complejos requerimientos que el desarrollo de dichas tareas precisa dentro de la sociedad actual. Su propósito es, así pues, ofrecer a los mismos herramientas que les permitan formarse como operadores jurídicos cualificados, dotados de las habilidades que les permitan resolver los problemas que el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social plantea en la actualidad, tanto en su dimensión aplicativa como analítica y crítica.

Los perfiles profesionales a los que pueden ser aplicados los conocimientos adquiridos a través de este Máster son, en función de ello, amplios y variados. Entre ellos se cuenta, naturalmente, el desarrollo de actividades docentes e investigadoras de alto nivel en Universidades, tanto públicas como privadas. Pero también el asesoramiento y la defensa jurídica de empresas, trabajadores, organizaciones sindicales y empresariales, así como la gestión de asuntos laborales, la mediación e intervención en el mercado de trabajo y el desarrollo de políticas laborales y de protección social.

Sobre el FASHION VICTIM de SALVADOS: una nota de ISIDOR BOIX

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Acabo de recibir una nota de mi amigo Isidor Boix sobre el programa SALVADOS de Jordi Évole titulado “FASHION VICTIM”, fue emitido por La Sexta el pasado domingo 21 de febrero, que no me resisto a compartir de manera inmediata con lo tenaces colegas que siguen los avatares de este cuaderno de notas.

Como es de sobra conocido, el programa estuvo dedicado a denunciar las lamentables condiciones laborales de la industria de la confección en Camboya, utilizándolo como muestra de lo que viene ocurriendo en el sector como consecuencia de la generalización de los procesos de deslocalización en países con costes laborales muy reducidos por parte de las grandes marcas.

El programa tuvo importantes aciertos en lo que se refiere sobre todo a la sensibilización de la opinión pública en torno al problema. Pero también incurrió en notables omisiones, algunas de ellas quizá no involuntarias.

De todo ello trata la nota de Isidor que reproduzco a continuación:

LA INDUSTRIA DE LA MODA Y EL RIGOR DEL PERIODISMO

Aunque pretendemos abordar un problema de mayor dimensión, como es el del rigor
exigible al periodismo de denuncia, estas notas han sido suscitadas por el reciente programa de “La Sexta”, de Jordi Évole, “Salvados”, sobre la industria de la moda, emitido el 21 de febrero. “Las víctimas de la moda” fue su sugestivo título, la afirmación de que la moda no sólo impacta sobre personas que la disfrutan, sino también sobre otras, y muchas, que la sufren en sus condiciones de trabajo y posiblemente más en sus condiciones de vida.

Para empezar, una consideración: el reportaje plantea un importante problema, las
“indecentes” condiciones de trabajo y, más aún, de vida, en Camboya, como expresión de lo que sucede en una parte muy importante del planeta y que se manifiesta de forma notable en la industria de la confección, pero que también puede aplicarse a muchos otros sectores, como el mundo de la electrónica o de la telefonía, etc., de la producción de bienes de consumo.

Se trata de una cuestión que a los que suscribimos este artículo nos afecta de forma directa porque desde la Federación Sindical Internacional “IndustriALL Global Union” asumimos la responsabilidad de coordinar la aplicación del Acuerdo Marco Global que esta organización ha suscrito con Inditex, multinacional de matriz gallega, la primera distribuidora mundial de ropa. Es una actividad de la que extraemos a diario la certeza de que es posible, además de necesario, avanzar en la conquista de condiciones de trabajo dignas. El problema se sitúa en nuestra opinión en cómo se pasa de la necesaria denuncia, de la exigencia de un trabajo “decente”, a la búsqueda de cómo avanzar, de cómo luchar para tal objetivo.

Y para ello no es suficiente, y a veces puede ser poco útil, una genérica denuncia de los
males del mundo. Necesario sería en primer lugar intentar conocer la realidad, muchas veces mucho más heterogénea que el tópico, y conocer a los protagonistas de las luchas concretas que se están librando y los resultados que se están obteniendo. Y esto es lo que faltó en el programa de “Salvados”, lo que falta más aún en otros, y lo que permite afirmar que estamos ante ejemplos de periodismo de escaso rigor.

Faltó una referencia a lo que se está ya haciendo desde la que es la vía principal para hacer frente a esta realidad, es decir la acción sindical, la internacional impulsada por IndustriALL Global Union, y la desarrollada en cada país por los sindicatos locales. Referencia también a los planteamientos empresariales en torno a la política de Responsabilidad Social, que va desde el puro marketing en unas a un positivo planteamiento en otras, particularmente cuando se alcanzan Acuerdos Marco eficaces con el sindicalismo global y que están teniendo una positiva traducción en éste y otros países. Todo ello ha tenido en Camboya, como en otros países, expresiones y experiencias concretas e interesantes en los últimos años, y en muchas de ellas hemos sido activos participantes. A los autores del programa les ofrecimos documentación y posibles vías de investigación al respecto, pero visto el resultado es evidente que de poco sirvió.

Está bien que se entreviste a trabajadoras despedidas o en duros trabajos. Que se les
pregunte sobre su salario para comprobar que su cifra no coincide con la señalada por el empresario, pero hubiera sido mejor verificar sus hojas de salarios y su correspondencia con la realidad. Los salarios en la industria textil constituyen naturalmente un tema importante para las y los trabajadores del sector, pero también para el país, ya que esta industria supone  el 80% de sus exportaciones, y el umbral de pobreza del país se ha reducido desde el 52% en el año 2004 hasta 18% en el año 2014, gracias principalmente a este sector.

Hubiera resultado de interés desarrollar la afirmación de una trabajadora que, después de denunciar sus malas condiciones de vida, lanza una clara petición: que compremos más productos fabricados en Camboya. Faltó enlazar la petición y la denuncia con sus
movilizaciones por mejores condiciones de vida y de trabajo, por el impulso efectivo que ello representa hacia el necesario reequilibrio mundial. O su relación, también, con un posible modelo de consumo alternativo.

Su incursión en el tema salarial se hace además en el programa sin abordar precisamente la propia historia de sus incrementos como resultado de luchas muy duras a lo largo de los últimos años, pasando su salario mínimo mensual de 61 USD en 2013 a 140 USD en 2016, expresión de unos avances ciertamente insuficientes, pero importantes, que se están produciendo en casi todos los países del sudeste asiático. No se presentaron experiencias concretas de duras batallas sindicales contra los cierres de fábricas o el despido de sindicalistas, unas ganadas y otras perdidas, pero con una positiva incidencia en todas ellas de las multinacionales que tienen una efectiva política de Responsabilidad Social. Tampoco se abordó lo que constituye, precisamente en Camboya, una importante experiencia en estos momentos: el proyecto ACT por el que los sindicatos locales, coordinados por IndustriALL Global Union, han abierto la negociación de un salario “vital” con los empresarios del país, presionados a su vez por sus clientes, algunas de las grandes marcas del vestido.

Pero para poder abordar todo ello hubiera sido necesario entrevistar a los sindicatos del país, al menos al principal, afiliado a nuestra Federación Internacional, lo que no se realizó a pesar de habérseles facilitado el contacto por nuestra parte. Y los coordinadores de IndustriALL para el AMG con Inditex, que estuvimos en Camboya en 2013 y en diciembre 2015, algo hubiéramos podido también aportar.

Faltó también, aunque hubieran sido unos pocos minutos, preguntarles a la asociación
empresarial del textil camboyano que organiza a los dueños de las fábricas (camboyanos unos, pero también chinos y coreanos muchos), y al gobierno del país, muy directos responsables de muchas de las malas condiciones detectadas y denunciadas.

Tampoco es muy riguroso escandalizarse por la cifra de los supuestos 1.500 pantalones al día que la trabajadora dijo “hacer” cada día, como si la trabajadora realizara toda la prenda, cuando debería examinarse en todo caso qué operación del pantalón realizaba y su duración, para poder sacar conclusiones adecuadas.

El programa hizo referencia a las “mejores fábricas”, lo que era más bien una confusión con el programa “Better Factories” de la OIT, que acredita a las fábricas que constan como que han hecho su inscripción en el mismo, y para lo que sin embargo no se precisa una auditoría previa y muchas de las acreditadas no han sido todavía auditadas. Tampoco se entrevistó a la delegación de la OIT en el país y a los responsables de este Programa “Better Factories”, que, a pesar de lo indicado, supone un planteamiento de evidente interés. Lo cierto es que las grandes marcas españolas siguen auditando a las fábricas de su cadena de producción aunque estén en tal programa porque éste no tiene aún la suficiente credibilidad.

En definitiva una ocasión pérdida para informar de algo más que unas pinceladas,
incompletas, sobre la evidente e “indecente” miseria de las condiciones de vida en una parte muy importante del mundo, y con el evidente riesgo de insinuar conclusiones equivocadas partiendo de datos parciales. Porque si lo que se pretende es contribuir a cambiar esta realidad, hay que ir más allá, empezando por la necesidad de reportajes más rigurosos sobre tal realidad en su globalidad, para que reaccionen los consumidores, los trabajadores, los sindicatos, …, toda la sociedad, para que las marcas internacionales tomen nota, para que todos nos impliquemos más.

24 de febrero de 2016
Isidor Boix
Víctor Garrido
Miembros de la Secretaría de Internacional de CCOO-Industria
Coordinadores de IndustriALL Global Union para el Acuerdo Marco Global con INDITEX

TRABAJO Y DERECHO núm. 14 y el derecho de huelga frente al cambio tecnológico y productivo

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El último número de TRABAJO Y DERECHO, correspondiente al mes de febrero de 2016, da cuenta a través de su columna de Opinión de un fenómeno sin duda llamativo, al menos para quienes consideran que las acciones de conflicto, y en particular las huelgas, constituyen una antigualla destinada a desaparecer por disfuncional de nuestras relaciones laborales.

Este fenómeno está representado por la emergencia en los últimos años de una cada vez más intensa litigiosidad, no vinculada propiamente con los límites que a su desarrollo puedan imponerse en salvaguardia de los intereses de los usuarios de los servicios esenciales de la comunidad, como ocurría en el pasado, sino con la adopción por parte de los empresarios de un conjunto bastante amplio de medidas dirigidas a reducir o neutralizar las consecuencias perjudiciales de sobre sus actividades pueden tener las paralizaciones de labores.

¿Cómo es posible que, en un momento de declive de la conflictividad laboral y de reducción de los espacios de ejercicio colectivo del derecho de huelga como es el actual, los conflictos sobre su desarrollo se multipliquen en vez de reducirse? ¿Cuál es la razón por la que los empresarios, aún en un contexto económico y productivo tan favorable para sus intereses como es el actual, optan con tanta frecuencia por recurrir a prácticas desconocidas o muy poco utilizadas por el pasado, todas ellas dirigidas a impedir que las huelgas afecten, siquiera de forma limitada y temporal, sus programas de producción? ¿Qué respuesta han merecido estos comportamientos, que para nada afectan el comportamiento huelguístico o la libertad de los trabajadores de recurrir a él, pero que son capaces igualmente de vaciar de contenido el ejercicio de este derecho?

Este desconcertante fenómeno es expresión de una profunda mutación en las coordenadas tradicionales de expresión de los conflictos de trabajo, en cuya base se sitúan cambios económicos, tecnológicos y productivos, a los que los agentes, y en particular los empresarios, intentan adaptar sus estrategias de actuación.

Los desafíos que esta mutación en la morfología del conflicto plantea al ordenamiento juridico-laboral español son también de gran intensidad. Al fin y al cabo, uno de los pilares básicos del actual modelo de relaciones laborales instaurado por la Constitución de 1978 está representado precisamente por la garantía del derecho fundamental a la huelga de los trabajadores.

Quizá precisamente por ello, la respuesta de los tribunales en esta ocasión ha sido una coherente con los valores y principios constitucionales. Esta ha venido dada por la construcción, inicialmente por el Tribunal Constitucional y más recientemente también por los tribunales ordinarios, de un espacio que podríamos denominar, como hemos hecho en alguna ocasión en esta bitácora, de tutela sustancial del derecho de huelga, a través del cual no se trata solo de garantizar la inmunidad de los trabajadores frente al poder disciplinario del empresario, sino de salvaguardar la efectividad de la medida de presión de cualquier intento de desvirtuar sus efectos, de forma que esta se sitúe en condiciones de cumplir su función constitucional como  instrumento de presión en respaldo de sus reivindicaciones y del equilibrio en las relaciones de trabajo.

Del proceso de construcción de dicho espacio, de sus contornos, así como de su más reciente proyección a las estructuras empresariales complejas, en consonancia con las transformaciones organizativas en curso, da cuenta el texto de la referida Opinión, que me complace poner a disposición de los siempre atentos amigos de este cuaderno de notas. Esta viene precedida, como es habitual, de la cubierta y el sumario del número correspondiente.

Pasen y lean pues, como acostumbra decir un querido colega de nuestro ciberespacio laboralista …

La columna de Opinión “El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnológico y productivo” de Wilfredo Sanguineti puede ser descargada desde el siguiente enlace:

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Un año de TRABAJO Y DERECHO

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El pasado mes de enero cumplió TRABAJO Y DERECHO. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales su primer año de vida. Son muchos los motivos por los cuales quienes trabajamos en este proyecto editorial nos sentimos satisfechos al celebrar este, su primer aniversario.

Entre ellos, debo confesar a los siempre pacientes amigos de este cuaderno de apuntes, antes que nada el propio hecho de haber conseguido que una empresa de tan compleja factura, como es la de poner en marcha y dar continuidad a una publicación de alto nivel dirigida al mundo académico y profesional de nuestra disciplina, capaz de recoger a lo largo de sus once números ordinarios y dos monográficos lo más relevante, no solo de la actualidad jurídica vinculada al complejo mundo de la ordenación jurídica de las relaciones de trabajo, sino también dar lugar a un espacio privilegiado para la reflexión y la crítica sobre la situación actual y las perspectivas del mismo, haya podido convertirse en realidad.

Pero no solamente. Nos propusimos, como apunta nuestro Director el profesor Carlos Palomeque en la Opinión conmemorativa y de balance que abre el número 13, hacer de TRABAJO Y DERECHO “una revista de calidad, moderna y crítica”, construida a partir del indeclinable compromiso de quienes trabajamos en ella “con el rigor, la seriedad, la crítica y los valores de progreso y solidaridad”. Y, a un año de nuestro arranque, podemos presentar un resultado que entendemos está en condiciones de someterse al juicio crítico de nuestros lectores y la comunidad académica y profesional de nuestra disciplina en general.

Esto no es, de todos modos, sino el principio. En esta tarea seguiremos, atentos a las opiniones y los intereses de nuestros lectores. Y fieles a nuestro compromiso y a los valores que lo sustentan.

A continuación, tengo la satisfacción de compartir con los amigos de esta bitácora la Opinión conmemorativa de nuestro primer año, escrita por nuestro director, así como un índice completo de todos los textos publicados este primer año, además de útil especialmente ilustrativo de la magnitud del esfuerzo realizado, no solo por el Consejo de Redacción, sino de todos aquellos colegas y compañeros que a lo largo de este primer año nos han honrado colaborando en sus páginas.

La Opinión “Un año de TRABAJO Y DERECHO” de Carlos Palomeque puede ser descargada desde el siguiente enlace:

TyD_13_opinion de Carlos Palomeque_sumario

El Indice de Secciones correspondiente a 2015 de TRABAJO Y DERECHO puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Indice seccionesTyD_2015