El (esperado) retorno del derecho de huelga al sistema de control de la OIT

Richard V. Correl, Vineyard march, 1970

Richard V. Correl, Vineyard march, 1970

¿Quién iba a pensar que en un momento como el actual, en el que las huelgas, ya de por sí limitadas en su efectividad por las legislaciones estatales, vienen disminuyendo su frecuencia y duración en la mayor parte de países, el derecho que las respalda pudiera encontrarse en el centro de una dura controversia internacional?

Esto es, sin embargo, lo que desde 2012 venía ocurriendo en el seno de la OIT debido a la decisión del grupo empleador de oponerse a que los órganos de control de esta, y en particular la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, entren a conocer denuncias por violación de la libertad sindical originadas en la vulneración del derecho de huelga. Una postura que entraba en franca contradicción con el criterio sustentado durante décadas por dichos órganos, integrados también por representantes de los empleadores dada su estructura tripartita, sobre la base de entender comprendida dentro del Convenio 87 la tutela del derecho de huelga, al representar esta un o de los medios primordiales de acción de las organizaciones sindicales. Pero que el Grupo Empleador intentaba replantear ahora alegando la inexistencia de una norma internacional que consagre o recoja ese derecho.

Ya hubo ocasión de poner de manifiesto en este cuaderno de notas, a través de una entrada fechada el 7 de junio pasado, las probables razones de tal oposición, que en su radicalidad terminaba por poner en cuestión nada menos que el entero sistema de control de la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, basado en la existencia de órganos tripartitos construidos en torno al consenso internacional sobre la necesidad de garantizar unos estándares laborales básicos en todos los países. Unas razones que podían ser cifradas sin demasiada dificultad en el interés de restar a la libertad sindical el potencial reivindicativo que le es inherente, convirtiéndola en un mero derecho de asociación, en un momento en el que esta viene asumiendo cada vez con mayor claridad el papel de referente esencial dentro los acuerdos internacionales sobre comercio e inversión y estándar laboral básico para apreciar el funcionamiento socialmente responsable de las empresas multinacionales.

Esta situación de bloqueo parece haber experimentado un giro en las semanas pasadas del que posiblemente tengan noticia ya los tenaces amigos de este espacio compartido. En su base se encuentra la organización el pasado 18 de febrero por parte de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de una jornada internacional en defensa del derecho de huelga, dirigida a llamar la atención sobre el problema, en el marco de la cual se llevaron a cabo, según datos de esa organización, más de cien acciones en cerca de sesenta países. Y la celebración pocos días después de una reunión tripartita especial convocada por la OIT para intentar solventar el bloqueo, en el marco de la cual los grupos empleador y trabajador alcanzaron un acuerdo que permitirá reanudar el funcionamiento de los instrumentos de control, en tanto que el grupo gubernamental emitió una declaración respaldando la jurisprudencia previa que venía considerando la tutela del derecho de huelga como un elemento sin el cual la garantía de la libertad sindical no puede realizarse de modo pleno.

Aunque los términos de este acuerdo, así como la forma como será implementado, se desconocen de momento, su sola celebración constituye ya una noticia sumamente positiva, que nos muestra cómo los tiempos que corren no son solamente los del auge del liberalismo económico y la pretendida negación de los derechos sociales, sino también de la solidaridad y la defensa colectiva de esos derechos a nivel global. Y cómo esta se encuentra en condiciones de ofrecer resultados incluso en condiciones tan adversas como las actuales si se actúa con claridad de objetivos y firmeza en su puesta en práctica en el ámbito en el que esos conflictos se producen.

A continuación se pone a disposición de los amigos de esta bitácora la carta circular a través de la cual Sarah Burrow, Secretaria General de la CSI, informa a las organizaciones afiliadas a esta de los resultados de la reunión tripartida celebrada en Ginebra el pasado mes de febrero.

La carta circular de la Secretaria General de la CSI puede ser descargada desde el siguiente enlace:

CARTA CSI – EL DIÁLOGO SOCIAL FUNCIONA

ADENDA:

Luego de publicada esta entrada, he recibido de mi apreciado colega Horacio Meguira el siguiente comentario:

No es verdad que el derecho de huelga haya sido reconocido como tal por el grupo de empleadores. Solo se firmó una tregua. Si me dicen a que dirección mando la copia de lo que esta aprobando el Consejo de Administración.

Por supuesto, le he solicitado que me remita la información correspondiente, que se colgará aquí inmediatamente. Y servirá para completar la información incluida en este cuaderno de notas sobre tan importante asunto.

Como habrán podido apreciar los lectores de esta bitácora, la entrada en cuestión no hace más que reproducir los términos de la carta de la Secretaria General de la CSI, en la que se habla de un acuerdo con el grupo empleador que permitirá reanudar el funcionamiento de los instrumentos de control. Por cierto, según dicha carta, quien sí reconoció expresamente el derecho de huelga fue en grupo gubermanental.

ADENDA II:

A continuación, la respuesta de Horacio Meguira, quien ha tenido la amabilidad de remitirme el documento que recoge las conclusiones de la reunión tripartita:

Estimado Wilfredo: Te acompaño las conclusiones de la reunión tripartita. Simplemente se trata de una tregua. En las manifestaciones conjuntas no se pudo ni nombrar la huelga, tuvo que ponerse ” acciones colectivas”. Son interesantes las conclusiones de los gobiernos, se aproximan un poco mas a lo construido durante años en la Comisión de Expertos. Un abrazo. Horacio.

El documento de conclusiones de la Reunión Tripartita sobre el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) en relación con el derecho de huelga y las modalidades y prácticas de la acción de huelga a nivel nacional puede ser descargado desde el siguiente enlace:

conclusiones de la reunion tripartita de febrero Derecho de Huelga pdf

TRABAJO Y DERECHO. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales

TyD numero 1 cubierta

El inicio del año 2015 ha sorprendido al autor de este cuaderno de notas sumergido en un nuevo y muy ilusionante empeño. Quizá el que más para alguien cuyo quehacer se reparte entre la reflexión, el debate y la enseñanza de una disciplina de particular actualidad e impacto sobre la realidad social como es el Derecho del Trabajo. Se trata, claro está, como posiblemente sepa buena parte de sus tenaces amigos, de su participación, bajo la condición de Subdirector, en el Consejo de Redacción de TRABAJO Y DERECHO, nueva revista dedicada al ámbito de ordenación jurídica de las relaciones laborales, que bajo la muy prestigiosa dirección de Carlos Palomeque, querido maestro, ha hecho su aparición en el panorama de las publicaciones especializadas en la materia el pasado mes de enero, de la mano del sello editorial Wolters Kluwer España.

No he encontrado mejor manera de presentar en este espacio compartido nuestra revis-ta que las palabras que a tal menester dedicaría su Director con ocasión de la aparición de su primer número. Van a continuación en su versión integra, a la que se añaden, como adjuntos, la muy bella cubierta que la adorna, obra del pintor salmantino Miguel Elías Sánchez, la composición de su Consejo de Redacción, su Comité de Evaluación Externa y su Consejo Científico Asesor y el sumario de su número 1.

Este blog irá dando cuenta, por supuesto, de las sucesivas entregas de TRABAJO Y DERECHO, siempre atentas, a través de las nada menos que siete secciones fijas que la integran –Opinión, Estudios, Jurisprudencia, Unión Europea y agenda internacional, Legislación, Libros y Práctica Jurídica y despachos profesionales–, a las constantes transforma-ciones y avatares de la realidad jurídica laboral, tanto española como de la Unión Europea e internacional, y a su análisis con rigor académico, sentido crítico, criterio práctico y compromiso con los valores de progreso y solidaridad. Quizá sea este un objetivo particularmente ambicioso, pero es así como concebimos nuestro cometido. O, por reproducir aquí unas palabras que leerán a continuación de la mano de su Director: “tan solo con estos ingredientes habremos de cocinar el plato que nos gusta”.

Trabajo y Derecho

Cuando vienen tiempos de confusión, nadie puede parar su curso, nadie puede evitarlos, algunos consiguen servirse de ellos.
Amin Maalouf, Samarcanda, 1988

Con este título, cuya buscada concisión sintáctica no permite al lector atajo alguno para apoderarse al instante y con facilidad del propósito general que nos guía, iniciamos la publicación de una nueva revista mensual en el ámbito de las relaciones de trabajo y de su ordenación jurídica que reclama desde luego un espacio propio —como si de un lugar al sol se tratase— dentro del rico y plural panorama vigente de este tipo de repertorios especializados en nuestro país. Trabajo y Derecho comparece así ante el gran público como una publicación periódica nueva —como su subtítulo se encarga de precisar, Nueva revista de actualidad y relaciones laborales—, provista por lo tanto de fisonomía y nervio propios y singulares, aunque naturalmente no pueda ocultar su condición sucesora —dentro del quehacer de la editorial Wolters Kluwer España— de las precedentes Actualidad Laboral y Relaciones Laborales, longevas y fecundas a partes iguales, que han concitado durante su prolongada existencia hasta el presente a lo mejor del laboralismo español de dos generaciones y de cuyos Consejos Asesores me cupo el privilegio de formar parte desde el principio.

Por consiguiente, treinta años después —el tiempo que ha transcurrido entre 1984, en cuyos meses de noviembre y diciembre ambas iniciaron su andadura respectiva, y el final de 2014 en que la han concluido al unísono—, larga memoria y reconocimiento pleno para aquellas, para sus fundadores y su labor colosal —los profesores Efrén Borrajo Dacruz y Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, en cada uno de los casos—, para quienes —en solitario o junto a ellos— las han dirigido con sabia mano durante tanto tiempo y, al fin y al cabo, para la legión de autores y colaboradores que han alimentado sus páginas con los felices resultados que están a la vista de todos. «Larga memoria para Actualidad Laboral; larga vida para Trabajo y Derecho» pedía Efrén Borrajo con emoción no exenta de nostalgia en su última “carta de la dirección”, correspondiente al número final de aquella. Ojalá se haga realidad el segundo de los anhelos del maestro —nuestra gratitud infinita por ello—, porque el primero lo tiene plenamente asegurado junto al orgullo legítimo de la obra bien hecha.

A la utilización de la fórmula binaria trabajo y derecho para el título de nuestra revista no es ajeno, por lo demás, el empeño de rendir homenaje simbólico a una afortunada expresión que dispone de hondas raíces dentro de la cultura laboralista europea. El gran Sir Otto Kahn-Freund, del que habría de decirse que «revolucionó el estudio, la enseñanza e incluso la esencia del Derecho del Trabajo en las Islas Británicas» (Lord Wedderburn of Charlton), titulaba de esta manera en 1972 su influyente libro general (Labour and the Law, London, Stevens & Sons), que iba a contar con varias ediciones en lo sucesivo y merecía además el interés de nuestro —entonces— Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta el punto de publicar una traducción española de la tercera inglesa de 1983, a cargo del profesor Jesús Galiana Moreno (Trabajo y Derecho, MTSS, 1987). Y qué decir de la prestigiosa revista alemana Arbeit und Recht (Zeitschrift für Arbeitsrechtspraxis, Bund-Verlag GmbH, Köln), que aparece cada mes desde su fundación en 1953 y que no ha dejado de ser durante tan prolongada vigencia el espejo en que la mejor doctrina europea se mira. O, también, de la italiana Lavoro e diritto (Società Editrice il Mulino, Bologna), un paradigma contrastado de ejercicio de pensamiento crítico en la materia, de periodicidad trimestral, que fundó en 1987 y dirige desde entonces el profesor Umberto Romagnoli —incorporado ahora por fortuna al Comité Científico Asesor de nuestra Trabajo y Derecho—. Y así, en fin, aunque solo fuera por tan selecta compañía en el modo de darnos a conocer, me gusta pensar que seguramente nos hemos situado en la buena dirección.

Nuestra revista Trabajo y Derecho acogerá en su seno, ciertamente, cuantos asuntos interesan en general a la regulación jurídica del trabajo, de las relaciones laborales individuales y de las colectivas o sindicales, pero también al sistema de protección social en su conjunto. Sin dejar de mirar al propio tiempo, si conviniera al propósito, a otras disciplinas próximas, como la economía o la sociología, cuando compartan con los juristas el trabajo productivo como objeto de consideración, aunque desde puntos de vista y métodos de conocimiento diferentes. Y lo hará, a buen seguro, desde una perspectiva científica o académica y también profesional, pues no parece que una publicación comprometida con la realidad como la que aspiramos a lograr pueda prescindir de ninguno de estos enfoques y, todo lo más, habrá que acertar en cada caso con la dosis o combinación adecuada de ambos planos en el conjunto de la publicación y de cada uno de sus números.

Nos proponemos hacer de Trabajo y Derecho —tómese esto desde luego como una declaración de intenciones que procuraremos llevar hasta sus últimas consecuencias en lo sucesivo— una revista de calidad, moderna y crítica. A la consecución de la calidad y del valor contrastado de las aportaciones que hayan de incorporarse a sus páginas irán dirigidos, por descontado, los encargos que se hagan desde la dirección de la revista, así como el dispositivo establecido para la evaluación objetiva de los estudios y demás colaboraciones objeto de la misma. Moderna y crítica a la vez, la revista abrirá su campo de observación a la realidad jurídica laboral en España y en la Unión Europea —junto a otros escenarios internacionales posibles—, que será ofrecida y analizada desde la legislación, la jurisprudencia, la construcción y el debate doctrinal, la práctica sindical y la actividad profesional. A través de una programación abierta y flexible, que se separe por igual de la abstracción y del formalismo. Sin que por ello hayamos de prescindir, naturalmente, antes al contrario, del compromiso con el rigor, la seriedad, la crítica y los valores de progreso y solidaridad.

La propia cubierta de Trabajo y Derecho, cuidada ex profeso con las valiosas imágenes del pintor Miguel Elías Sánchez, ilustra a las claras —creo que no se podría decir mejor—, ya desde el umbral de la publicación, nuestro compromiso con la cali-dad del proyecto, también la estética. La revista alternará en la cubierta de sus números sucesivos las dos composiciones que Miguel Elías ha preparado para nosotros, de estilos y propuestas harto diversos, es cierto, pero con arreglo ambas a una idea programática común que envuelve el conjunto. La primera —ya a la vista en el presente número—, una caligrafía para el trabajo, se propone dar cuenta, a través de la mediación abstracta y metafórica del artista, de la furiosa complejidad que la actividad laboral y el empleo muestran en la sociedad contemporánea, entre tintas negras y rojas y el paro forzoso junto al ordenador. En tanto que la segunda dirige su mirada figurativa y realista —lo habrán de comprobar ustedes en el siguiente número, si nos otorgan su fidelidad— a los trabajadores del “cuarto estado”, cuyo punto de vista, lejos de mantenerse anclado en la estética “novecentista” a la que formalmente pertenece, hunde con vigor su pretensión analítica real —este es, me parece, el alcance artístico y pedagógico de la misma— en los problemas eternos del trabajo asalariado y del sistema de producción.

Trabajo y Derecho, que contará con once números anuales en papel —además de dos extraordinarios monográficos on line— y podrá ser seguida también a través de Smarteca, la biblioteca digital en la nube de Wolters Kluwer, dispondrá en cada uno de aquellos de siete secciones fijas —Opinión, Estudios, Jurisprudencia, Unión Europea y agenda internacional, Legislación, Libros y Práctica jurídica y despachos profesionales, referidas ahora por el orden de su aparición formal en la revista—, la mayor parte de ellas a cargo de un responsable permanente de su alimentación y contenidos, cuya atribución figura naturalmente en los créditos de la publicación. Todas las secciones, tan solo separadas por criterios racionales de división del trabajo, no dejan de ser al fin y al cabo otra cosa que los diferentes capítulos del mismo libro, unitario y conjunto, en que se sustancia el propósito común de la revista. Sin perjuicio, claro es, de la labor de coordinación y responsabilidad general de la publicación que asume quien esto escribe, director, junto a los profesores Margarita Isabel Ramos Quintana y Wilfredo Sanguineti Raymond, subdirectores, y Juan Bautista Vivero Serrano, secretario, con la intervención necesaria del personal técnico de la Editorial comprometido en este singular proceso de producción.

Habrá de ser pues el equipo directivo de Trabajo y Derecho, así como quienes invitemos a ello en ocasiones, los encargados de nutrir su sección de Opinión —que yo mismo estreno ahora con este contenido “obligado”—, concebida en general como observatorio o escaparate de la realidad jurídica laboral y su entorno institucional para su presentación y análisis en unas pocas páginas, que acaso pudieran anticipar, si el asunto así lo requiere, su consideración detallada posterior en otro lugar de la revista, y no tanto como receptáculo sistemático de aportaciones doctrinales que tienen reservado su espacio propio dentro de la publicación. Este acomodo no será otro, seguramente, que la sección de Estudios, donde se dará cabida a las contribuciones teóricas o doctrinales de interés que hayan superado los procesos de evaluación que, según proceda, lleve a cabo el Consejo de Redacción de la revista y el Comité de Evaluación Externa, conforme a los procedimientos que se hayan hecho públicos.

Así pues, el Consejo de Redacción de Trabajo y Derecho, integrado por su equipo de dirección (director, subdirectores y secretario), así como por los responsables de sus secciones —solo en dos casos ambas condiciones concurren en la misma persona—, será el órgano encargado, dentro de la estructura de la revista, de su gestión ordinaria y de la adopción de las decisiones que convengan a su velocidad de crucero, con especial hincapié en la procura, selección y evaluación inicial de los estudios y colaboraciones que hayan de merecer su incorporación a nuestras páginas. Se cuenta, asimismo, ya se ha referido, con un Comité de Evaluación Externa, ajeno a la cadena de gobierno y gestión de la revista e integrado —tal como se recoge en los créditos de la misma— por personas de relevancia académica y profesional y especial competencia para llevar a cabo la delicada e indispensable función de refrendo de la calidad de los estudios objeto de publicación, conforme a los cuestionarios de calidad dispuestos. Y, en fin, Trabajo y Derecho se felicita asimismo por haber conseguido convocar a un rutilante Consejo Científico Asesor, a quien los gestores de la publicación podamos acudir en solicitud de opinión, consejo o ayuda para las tareas propias de este cometido y en el que están presentes —como acredita su composición recogida también en los créditos de la revista— distinguidos nombres del laboralismo español y extranjero.

Y poco más, queridos amigos, llegados a este punto. Tan solo queremos poner en su conocimiento finalmente que intentaremos hacer de Trabajo y Derecho una revista de referencia —no me atrevo a utilizar la desgastada y administrativa mención a la “excelencia”—, también en el ámbito internacional, que llegue a ocupar los espacios reservados para las mejores dentro de las valoraciones y clasificaciones al uso y consolide más pronto que tarde relaciones fructíferas con otras cabeceras amigas. A esto habremos de dedicarnos con seriedad y rigor, con afán y esfuerzo constantes, pero también con responsabilidad y, sobre todo, con humildad, porque tan solo con estos ingredientes habremos de cocinar el plato que nos gusta. Pero es evidente que no podremos conseguirlo solos, pues se hace indispensable la confianza de autores y colaboradores que quieran distinguirnos con su preferencia —mucho agradecemos ya en este momento las numerosas muestras de bienvenida y aliento que nuestra iniciativa ha recibido por doquier—, y también, claro es, la de los lectores y suscriptores de nuestras páginas que habrán de ser a fin de cuentas el “alfa y omega” del proyecto. Trabajo y Derecho queda abierta pues con ilusión —lo decimos en este momento iniciático de nuestro camino— a todos ellos.

Confieso por último, ahora que concluyo estas páginas, que no he conseguido es-quivar por completo durante su redacción la incómoda sensación de no saber lo que quería decir «hasta encontrar la manera de decirlo» o, en otras palabras —también de Mario Vargas Llosa, Piedra de toque, 2012—, de haber sido yo un instrumento a través del cual «la historia que quisiera contar se expresa a sí misma gracias a la escritura». Pero poco importa esto ahora, ya que, sea como fuere, puedo manifestar al final con complacencia que ha quedado dicho, amigo lector, lo que de cierto quería compartir con usted.

Manuel Carlos Palomeque
Director

LA CUBIERTA, EL SUMARIO Y LA PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 1 DE TRABAJO Y DERECHO PUEDEN SER DESCARGADOS DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:

Trabajo y Derecho_num_1_cuberta_sumario_opinion

Un nuevo AMI: el Acuerdo Laboral Global sobre Responsabilidad Social de GAMESA

Claude Monet, Molinos de viento cerca de Zaandam (1871)

Claude Monet, Molinos de viento cerca de Zaandam (1871)

Esta semana se ha escribo un nuevo capítulo del proceso de despliegue de la dimensión global de la autonomía colectiva. La noticia me ha llegado, cómo no, a través de mi querido amigo Isidor Boix, el cual informa de la suscripción de un nuevo acuerdo marco internacional entre la multinacional española de la industria eólica GAMESA e IndustriALL Global Union y las federaciones sindicales de rama españolas del sector el pasado miércoles 18 de febrero.

Sirva esta breve nota para difundir entre los amigos de este bloc de notas el contenido de este acuerdo, dentro del cual se incluyen varios elementos de interés, tanto en relación con sus contenidos como con las instancias y procedimientos de carácter paritario a los que se vincula el control de su aplicación. Con todo, seguramente la clave más importante para comprender la importancia de este instrumento se encuentre en la apuesta que a través de él se hace por pasar de una visión puramente unilateral de la gestión de los compromisos de responsabilidad social empresarial, expresada a través del código de conducta de esta empresa, a otra que considera al diálogo social, tanto a nivel macro como micro, como el eje vertebrador de las relaciones laborales al interior de este grupo multinacional.

El texto del Acuerdo Laboral Global sobre Responsabilidad Social entre el Grupo Gamesa, la representación social e IndustriALL Global Union puede ser descargado desde el siguiente enlace:

ACUERDO LABORAL GLOBAL entre INDUSTRIALL G.U. y GAMESA – 18 febrero 2015

La Carta Social Europea: herramienta eficaz de defensa de los derechos sociales en tiempos convulsos. Una nota de CARMEN SALCEDO

Rubens, El rapto de Europa

Rubens, El rapto de Europa

Vivimos tiempos convulsos y a la vez confusos, en los que algunas de las certezas del pasado, incluida la relativa al papel nuclear de los derechos sociales dentro de nuestras sociedades democráticas, parecen ceder paso a una suerte de relativismo que sólo admite su efectividad en la medida en que no se contraponga con las políticas de ajuste impuestas por los mercados  y aplicadas por las instituciones gubernamentales. Sin que los órganos que tienen por función constitucional precisamente velar su efectividad atinen a hacer otra cosa que convalidar las decisiones adoptadas.

Los derechos sociales, sin embargo, además de conformar el orden constitucional, son un componente esencial del orden internacional y están presentes en numerosos tratados de cumplimiento exigible a Estado español. Que el primer nivel de garantía de dichos derechos muestre su inefectividad no supone, por ello, que tenga también que ceder este otro.  Muestra palpable de ello es son las experiencias de aplicación de la Carta Social Europea, tanto a nivel internacional como interno, de las que nos da cuenta mi apreciada colega Carmen Salcedo en esta entrada, elaborada especialmente para esta bitácora, que tengo el gusto de compartir a continuación con sus tenaces amigos.

Habiendo transcurrido escasamente mes y medio del año 2015, se puede ya señalar que este año ha comenzado mostrando las mismas divergencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales que el año 2014 protagonizó.

Así, brevemente recordaré que el año pasado cerró con seis sentencias de los Juzgados de lo Social (tan sólo una de las primeras ha sido revocada por la STSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 2014), y toda una serie de Votos particulares en Autos de Tribunales Superiores de Justicia, que, en cumplimiento del control de convencionalidad reconocido en el art. 96.1 de la CE, y desarrollado en la recientemente aprobada Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos, aplicaron directamente el art. 4.4 de la Carta Social Europea (1961) y la Decisión de Fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales de 23 de mayo de 2012 en materia del período de prueba de un año del contrato de apoyo a emprendedores (Ley 3/2012), ignorando la normativa nacional que lo regula, destacando de esos pronunciamientos las tres emitidas a finales de 2014 (Juzgados de lo Social nº 3 y 19 de Barcelona de 5 y 11 de noviembre y Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo de 27 de noviembre), es decir, con posterioridad a la primera sentencia del Tribunal Constitucional que avaló esa reforma (STC 119/2014, de 16 de julio), que la sortearon invocando el necesario cumplimiento del precepto constitucional apuntado y en el importantísimo Voto particular de tres de sus magistrados.

Por lo que se refiere al este año que acaba de comenzar, en el mes de enero se han publicado las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales que, tal y como avancé, han condenado a España directamente por violación de los derechos laborales reconocidos en la Carta Social Europea y en el Protocolo adicional de 1988 (arts. 2.2, 2.3, 2.5, 4.3., 5, 6.1, 6.3 y arts. 2 y 3, que regulan derechos tan importantes como el de la negociación colectiva, el derecho a unas condiciones laborales y remuneración adecuadas o a la protección en materia de seguridad y salud), que han sido absolutamente ignoradas por el Gobierno así como por la segunda sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, que, de nuevo, ha respaldado la reforma laboral.

A esta descoordinación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, se le ha unido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acaba de emitir el 5 de febrero una sentencia en la que simplemente ha preferido no entrar en el fondo del asunto planteado (periodo de prueba de un año), si bien se ha de destacar positivamente la mención que realiza a la Carta Social Europea y a la decisión de fondo aludida, que no suele realizar normalmente. Desaprovecha el tribunal comunitario una excelente oportunidad para evidenciar su interés en garantizar los derechos sociales en tiempos de crisis económica, como sí ha hecho su homólogo europeo.

El panorama existente no es fácil de entender y la solución a estas interpretaciones “encontradas” pasa, a mi modo de ver, por reconocer la existencia de diferentes niveles de protección de los derechos sociales, compatibles entre sí, siendo en estos momentos la Carta Social Europea uno de los más elevados.

La relevancia de este Tratado y su imparable avance es incuestionable desde hace mucho tiempo, viéndose reforzada a partir del año 2012 en el que su órgano de vigilancia y control (Comité Europeo de Derechos Sociales) emitió toda una serie de Decisiones de Fondo que exigían a países como Grecia o Suecia, y ahora a España, el cumplimiento del Tratado que en su día ratificaron, no cediendo a las presiones recibidas de otras organizaciones internacionales.

La Conferencia de Turín de octubre de 2014 confirmó y relanzó la Carta Social Europea, siendo el punto de partida del Processus de Turin y esta semana se ha continuado esa labor en la importante Conferencia Internacional que se ha celebrado en Bruselas los días 12 y 13 de febrero, sobre El futuro de los derechos sociales (http://www.coe.int/fr/web/portal/high-level-conference-esc-2014), al que hemos asistido y contribuido los expertos que llevamos tiempo investigándola, culminando con la elaboración del Document de Bruxelles, en el que se han fijado las líneas a seguir en los próximos meses para avanzar en la aplicación de los derechos sociales, de las que iré informando próximamente en el estudio que estoy elaborando.

Para más información sobre el Proceso de Turín, puede consultarse el siguiente enlace:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801eac96

NUEVA PUBLICACIÓN: “Derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa” de Cesar Carballo y Wilfredo Sanguineti

Carballo-sanguineti-derechos fundamentales y libertad de empresa

A estas alturas no constituye una novedad afirmar que los derechos fundamentales que los trabajadores ostentan como ciudadanos pueden ser ejercidos también en el ámbito de la relación de trabajo. Transformaciones profundas, tanto de índole social como jurídica, han hecho posible en las últimas décadas que este sea un efecto generalmente reconocido en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno cultural. Aún así, creo que es forzoso reconocer que, al menos hasta el momento, esa aplicación esta ofreciendo unos pobres resultados.

En todos los casos existen, como no podía ser de otro modo, una serie de sentencias que que aplican esos derechos a situaciones concretas vinculadas con el mundo del trabajo. Pero sin que ello haya supuesto, como podía esperarse, una transformación real del “modo de estar” de los trabajadores en la empresa, como postulaban ya en los años setenta los juristas italianos que impulsaron el Statuto dei Lavoratori. Es mas, en el fondo seguimos sin saber cómo, qué supuestos y con qué amplitud se aplican estos derechos a las relaciones de trabajo. Y cuándo, por contra, han de sufrir limitaciones o experimentar restricciones en manos de los poderes empresariales.

Lo que ocurre es qué, como es evidente, la afirmación de la vigencia de esos derechos es en realidad un punto de partida antes que propiamente de llegada, ya que, una vez admitida, es preciso resolver el delicado problema de su relación con los deberes asumidos por el trabajador a través del contrato de trabajo. Y en particular con el ejercicio de las facultades empresariales que emanan de él. Unos deberes y facultades cuya capacidad de incidir negativamente sobre el ejercicio de esos derechos es evidente. Y cuya delicada relación con los mismos, sin embargo, no se encuentra adecuadamente tratada y resuelta en la mayor parte de los casos.

Este es el panorama de fondo a partir del cual se construye la obra que tengo la satisfacción de presentar el día de hoy a los siempre tenaces amigos de este cuaderno de notas.

Fruto de la colaboración con mi muy querido colega y amigo César Augusto Carballo a partir de una intervención común en uno de los congresos internacionales organizados en la Isla Margarita por los amigos de la Fundación Universitas de Venezuela, la obra incluye dos estudios complementarios entre sí a través de los cuales los autores profundizamos, primero en la consideración profunda de los derechos fundamentales del trabajador como categoría jurídica, y luego, sobre esta base, en el estudio de la delicada relación entre estos y la libertad de empresa, recurriendo en este último caso al “juicio de ponderación” como “la brújula que permite la navegación a través del piélago de las relaciones” entre ambos.  Es decir, “entre derechos fundamentales inespecíficos del trabajador y libertad de empresa”, como apunta Carlos Palomeque, por cierto creador de la categoría, en el Prologo que ha tenido la amabilidad de preparar para esta obra.

Editado por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, el libro incluye también un apéndice en el que se ofrece una amplia selección de sentencias de hasta siete países que permite apreciar los avances que se vienen registrando en la garantía de estos derechos en España y América Latina, pero alerta a la vez del carácter excepcional que por el momento viene teniendo su aplicación. Así como sobre la necesidad de construir herramientas que la hagan posible. Por cierto, no sólo en su faceta defensiva, de no afectación por el empleador, sino fundamentalmente activa, de reformulación del marco contractual para facilitar su ejercicio cuando pueda entenderse que ha de prevalecer constitucionalmente la tutela del interés del trabajador sobre el del empresario.

La obra cuya presentación aquí concluye intenta ofrecer elementos, procurar herramientas y aportar pistas para avanzar en esa deseable dirección.

El sumario del libro “Derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa” de Cesar Carballo y Wilfredo Sanguineti puede ser descargado desde el siguiente enlace:

INDICE – LIBRO derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa CARBALLO SANGUINETI

Más información en:

https://twitter.com/publiucab

 

 

El empleo crece más que el PIB: ¿Es una buena noticia?

Umberto Boccioni, The Street Pavers (1914)

Umberto Boccioni, The Street Pavers (1914)

El informe de Economistas frente a la crisis sobre los resultados de la última Encuesta de Población Activa

Dicen algunos economistas que cualquier serie de datos “confesará” lo que se desea “si se la tortura suficientemente”. Algo de esto parece estar ocurriendo con los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicados el pasado jueves, que están siendo utilizados para alimentar las más dispares valoraciones sobre la evolución del empleo en España. Desde las más optimistas, por supuesto provenientes de fuentes gubernamentales, hasta las más críticas, impulsadas por la oposición y las organizaciones sindicales.

Existe, no obstante, un dato, puesto de relieve por el colectivo Economistas frente a la crisis (EFC), del que forma parte mi amigo José Ignacio Pérez Infante, que nos coloca delante del meollo de la cuestión. Y que seguramente explica con solvencia, más allá de los intereses distintos y las visiones encontradas, el por qué de tan dispares puntos de vista. La constatación no puede ser más simple: mientras que el empleo registró una tasa de crecimiento del 2,5 % el pasado año, al haberse incrementado en más de cuatrocientas mil personas, el producto interior bruto lo hizo en sólo un 1.6 %. Actualmente en España, pues, “el empleo está creciendo sustancialmente por encima del PIB”. Bastante más “de lo que lo hace la producción”.

La anterior parecería ser, a primera vista, una magnifica noticia. Casi un escenario de ensueño, dentro del cual cada fracción de incremento del PIB se vería recompensada nada menos que por un aumento casi por partida doble de la población ocupada. No es de extrañar la euforia gubernamental. Ni tampoco su previsión, de evidente vocación electoral, de creación de nada menos que un millón de puestos de trabajo entre 2014 y 2015. Algo, vistos estos dados, al alcance de la mano. Los responsables de semejante éxito serían, claro, una adecuada política económica y las reformas introducidas en el mercado de trabajo en los últimos años.

En EFC no son tan optimistas. Para este colectivo, el hecho de que el empleo crezca más que el PIB supone dos cosas: a) que los empleos que se están creando producen muy poco, son en su inmensa mayoría de muy baja productividad, vinculados a actividades estacionales o trabajos en el sector servicios de escaso valor añadido; b) que el número de ocupados aumenta realmente más que el empleo, siempre que lo midamos en términos de puestos de trabajo a tiempo completo y por todo el año, y no de personas trabajando. Este último es un dato que viene corroborado, añaden, por la Contabilidad Nacional, de acuerdo con la cual el empleo crece a una tasa que casi duplica el crecimiento global de las horas de trabajo en la economía. Y que significa en última instancia que, en “lo que debería ser un empleo estable con trabajo anual y jornada completa”, trabajan ahora “varios ocupados por horas y/o con contratos temporales”. Más que crearse empleo por encima del crecimiento, lo que se está haciendo entonces es convertir “un salario completo y decente” en varios “mini salarios” que se abonan a varios trabajadores con “mini empleos”.

No sólo, en consecuencia, empleo precario y de mala calidad. Sino también en volúmenes muy inferiores en términos reales a los que las cifras oficiales nos quieren dan a entender. Y que sirve además para alimentar la ilusión de una salida de la crisis que no es tal, así como del supuesto éxito de unas medidas económicas y jurídicas que, en realidad, no han hecho más que reforzar y profundizar los viejos vicios y deficiencias de la economía española y su mercado de trabajo.

Frente a ello, tienen razón en EFC, es preciso un cambio de rumbo, tanto en la política económica como en la regulación del mercado de trabajo. Afortunadamente, el año que acaba de empezar es año de elecciones en España. De expectativa de cambio, por tanto.

El Informe de Economistas frente a la crisis sobre la última Encuesta de Población Activa puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/epa-4-trimestre-2014-empleo-poco-futuro/20150122181431111584.html

La versión de 2014 del Acuerdo Marco Global INDITEX-IndustriALL

Trabajo infantil en una fábrica textil (EE.UU.,1908)

Trabajo infantil en una fábrica textil (EE.UU.,1908)

No es ya a estas alturas una novedad, pero si un hecho muy relevante que no podía pasar ajeno a una bitácora como ésta, particularmente atenta a los avances que vienen dándose en el camino hacia una garantía de los derechos laborales fundamentales a nivel global.

Al lado de los avances alcanzados en la aplicación del Acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh, suscrito por casi dos centenares de empresas multinacionales del sector textil que realizan encargos en este país, seguramente la firma de la renovación del Acuerdo marco global relativo al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la cadena de producción de Inditex, realizada en Ginebra el pasado mes de julio entre representantes de esta compañía e IndustriALL Global Union constituye el acontecimiento más relevante de todos los vinculados con tan decisiva materia. No sólo por lo que supone de ratificación de una experiencia que ambas partes no dudan en considerar muy positiva, sino por el elevado valor transformador de las visiones unilaterales de la RSE especialmente al uso que la misma supone.

De allí que no me resista a presentar a los tenaces amigos de este cuaderno de notas el nuevo texto del citado acuerdo marco y sus anexos. Entre ellos, el Protocolo específico para concretar las fórmulas de participación sindical en su aplicación, de cuyo marcado carácter innovador pueden albergarse pocas dudas.

Los enlaces a estos instrumentos vienen precedidos de la nota que en su día publicó mi apreciado amigo Isidor Boix, coordinador de IndustriALL Global Unión para la aplicación de este acuerdo marco, dando noticia de su aprobación.

Renovación del Acuerdo Marco Global de IndustriALL Global Union con INDITEX

El pasado 8 de julio se firmó en Ginebra, en la sede de la OIT, la renovación del Acuerdo Marco de la Federación Sindical internacional, IndustriALL Global Union, en la que están organizados los trabajadores y trabajadoras del textil-confección, con la multinacional española Inditex, primera distribuidora mundial de ropa (unos 1.000 millones de prendas al año) que comercializa 10 marcas, de las que la más conocida es “ZARA”.

El Acuerdo Marco establece el compromiso de la multinacional española con el sindicalismo mundial organizado en relación con su política y práctica de Responsabilidad Social, con el objetivo de garantizar el trabajo decente en toda su cadena de producción (unas 5.000 fábricas y talleres en unos 40 países y en los que trabajan en torno a 1 millón de trabajadores). Además de la definición de las bases del trabajo decente, es decir los Convenios de la OIT, establece con claridad su aplicación en toda la cadena de producción, hasta la última subcontrata, y también la concreta intervención sindical a nivel global, IndustriALL Global Union, y en cada país a través de los sindicatos locales, con la dirección y coordinación de la federación sindical mundial.

El texto firmado incluye una parte “declarativa”, con un  balance consensuado sobre los ya 10 años de trabajo coordinado sindical-empresarial, en el propio Acuerdo Marco, y dos Anexos: uno con el Código de Conducta y otro con los derechos de intervención de los sindicatos locales.

Hasta el momento éste es el único Acuerdo Marco en la industria textil mundial y uno de los principales de referencia para el sindicalismo mundial por estas características (expresa referencia a toda la cadena de producción y distribución y derechos de directa intervención de los sindicatos locales).

Al Acuerdo Marco se firmó en 2007 por parte de Inditex con la entonces Federación Sindical Internacional del Textil-Confección-Piel, la ITGLWF, integrada hoy en la Federación sindical global de la industria. En 2012 tuvo un desarrollo con el Protocolo 2012 que explicitaba los derechos de los sindicatos, desde la internacional IndustriALL hasta los sindicatos locales, en relación con el conocimiento de las redes de producción en cada país, capacidad de seguimiento de las condiciones de trabajo de las fábricas y talleres que las integran, y derecho de presencia en los centros de trabajo de la red de producción de su país.

Todo ello se incluye en el texto firmado en la sede de la OIT y que incorpora una parte declarativa que hace un positivo balance de la experiencia de la aplicación en estos años del vigente Acuerdo Marco.

Por parte sindical ha firmado el Secretario General de IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, y por parte empresarial el Presidente de Inditex, Pablo Isla, con la presencia del Subdirector General de la OIT Gilbert Houngbo. Conmigo, como Coordinador de IndustriALL para la aplicación del Acuerdo Marco, asistieron los Secretarios Generales de las Federaciones sindicales que organizan a las trabajadoras y trabajadores españoles del textil-Confección: Agustín Martín, de CC.OO. de Industria, y Antonio Deusa, de FITAG-UGT.

Isidor Boix

El Acuerdo marco global relativo al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la cadena de producción de Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Acuerdo_marco_global_-_Inditex_-_IndustriALL_Global_Union

El Código de Conducta para fabricantes y proveedores del Grupo Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Codigo_de_conducta_de_fabricantes_y_proveedores Inditex

El Protocolo para concretar la participación sindical en el fortalecimiento del Acuerdo marco global en la cadena de producción de Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Protocolo_para_concretar_la_participacion_sindicaL Inditex – IndustriALL Global Union

Sobre el valor de los derechos laborales en una sociedad democrática: apostillas al debate sobre la “Ley Pulpín”

ley pulpin 1

Mientras los medios de comunicación se enzarzaban en un complejo debate de marcado tinte económico sobre las ventajas y desventajas de la aprobación de la Ley 30288, por la que se “promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”, bautizada popularmente en el Perú como “Ley Pulpín” debido al colectivo juvenil al que va prioritariamente dirigida, decenas de miles de jóvenes peruanos optaron por salir a las calles, de forma masiva y espontánea, para reivindicar la restitución de los derechos cercenados por esta norma frente al Gobierno y los gremios empresariales considerados impulsores de la medida.

¿Qué fue lo que motivó semejante reacción defensiva de unos derechos –estabilidad en el empleo, vacaciones pagadas, gratificaciones extraordinarias, etc.– a los que buena parte de los manifestantes no había tenido todavía la ocasión de acceder debido a su corta edad y limitada experiencia laboral?

Me atrevo a aventurar que una dimensión del problema que, por llamativo que pueda parecer, ha sido soslayada dentro del debate sobre la norma, machaconamente centrado en demostrar el carácter “necesario” o “innecesario” de las medidas adoptadas desde el punto de vista económico. Esta no es otra, en mi opinión, que la reivindicación del valor de los derechos laborales como instrumento de inclusión social y construcción de una sociedad democrática. Una dimensión de los mismos a la que, luego de décadas de presión de las ideas neoliberales, no parecen prestar especial atención incluso quienes asumen su defensa, pero sobre la cual se asienta de forma plena su legitimidad. ¿O es acaso que, de poderse demostrar, como de momento no se ha conseguido, que una reducción de los derechos laborales sería capaz de favorecer una mejora del crecimiento y apuntalar el empleo, habría que renunciar a ellos?

A poco que se preste atención a las pancartas que portan los jóvenes manifestantes se podrá apreciar que lo que los guía es una reivindicación profundamente democrática: no ser tratados como ciudadanos de segunda, con menos derechos que cualesquiera otros. Unida a la conciencia, claro está, de que para ello la garantía de un trato digno y justo en el ámbito laboral resulta fundamental.

Se trata, en el fondo, de la reivindicación espontánea del carácter social, y no sólo civil o político, de la noción de ciudadanía. Y la conexión de ésta, por tanto, no sólo con el reconocimiento de las libertades individuales y el derecho al voto, sino también, de forma inescindible, con un conjunto de derechos a través de los cuales el Estado busca garantizar a las personas un mínimo de bienestar al margen de las condiciones de funcionamiento del mercado, en línea con el pensamiento de T. H. Marshall.

Comprender esta dimensión esencialmente política y democrática del problema y ponerla por delante de cualquier otro tipo de argumentación me parece fundamental para conectar con el sentido profundo del movimiento social gestado al calor de las protestas contra la Ley. Por más que, seguramente, haya que añadir a continuación que la experiencia demuestra que las estrategias de reducción de costos laborales en ningún caso han contribuido al logro de objetivos como los que la ley se propone. E incluso sustentar que tanto el crecimiento económico como el desarrollo social, si bien entendidos, tienen en los derechos laborales un importante aliado antes que un adversario.

El texto de la Ley 30288, por la que se “promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Ley 30288

La vuelta del debate sobre la distribución de la riqueza: “El capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty

Piketti iii

Vuelve con fuerza el debate sobre la distribución de la riqueza. Y lo hace además en un momento en el que parecía encontrarse sepultado, a pesar de las siempre presentes voces críticas, por la apabulladora influencia del pensamiento neoliberal. Responsable de este cambio es la aparición de la obra “El capital en el siglo XXI”, del académico francés Thomas Piketty, cuya traducción al español acaba de ser publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica.

El objeto de esta obra, que resume más de una década de trabajo de investigación del autor, es llevar a cabo una aproximación basada en evidencias empíricas a la evolución que ha experimentado a lo largo del tiempo la siempre controversial cuestión de la distribución de la riqueza, con el objeto de extraer de ella conocimientos y enseñanzas útiles para la etapa que estamos viviendo.

Como no podía ser de otro modo tratándose de una cuestión nuclear, las preguntas que a tal efecto se plantea la obra están decisivamente condicionadas por los términos del debate precedente. “Acaso –se interroga a estos efectos el autor– la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo XIX? O bien, ¿acaso las fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso técnico conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kutznets en el siglo XX?”

La respuesta que ofrece Piketty a partir de un monumental trabajo de recopilación y análisis es sin duda compleja. Pero se encuentra bastante más cerca de la inquietante “intuición fundamental” del primero que de la tranquilizadora visión del segundo. Esta se concreta en una sencilla ecuación de gran valor simbólico: r > g, donde r representa la tasa de rendimiento del capital y g la tasa de crecimiento o incremento anual del ingreso y de la producción. Esto significa, dicho en pocas palabras, que cuando la evolución de una economía de mercado se ve “abandonada a sí misma”, es decir sin que actúe ningún elemento de corrección, la tasa de rendimiento del capital resulta ser por lo general significativa y duramente más alta que la tasa de crecimiento del ingreso y la producción. Algo que ocurrió, por cierto, a lo largo de todo el siglo XIX y las dos primeras décadas del XX y está volviendo a suceder de manera por demás manifiesta en la actualidad. Y que determina que la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales no solamente no disminuyan sino que estén en condiciones de aumentar cada vez más.

El capitalismo produce “mecánicamente”, así, “desigualdades insostenibles, arbitrarias”, que “resultan potencialmente amenazadoras para nuestras sociedades democráticas y para los valores de justicia social en que están basadas”. Dejarlo operar sin ningún tipo de contrapeso, instrumento o herramienta redistributiva, por tanto, no parece ser una buena opción. No sólo para la supervivencia de estos últimos, sino incluso para el mantenimiento del primero.

La historia de distribución de la riqueza, sin embargo, observa Piketty, “es siempre profundamente política”, en la medida en que “depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello”. Hay que “desconfiar”, en consecuencia, “de todo determinismo económico” y tener en cuenta que “existen medios para que la democracia y el interés general logren retomar el control del capitalismo y los intereses privados”. En realidad, “la dinámica de la distribución de la riqueza pone en juego poderosos mecanismos que empujan alternativamente en el sentido de la convergencia y de la divergencia”, no existiendo “ningún proceso natural y espontáneo que permita evitar que las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias prevalezcan permanentemente”.

Todas estas son, como salta a la vista, conclusiones que refuerzan la legitimidad de las propuestas que apuntan a introducir equilibrios y contrapesos a la evolución salvaje del capitalismo. Entre ellas la que representa el Derecho del Trabajo y la actuación de organizaciones de defensa colectiva de intereses que éste promueve y respalda. No encerrados, naturalmente, en los espacios nacionales sino convenientemente adaptados a las características de la actual dinámica global del capitalismo.

La anterior es una constatación a la que parece apuntarse el autor, aunque de forma quizá excesivamente tímida, cuando señala que en su opinión la principal fuerza de reequilibradora está constituida por “el proceso de difusión de los conocimientos y de inversión en la capacitación y la formación de habilidades”, mientras que el “juego de la oferta y la demanda”, y en particular “la movilidad del capital y del trabajo”, afirmación dentro de la cual seguramente hay que entender enmarcado el juego de las instituciones jurídico-laborales”, están en condiciones de “operar también en ese sentido”, pero “con menor fuerza, y a menudo de manera ambigua y contradictoria”.

Es cierto que, en etapas como la actual, la capacidad del Derecho del Trabajo de actuar en clave redistributiva se ve considerablemente debilitada y puede incluso ser puesta en cuestión. No es este el único diseño posible, sin embargo. El propio hecho de que la única etapa en la que se redujeron las desigualdades en el último período histórico, es decir los años posteriores a las dos conflagraciones mundiales, coincidiesen de forma casi absoluta con las etapas de consolidación y auge del mismo, nos alerta sobre esa virtualidad redistributiva, quizá no del todo valorada en la obra que se comenta.

La pertinencia de retomar el debate jurídico y político sobre la necesidad de llevar a cabo una reconstrucción del Derecho del Trabajo en clave neogarantista en vez de neoliberal se ve, en cualquier caso, claramente reforzada por la evidencia aportada por una investigación de la envergadura de la realizada por Thomas Piketti.

Y así he querido destacarlo, con evidente vocación optimista, en esta entrada que marca el final de la dinámica de esta bitácora en 2014. Esta volverá, y además con novedades, el año próximo. Entre tanto, desde Salamanca va un abrazo fraternal para sus siempre tenaces amigos.

PD: No hay adjuntos en esta ocasión. Se recomienda consultar la propia obra.

El efecto (pretendido y al parecer logrado) de las últimas reformas laborales sobre el empleo

José Clemente Orozco, sección del mural "Trabajadores"

José Clemente Orozco, sección del mural “Trabajadores”

Mientras la economía española se encontraba atravesando su fase más dura de ajuste resultaba difícil distinguir los efectos de las sucesivas reformas laborales sobre el mercado de trabajo de los ocasionados por la crisis.

Las cosas son más claras ahora, cuando empieza a advertirse un débil crecimiento del empleo, al menos en términos estadísticos, en el sector privado.

Los datos disponibles ponen de manifiesto, fuera de toda duda además, la existencia de un elevado grado de correlación entre el tipo de empleo que se viene creando y aquél promovido o facilitado por dichas reformas.

Así, si por un lado los cambios introducidos en los últimos años en la legislación laboral estuvieron encaminados principalmente a facilitar y abaratar la extinción no causal de los contratos por tiempo indefinido, promover la celebración de contratos a tiempo parcial sujetos a un muy elevado grado de disponibilidad por parte del empresario sobre el tiempo de trabajo y a restar efectividad al rol compensador de la negociación colectiva, las fuentes estadísticas revelan que los nuevos empleos se caracterizan, precisamente, por su elevado grado de temporalidad, la limitada duración de la jornada por la que se conciertan y su reducido nivel salarial, en bastantes casos incluso por debajo del nivel de pobreza. Los contratos de duración determinada empiezan, de tal modo, a recuperar el peso que tenían antes de la crisis, mientras los empleos a tiempo completo se ven sustituidos con cada vez más frecuencia por empleos a tiempo parcial, por lo general suscritos por necesidad antes que por conveniencia, y los salarios se degradan.

Sobre este proceso degradatorio y precarizador inducido y potenciado por la actuación legislativa, así como sobre las dimensiones que lo ilustran y la manera como los interlocutores sociales y en particular los sindicatos están intentando hacerle frente, singularmente en el ámbito de la negociación colectiva, tuve la oportunidad de reflexionar con ocasión del último seminario europeo sobre las condiciones laborales de los trabajadores desiguales organizado por el Proyecto BARSORIS de la Universidad de Amsterdam.

A continuación me complace poner a disposición de los tenaces amigos de esta bitácora el texto manuscrito de mi intervención en dicho seminario.

El texto de la intervención de Wilfredo Sanguineti titulada “Efectos de la crisis en el deterioro de las condiciones de trabajo en España, negociación colectiva y estrategias de los sindicatos” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

INTERVENCION – Proyecto BARSORIS – WSANGUINETI