El uso del cine como herramienta pedagógica para enseñar Derecho del Trabajo

compagni_marcello_mastroianni_mario_monicelli

Existe un recurso pedagógico que, aunque atípico, no debería ser olvidado si el objetivo que se persigue es enseñar Derecho del Trabajo. Se trata de la utilización, como elemento catalizador de la reflexión y el debate, de alguno de los exponentes de la abundante y magnífica filmografía sobre temas jurídico-laborales disponible en la actualidad.

Las ventajas que tiene el cine como herramienta educativa son diversas. Así, como ponen de manifiesto los estudios sobre la materia, su empleo tiene un indudable valor motivador, sirve para captar el interés de los alumnos y estimula su participación, además de facilitarles la comprensión de los contenidos de la materia, al presentarles su aplicación práctica a la luz de un supuesto concreto.

De entre todas ellas, sin embargo, me parece que la fundamental radica en su aptitud para “transportar” a los estudiantes, por lo general carentes aún de cualquier contacto directo previo con el mundo del trabajo, hacia el “interior” de éste, sirviéndose además de un lenguaje distinto, como es el artístico. El cine permite, de aquella manera, que los mismos “vivan” y no sólo “razonen” lo que supone trabajar por cuenta ajena y las situaciones conflictivas que a partir de ello se suceden, generando una corriente inicial de empatía hacia las mismas a partir de la cual resulta posible comprender con mayores dosis de realismo el sentido profundo que tiene la existencia del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma y la orientación singular que caracteriza a sus principales instituciones.

La circunstancia de que la mayor parte de los acontecimientos sociales y fenómenos históricos que se sitúan en la base de la emergencia del Derecho del Trabajo, así como muchos de los problemas que plantea su aplicación cotidiana, hayan sido dramatizados por el cine constituye, por ello un inestimable “tesoro pedagógico”, que debe ser necesariamente aprovechado para dar tintes de especial verosimilitud a la aproximación realista y crítica a nuestra disciplina que se propugna.

A continuación me complace poner a disposición de los tenaces amigos de esta bitácora el enlace a una recopilación de secuencias cinematográficas sobre temas laborales titulada “La evolución del Derecho del Trabajo”, elaborada por mi querido amigo Aleixandre Marín con el fin de servir de presentación a la asignatura de Derecho del Trabajo que imparto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

La recopilación de secuencias cinematográficas “La evolución del Derecho del Trabajo” elaborada por Aleixandre Marín, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=wVitFIRY2Zc

En defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Perú

Josué Sánchez, Alappakuy

Josué Sánchez, Alappakuy

Muchas cosas han sucedido en las pasadas semanas, mientras esta bitácora centraba su atención en las actividades vinculadas a nuestro Proyecto de Investigación sobre las empresas multinacionales españolas. Entre ellas, la puesta en marcha en el Perú de una intensa campaña, promovida por diversos gremios empresariales, encaminada a exigir al Gobierno la introducción de cambios profundos en la legislación laboral, todos ellos de un claro signo reductor de los niveles de protección reconocidos a los trabajadores. Esta campaña, detrás de la cual se sitúa la poco disimulada intención de pescar a río revuelto aprovechando el inicio de una fase desaceleración del crecimiento económico, mereció el inmediato rechazo de un amplio sector de profesionales, expertos y especialistas, un servidor incluido, que a través de un pronunciamiento público pusieron en cuestión la idea fuerza que la anima, no otra que la de que reducción de los derechos laborales es capas de favorecer un incremento de las inversiones y una reducción del trabajo informal, sustentando más bien la necesidad de promover el trabajo decente y el respeto de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los trabajadores.

A continuación el texto completo del comunicado y la lista completa de sus firmantes. Y , como adjuntos, una presentación de la Asociación de Exportadores que recoge y sustenta la propuesta empresarial, así como los enlaces a sendas entrevistas a Alfredo Villavicencio y Javier Neves, en la que expresan sus opiniones sobre el tema. A las que, por cierto, se adhiere el autor de estas lineas. 

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Asistimos en las últimas semanas a una intensa campaña en medios, promovida por algunos gremios empresariales y mediáticos, que insisten en exigir al gobierno reformas en la legislación laboral, orientadas a reducir los derechos de los trabajadores/as ampliando los regímenes especiales al conjunto de trabajadores/as, argumentando que esto incentivará la inversión privada en momentos de desaceleración económica y pérdida de competitividad.

Creemos que esta es una campaña tendenciosa, que no se ajusta a la evidencia empírica, cuyo principal objetivo es mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas, a costa de la calidad de vida y la precariedad en el empleo de los peruanos. Sobre el particular queremos señalar lo siguiente:

o Es falso que el régimen laboral general vigente genere elevados costos de despido. Dicha legislación dispone de múltiples modalidades de contratación temporal que permiten a las empresas cesar a su personal sin incurrir en el pago de ninguna indemnización por despido, ya que basta con esperar la finalización del respectivo contrato –de corta duración– para prescindir de los servicios de los trabajadores. Dos de cada tres trabajadores/as formales del sector privado están sujetos a contratos temporales.

o En cuanto a la minoría de trabajadores/as contratados a plazo indefinido, la legislación laboral establece una gran variedad de causas de término de la relación laboral que no acarrean el pago de indemnización alguna. Causas vinculadas con la conducta y capacidad de los trabajadores/as, así como con la situación de la empresa.

o No es verdad que el aumento de la remuneración mínima incremente la informalidad laboral. Por el contrario, en el período 2005-2013, en el cual la remuneración mínima se elevó en 5 oportunidades, la tasa de informalidad laboral en el sector empresarial privado se redujo en 11,4 puntos porcentuales (pasando de 68,8% a 57,4% a nivel nacional) y el porcentaje de trabajadores/as que perciben remuneraciones inferiores a la mínima disminuyó en 12,1 puntos porcentuales (pasando de 46,2% a 34,1%). Adicionalmente, un aumento en la remuneración mínima generaría un mayor consumo interno, lo que implicaría mayor producción local y mayor contratación de personal.

o Es falso que eliminando y reduciendo derechos laborales y beneficios sociales –como sucede con los diversos regímenes especiales (micro y pequeña empresa, agrario, exportación no tradicional, trabajadores/as del hogar)– se promueve la inversión y la formalidad laboral. En tal sentido, a pesar que los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa han reducido significativamente los costos laborales no salariales (beneficios laborales) de un 54% adicional de la remuneración mensual, a 5% y 29,1% respectivamente, sólo se han formalizado el 8,4% de microempresas y el 6,7% de pequeñas empresas bajo los estándares de dichos regímenes desde octubre del 2008. Ello muestra que los principales incentivos para la formalización laboral no están vinculados a la reducción de beneficios laborales, sino que únicamente genera una mayor precarización del empleo.

o Incluso en el caso de la microempresa, la tasa de informalidad laboral se ha mantenido en niveles cercanos al 90%, a pesar de la disminución de beneficios laborales contenida en su régimen laboral especial y el contexto de reducción general de la informalidad laboral, que curiosamente ha disminuido significativamente en los segmentos empresariales sujetos a la legislación laboral general (el 86% de trabajadores formales en el sector privado recibe los beneficios establecidos por la regulación laboral general).

o Es necesario avanzar en mejoras en la regulación laboral y el fortalecimiento de la acción estatal que permitan el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos en el trabajo (actualmente sólo el 6,4% de trabajadores del sector privado formal se encuentra sindicalizado). El Estado debe garantizar la libertad sindical y promover la negociación colectiva como los mecanismos principales para el diálogo social y una distribución razonable y justa del ingreso producido colectivamente, considerando que los trabajadores que acceden a la negociación colectiva tienen la posibilidad de obtener mejores remuneraciones que aquellos que no lo hacen (remuneraciones 50% mayores en promedio).

o Insistir en la reducción de beneficios laborales sólo contribuirá a incrementar la inequidad en la distribución del ingreso entre empresas y trabajadores, cuya brecha se ha ampliado en 18,9 puntos porcentuales del PBI, a favor de las primeras, en los últimos 20 años.

o Es necesario implementar una reforma integral y sostenible de la seguridad social en sus distintas ramas (salud, pensiones, riesgos de trabajo, entre otros). Dicha reforma debe garantizar que se cumplan los fines propios de la seguridad social y no estar desconectada de las necesidades de los ciudadanos/as. La seguridad en los ingresos en las distintas etapas de la vida y la protección de la salud son derechos humanos que deben ser garantizados de manera universal por el Estado, sin perjuicio de que los trabajadores y trabajadoras cuenten con seguros o pensiones privadas de carácter complementario. Actualmente el 37,8% de los trabajadores/as no está cubierto por ningún seguro de salud, mientras que el 67% no se encuentra afiliado a ningún sistema de pensiones.

o Para superar el problema de la informalidad y generar las condiciones propicias para la creación de empleos adecuados, es necesario que el Estado fomente el fortalecimiento empresarial y la mejora de los niveles de productividad de las empresas, promoviendo encadenamientos productivos, el acceso a tecnología limpia, la capacitación laboral, simplificación administrativa, acceso a financiamiento y nuevos mercados, etc. Los “costos laborales” son sólo uno de los factores –no el único ni el más importante– que contribuye a la competitividad y al éxito de los emprendimientos empresariales.

o Finalmente, es importante precisar que según el índice de competitividad global del World Economic Forum 2013-2014 (conformado por 12 pilares), el Perú se ubica en el segundo quintil superior mundial en el ranking del pilar “eficiencia del mercado de trabajo” (competitividad laboral), siendo superado sólo por Chile a nivel de Latinoamérica.

Por todas estas razones, consideramos inoportuna y errada la campaña emprendida por algunos sectores para reducir y flexibilizar aún más las normas laborales, que, como hemos visto, no inciden directamente en el objetivo de la formalización laboral ni en la mejora de la calidad del empleo. Por el contrario, planteamos promover el trabajo decente y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores/as.

Javier Neves Mujica / DNI 07203543
Óscar Dancourt Masías / DNI 07928157
Alfredo Villavicencio Ríos / DNI 06517358
Óscar Ugarteche / DNI 08270749
Carmen Vildoso Chirinos / DNI 07247484
Wilfredo Sanguineti Raymond / DNI 08803608
Humberto Campodónico Sánchez / DNI 06750288
Enrique Fernández-Maldonado / DNI 10269471
Pedro Francke / DNI 10146581
Álvaro Vidal Bermúdez / DNI 09608904
Ernesto de la Jara Basombrío / DNI 07852765
Germán Alarco Tosoni / DNI 06408983
Fernando Cuadros Luque / DNI 41394981
Marta Tostes Vieira / CE 000266496
Christian Sánchez Reyes / DNI 09674209
Javier Mujica Petit / DNI 07217677
Edgardo Balbín Torres / DNI 07627936
Paul Castellanos / DNI 09855781
Guillermo Miranda Hurtado / DNI 07875244
Fernando Eguren / DNI 08246625
Ana María Yañez / DNI 07806650
Mariela Belleza / DNI 40070549
Juan Carlos Vargas / DNI 06698120
Giovanna Larco / DNI 07818800
Raúl Mauro / DNI 09941321
Miguel Canessa Montejo / DNI 091808931
Adolfo Ciudad Reynaud / DNI 10226127
Andrea Sánchez / DNI 42153117
Carlos Alonso Bedoya / DNI 10813358
Efraín Guerra / DNI 07159065
Gianina Echevarría Gutarra / DNI 42397701
Luciana Guerra Rodriguez / DNI 44363818
Katty Caballero Sega / DNI 40543811
Alejandro Monteblanco Vinces / DNI 41942206
Luis Mendoza Legoas / DNI 42436623
Milagros Vivas Ponce / DNI 43939071
Enrique Arias Díaz / DNI 44293342
Joel Cáceres Paredes / DNI 42752194
Willman Meléndez Trigoso / DNI 42821994
Rodolfo Bejarano / DNI 07633423
Luis Miguel Sirumbal / DNI 07833813
Jorge Rojas / DNI 07462463
Kely Alfaro Montoya / DNI 44561170
Paul Maquet Makedonski Valdeavellano / DNI 41463182
Rossana Menacho Herrera / DNI 07219640

La presentacion de la Asociación de Exportadores puede ser descargada desde el siguiente enlace:

Propuesta formalización – PPT ADEX

Las entrevistas a Alfredo Villavicencio y Javier Neves pueden ser descargadas desde el siguiente enlace:

https://soundcloud.com/trabajodignope/entrevista-a-alfredo-villavicencio

http://trabajodigno.pe/videos/

Experiencias de gestión laboral transnacional y participación sindical en las multinacionales españolas: resultados del Seminario

IMG-20141018-WA0010 - PONENTES

Los días jueves 16 y viernes 17 de octubre pasados se desarrolló en la sede del Consejo Económico y Social de Madrid el Seminario Interdisciplinar “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española y sus instrumentos”  al que tuve la ocasión de invitar a los tenaces amigos de este cuaderno de notas hace unas semanas.

La asistencia fue importante, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y el debate que se suscitó a partir de las ponencias de los miembros del equipo del Proyecto de Investigación promotor y nuestros ponentes invitados resulto de gran interés y singular utilidad para perfilar nuestros trabajos con vistas a su próxima publicación.

Concluida esta actividad, tengo ahora la satisfacción de poner a disposición de la comunidad académica y los agentes interesados en estos temas las presentaciones en formato power point utilizadas por la mayoría de los ponentes del Seminario.

Las presentaciones de las ponencias del Seminario pueden ser descargadas desde los siguientes enlaces:

Empresas multinacionales y transnacionalización del Derecho del Trabajo – WILFREDO SANGUINETI

La política de movilidad global del Grupo Telefónica: una experiencia consolidada – AMPARO MOLINA MARTÍN

La aplicación transnacional de códigos de comportamiento ético del sector financiero y asegurador: los casos de MAPFRE, BBVA y Banco Santander – ROSA MORATO GARCÍA

La formación de redes sindicales en las empresas multinacionales españolas : los casos de REPSOL y Telefónica – JUAN BAUTISTA VIVERO SERRANO

Una experiencia en gestación: el Acuerdo Marco sobre Prevención de Incendios y Seguridad en la Construcción en Bangladesh – JOSÉ SOLER ARREBOLA

La participación sindical en el control de las redes mundiales de proveedores y contratistas: la experiencia de INDITEX – ISIDOR BOIX

Un supuesto exitoso de defensa internacional de los derechos sindicales: el caso Topy Top – WILFREDO SANGUINETI

El sistema de gestión y supervisión de proveedores de REPSOL – MIGUEL ANGEL ALMENDROS

La RSC desde la perspectiva económica – AGUSTÍN GARCÍA LASO

CC.OO., RSE y empresas globales – JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

IMG-20141018-WA0006 PUBLICO 1

NUEVA PUBLICACIÓN: “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española” (Eds. Cinca, 2014)

La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española-1

La semana próxima se presenta llena de actividades para el autor de esta bitácora, todas relacionadas con el Proyecto de Investigación “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española”, del que funge como director. Así, los días jueves 16 y viernes 17 tendrá lugar en la sede del Consejo Económico y Social de Madrid el ya anunciado Seminario “Experiencias de gestión laboral transnacional y participación sindical en las empresas multinacionales españolas”, en el que se presentarán y someterán al debate los resultados del tercer año de trabajo de nuestro equipo investigador. Además, la víspera del día de inicio del seminario, es decir el miércoles 15, se llevará a cabo en el local institucional del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología la presentación del libro “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española”, que recoge el fruto nuestros dos primeros años de actividad investigadora. Los tenaces amigos de este cuaderno de notas están, como no podía ser de otro modo, invitados a ambas actividades. Entre tanto, y como anticipo de lo que se dirá en la presentación del libro, transcribo a continuación unos párrafos de su Presentación, sin perjuicio de adjuntarla más abajo a texto completo y con el índice de la obra.

tarjetón-invitación

El despliegue internacional de las actividades de las empresas españolas, y en particular de las de mayor dimensión, ha venido acompañado de la creación de un conjunto de herramientas dirigidas a dar respuesta a las muy diversas necesidades de regulación uniforme que, también en el plano laboral, genera el funcionamiento integrado de sus procesos de producción a escala global. De ello da testimonio la profusión de declaraciones de intención, códigos éticos y de conducta, fórmulas de interlocución de ámbito internacional, acuerdos marco y sistemas de verificación del desempeño laboral de contratistas y proveedores, por aludir aquí los ejemplos más relevantes, a la que hemos asistido en los últimos años, expresión sin duda de la asunción por parte de las mismas de un hasta entonces inédito rol normativo, así como de la conversión de los grupos de sociedades y cadenas de producción y suministro que las integran en espacios de regulación laboral transnacional.

La promesa de una gestión de las relaciones de trabajo que esté en condiciones de armonizar rendimiento económico y sociabilidad que se encuentra detrás de la construcción de esta clase de instrumentos, así como la posibilidad de que ésta proyecte sus efectos a lo largo de los grupos de sociedades y las cadenas de producción lideradas por estas empresas, que se extienden en varios de los casos a decenas de países y abarcan centenares de miles de trabajadores, convierte en un imperativo de primer orden el examen de los motivos que conducen a su empleo, las políticas de corporativas que los sustentan, la singular problemática que plantea su aplicación y el impacto que están teniendo allí donde deben ser aplicados.

Estos fueron los objetivos que llevaron en su momento a un grupo de investigadores de cuatro Universidades españolas, una europea y otra americana, lideradas por la Universidad de Salamanca, a impulsar el Proyecto de Investigación “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española y sus instrumentos”, que contando con la financiación de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia DER 2011-23190), ha hecho posible la realización de los estudios que se reúnen en este libro. En él se aborda, por primera vez, el estudio sistemático de los instrumentos de gestión laboral transnacional puestos en circulación por las empresas multinacionales españolas a lo largo de la última década, tratando ofrecer, de forma simultánea, una visión longitudinal y transversal de los mismos, que permita apreciar no sólo la identidad de cada uno sino sus múltiples conexiones.

La Presentación del libro “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española” puede ser descargada desde el siguiente enlace:

PRESENTACIÓN – Libro EMN – WSANGUINETI

El Indice del libro “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española” puede ser descargada desde el siguiente enlace:

INDICE – Libro EMN

Seminario sobre experiencias de gestion laboral transnacional y participación sindical en las multinacionales españolas

Seminario EMN 2014 imagen_Página_1

La velocidad con la que ha tenido lugar la internacionalización de la empresa española ha determinado que muchos aspectos de la misma de gran interés y transcendencia se encuentren pendientes aun de un análisis detenido. Este es el caso del proceso de construcción de instrumentos de regulación laboral transnacional puesto en marcha por buena parte de las corporaciones de origen hispánico paralelamente a su consolidación exterior.

Este proceso reúne elementos que aconsejan su estudio exhaustivo. De un lado porque conlleva la asunción de una novedosa función de ordenación transnacional de las relaciones de trabajo capaz de proyectarse hacia todas las sociedades y trabajadores que integran las redes de filiales y entidades colaboradoras de estas empresas, sin importar el país donde operen o el vínculo que mantengan con ellas. Pero, del otro, porque detrás de él se sitúa el objetivo, reiteradamente declarado, de desarrollar una gestión de las relaciones laborales dentro de dichas redes que concilie las exigencias de eficiencia y competitividad con el respeto de los estándares de trabajo decente mundialmente aceptados, sirviéndose de fuente de inspiración para ello de los principios de la responsabilidad social corporativa (RSC).

Fruto de una iniciativa conjunta de la Fundación 1º de Mayo y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, el presente seminario busca aproximarse al estudio de un conjunto de experiencias novedosas de regulación transnacional de las relaciones de trabajo puestas en marcha por empresas multinacionales españolas a lo largo de la última década, con el fin de poner de relieve sus puntos fuertes y aquellos aspectos de las mismas susceptibles de mejora. Asimismo, se interroga por el papel que en la gestación y aplicación de las mismas vienen cumpliendo los trabajadores destinatarios de dichas iniciativas y sus representantes, así como por su utilidad para el despliegue de la dimensión transnacional de las organizaciones sindicales.

La realización de este seminario, que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de octubre en la del Consejo Económico y Social de Madrid, forma parte de las actividades del Proyecto de Investigación “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

Me complace mucho invitar a todos los amigos de este bloc de notas a participar en esta actividad, cuyo programa se reproduce a continuación:

Seminario EMN 2014 imagen_Página_2

 

Una nueva cita en Salamanca

La edición de 2015 de los Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca

egresados

Como he tenido la ocasión de relatar ya en esta bitácora, hacia mediados de los años noventa surgió la iniciativa, impulsada por un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, de desarrollar un tipo especial de cursos de formación dirigidos a profesionales del Derecho de América Latina. La idea era ofrecer, en el incomparable marco que ofrece esta varias veces centenaria casa de estudios, un espacio situado a medio camino entre la actualización y profundización de sus conocimientos y la reflexión y el intercambio de experiencias con colegas de otros países de la región.

Los Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, fruto de esa preocupación de nuestra Universidad por proyectarse hacia el espacio académico y profesional de los países del nuevo continente, llevan celebradas XXXV ediciones, estando prevista para el próximo mes de enero de 2015 su Edición número XXXVI.

En esta ocasión la oferta incluye un total de siete cursos, que se impartirán, en su fase presencial, entre el 13 y el 29 de enero. Entre éstos se encuentra el Curso “Problemas actuales del Derecho del Trabajo y derechos fundamentales”, dirigido por el profesor Manuel-Carlos Palomeque López y coordinado por quien escribe estas líneas.

El objeto de este curso es ofrecer una visión panorámica de las principales líneas de transformación de los modernos ordenamientos laborales. Este planteamiento global se ve complementado con el tratamiento detallado de la singular problemática que plantea la proyección al ámbito de las relaciones de trabajo de los derechos constitucionales de titularidad general o “inespecífica”, a la que se dedica su segunda parte.

Para el autor de este blog constituye una gran satisfacción poder invitar a sus lectores, un año más, a participar de tan querida y provechosa actividad.

La oferta incluye en esta ocasión descuentos especiales para grupos, así como para los alumnos de las dos primeras ediciones del Curso de Estudios Avanzados en Derecho Social, que se imparte en Lima de forma conjunta por la Universidad de Salamanca y la Pontificia Universidad Católica del Perú, actividad hermana de la que se realizará ahora en Salamanca.

El programa del Curso “Problemas actuales del Derecho del Trabajo y derechos fundamentales” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://fundacion.usal.es/ced/problemas-actuales-de-derecho-del-trabajo-y-derechos-fundamentales

Para más información:

Fundación General de la Universidad de Salamanca
Formación y Congresos
Hospedería del Colegio Fonseca
C/ Fonseca 2, 1ª Planta
37002 Salamanca. (ESPAÑA)
Telef: + 34.923 294 679
Fax: + 34.923 294 702
E-Mail: fundacion.postgrado@usal.es
https://fundacion.usal.es/ced

 

Miserias del análisis constitucional

Honoré Daumier, litografía, 1846Honoré Daumier, litografía, 1846

No bien aparecida la noticia de la expedición de la Sentencia del Tribunal que resolvió, en sentido negativo como es de sobra conocido, el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres de los aspectos nucleares de la reforma laboral de 2012, se iniciaron las especulaciones en torno a la consistencia del aparato argumental que la sustentaba.

De hecho, casi de forma simultánea, apareció el 16 de julio en el Diario El País un artículo de opinión titulado “Giro cualitativo”, en el que mi apreciado colega y amigo Jesús Cruz Villalón apuntaba, anticipándose a lo que podría leerse cuando fuese publicada, que la misma “implica una importante relectura interpretativa del alcance de ciertos preceptos constitucionales” y “supone un giro cualitativo respecto de lo que venía constituyendo la jurisprudencia constitucional” sobre las materias enjuiciadas.

Pues bien, aunque la publicación oficial de la sentencia en cuestión sigue pendiente, quizá a la espera del inicio de las vacaciones veraniegas, he podido acceder a ella, así como al voto particular que la acompaña, hace un par de días, gracias a la generosidad y diligencia de otro colega. Y, una vez concluida su fatigosa lectura, debo decir a quienes tienen la tenaz costumbre de consultar este cuaderno de notas incluso en fechas tan intempestivas como estas, que la impresión que me ha generado es muy distinta.

Ninguna idea mínimamente innovadora. Ningún planteamiento que permita enriquecer la comprensión de los problemas analizados o introducir matices en la lectura hasta el momento imperante de los preceptos constitucionales implicados. Ningún argumento de fondo que sirva para justificar su eventual sacrificio en aras de la garantía de otros derechos igualmente garantizados por la norma fundamental. Nada de esto encuentro, al menos yo, en esta sentencia. Pese a que, seguramente, para fundamentar la constitucionalidad de las medidas enjuiciados era imprescindible hacer gala de argumentos de este tipo.

Antes bien, dicha argumentación se ve sustituida por la constante invocación a la salvaguarda de la competitividad y viabilidad empresarial, y su posible incidencia favorable sobre el empleo, como factor de justificación de la constitucionalidad de las medidas restrictivas enjuiciadas. A la que se suma la enumeración de los distintos aspectos de su régimen jurídico como elementos justificadores del carácter razonable y proporcionado.

La pobreza del análisis, que roza la miseria en algunos apartados, salta a la vista. Y constituye, no es preciso insistir mucho en ello, una deliberada trasmutación del análisis serio y riguroso de la constitucionalidad de las leyes, en un mero ejercicio de justificación. El cual resulta, por lo demás, capaz de dar cobertura constitucional, dada su amplitud, a cualquier medida restrictiva de la que pueda predicarse la capacidad de reportar ventajas económicas a la parte empresarial.

No hace falta que les anticipe mas. “Pasen y lean”, como suele decir mi querido amigo Eduardo Rojo Torrecilla.

Aquí va la sentencia. Y también el voto particular de Fernando Valdés, cuya virtud más relevante es demostrar la orfandad argumentativa del fallo de mayoría.

Sentencia del Tribunal Constitucional

Voto particular

 

 

 

 

 

 

 

La información previa como límite al uso con fines disciplinarios de la imagen del trabajador

Charles Chaplin, Tiempos modernos, 1936

Charles Chaplin, Tiempos modernos, 1936

No cabe duda que el acontecimiento, ciertamente infeliz, de esta semana está representado por la expedición de la Sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso del Parlamento de Navarra contra la reforma laboral de 2012. Mientras se hace público su contenido, lo que permitirá afinar el análisis más allá de lo que es posible hacerlo con lo que de momento se ha dejado trascender, me permito poner a disposición de los siempre tenaces amigos de esta bitácora el comentario a un interesante pronunciamiento del Tribunal Supremo que tenía previsto publicar el día de hoy.

¿Puede el empresario utilizar con fines disciplinarios las imágenes captadas a través de un sistema de video vigilancia instalado con otros fines en el centro de trabajo, pese a que no informó, ni a los trabajadores, ni a sus representantes, de esa posibilidad?

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2014, de la que he tenido noticia gracias a la infatigable actividad de mi querido colega y amigo Eduardo Rojo, responde negativamente a esta pregunta en un supuesto de despido de una trabajadora basado en información obtenida por medio de cámaras instaladas en la zona de cajas de un supermercado, cuyo empleo como medio de control de su actividad laboral no le había sido comunicado.

Dicha conducta viola, a juicio del supremo tribunal, el derecho de la trabajadora a la protección de datos personales garantizado por el artículo 18.4 de la Constitución española, en la medida en que este derecho garantiza a toda persona el control del uso y destino de las imágenes que permitan su identificación, por lo que debe entenderse que forma parte de su núcleo esencial el derecho de la misma a ser informada sobre quien posee sus datos y con qué fin. Sin que pueda actuar como excepción el mismo el mero interés empresarial a controlar la actividad laboral, al ser preciso para el establecimiento de excepciones a este principio la existencia de una habilitación legal expresa en tal sentido.

La instalación de medios audiovisuales dirigidos a un control sorpresivo o no informado de los trabajadores no es en consecuencia legítima, en la medida en que niega al trabajador la información exigible.

¿Significa esto que la simple información a los trabajadores sobre el eventual empleo en clave sancionadora de los medios de video vigilancia los legaliza sin más y en todo caso?

Naturalmente que no. La información al afectado constituye apenas un requisito previo para el empleo de unos medios de control que, en la medida en que está condiciones de afectar los derechos fundamentales a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos, todos amparados por el artículo 18 de la norma fundamental, debe ser sometido necesariamente también a un test de proporcionalidad, dirigido a valorar su carácter idóneo, necesario y proporcionado. Pudiendo no ser válido igualmente cuando no cumpla alguna de estas exigencias.

Casos como estos, en los que los sistemas de control, de los que los trabajadores tenían noticia, han sido considerados de todos modos ilegítimos por innecesarios o desproporcionados, se han conocido en la experiencia reciente y menos reciente de nuestros tribunales.

La presencia de este importante pronunciamiento judicial, que reitera una línea ya apuntada antes por el Tribunal Constitucional, no hace más que completar el cuadro de garantías que rodea la utilización en clave fiscalizadora y disciplinaria de medios audiovisuales, evitando su utilización encubierta.

Su importancia no es menor, de todas formas, dada la trascendencia de la garantía que sanciona, de la que harían bien en tomar buena nota los responsables de personal, especialmente de los establecimientos comerciales, si desean evitar situaciones como las apuntadas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2014 puede ser descargada desde el siguiente enlace:

STS 13 de mayo de 2014 DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS

El espacio del conflicto en una sociedad democrática

Ralph Fasanella, Bread and Roses (1912)

Ralph Fasanella, Bread and Roses (1912)

A propósito de la masiva criminalización de las prácticas asociadas al ejercicio del derecho de huelga

Resulta sorprendente comprobar cómo, pese a que el derecho de huelga está próximo a cumplir en España nada menos que cuatro décadas ostentando la noble condición de fundamental, siguen sin asumirse en su integridad las consecuencias que de ese reconocimiento se derivan en una sociedad democrática.

Se podrá decir, sin faltar a la verdad, que aquí a nadie se le impide hacer una huelga. Me pregunto, sin embargo, si la garantía del derecho de huelga, tal y como viene reconocido en por Constitución, se agota en la sola protección del hecho puramente material de dejar de trabajar concertadamente.

Desde luego no, como pudimos comprobar hace un par de semanas, cuando se llevan a cabo por el destinatario de dicha abstención, es decir el empresario, prácticas que buscan que ésta no tenga efecto alguno sobre sus programas de producción. Entonces, una garantía elemental de la finalidad que anima el ejercicio de este derecho, conduce imponer al mismo el deber de soportar las consecuencias de su ejercicio, sin posibilidad por tanto de limitarlas o impedirlas.

Tampoco, aunque esto parezca menos evidente, cuando lo que se hace es reprimir, como se viene haciendo en la última etapa a través de una diversidad de procedimientos penales y administrativos que afectan a más de doscientos cincuenta trabajadores en todo el país, aquellas conductas que, en paralelo a la negativa a trabajar, buscan hacer patente su realización y reforzar sus efectos. Me refiero, naturalmente, a acciones como las protagonizadas en el marco de muchas huelgas, tanto por trabajadores a título individual como por grupos más o menos organizados, reunidos en torno a los denominados “piquetes informativos”.

Pudiera pensarse que estas acciones, conocidas por todos, son lícitas en la medida en que se dirigen a difundir la medida. Pero no, cuando buscan ejercer presión, ya sea sobre el empresario o sobre los trabajadores que no adhieren a ella. Y de hecho es así cuando atentan frontalmente contra la libertad, la dignidad, la integridad o en general los derechos fundamentales de los afectados. Algo que no ocurre siempre, naturalmente. Pero tampoco en la inmensa mayoría de los casos. Sobre todo porque, a la hora de valorar la intensidad de la limitación que dichas conductas introducen en los derechos de sus destinatarios, es preciso tener en cuenta la finalidad que las anima y el contexto en el que son realizadas.

Me explicaré brevemente.

Para empezar, conviene no perder de vista que el derecho de huelga es, como indicó hace ya mucho tiempo Federico Durán, un derecho “cuya esencia consiste precisamente en la producción de un daño”. Un auténtico “monstruo jurídico” cuyo propósito es conceder a la parte con menos poder dentro de la relación laboral un instrumento que le permita ejercer sobre el empleador la “coacción psicológica” necesaria para forzarla a adoptar un acuerdo favorable a sus intereses. Dicho esto último con palabras nada menos que de Pietro Calamandrei. La función de la huelga es, así pues, equilibrar las posiciones desiguales de trabajadores y empresarios sirviéndose del elemento instrumental de la presión derivada de la ruptura de la normalidad del proceso productivo. Un resultado que no sólo contribuye a la salvaguarda del interés individual de quienes llevan a cabo la huelga, sino que contribuye con carácter general a la plasmación efectiva de uno de los valores nucleares del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, como es la igualdad.

Este derecho se ejerce, por lo demás, en un espacio sometido al poder del empleador, como es la empresa. Un espacio que no puede ser considerado, por tanto, como de plena libertad o autodeterminación de los trabajadores sujetos a él, máxime cuando de ejercer el derecho de huelga se trata. Antes bien, como puso manifiesto en su día Luis Arroyo Zapatero, se trata de un espacio de coacción, en el que la decisión de adherir o no a una huelga puede verse decisivamente condicionada por la apreciación negativa que esa conducta genere en el empleador, que es precisamente el sujeto pasivo de la medida, y las consecuencias que éste pueda extraer de la misma. Unas consecuencias que pueden ser especialmente expeditivas y dramáticas, claro está, cuando se trata de trabajadores con vínculos sujetos a algún nivel de precariedad.

Resulta claro que, en un contexto como éste, un nivel de resistencia o incluso de presión superior al habitual puede resultar legítimo a los efectos de compensar, en la medida de lo posible, el efecto coactivo que es capaz de ejercer la presión de la otra parte. Y que, por tanto, actuaciones que en otros ámbitos no necesariamente estarían justificadas, están en condiciones de serlo cuando de lo que se trata es de poner en práctica una huelga, como lo ha declarado en más de una ocasión, por cierto, el Tribunal Constitucional, en relación con el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de un conflicto laboral. Actuaciones sin duda “ásperas”, como las ha calificado Antonio Baylos en una reciente entrada publicada en su bitácora personal, hermana de ésta, pero legítimas a fin de cuentas en el marco y con el propósito con el que son realizadas.

Sin ello la efectividad del derecho huelga, más aún en un contexto de marcada precariedad laboral como el actual, difícilmente se sostiene. Los perdedores con ello no son sólo los trabajadores, sino la libertad, el pluralismo y la igualdad que caracterizan a nuestras sociedades de democracia avanzada.

A continuación se ponen a disposición de los siempre tenaces amigos de este espacio compartido sendos textos de Antonio Baylos y Juan Manuel Pérez Castañón que profundizan sobre los alcances de actual escalada en contra del derecho de huelga y las herramientas jurídicas que existen para hacerle frente.

El texto de Antonio Baylos “No se regula la huelga desde el Código Penal” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://baylos.blogspot.com.es/2014/06/no-se-regula-la-huelga-desde-el-codigo.html

El texto de Juan Manuel Peréz Castañon “¿Es la huelga un derecho fundamental? A la justicia penal española no se lo parece …”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/huelga-derecho-fundamental-justicia-espanola_0_277172373.html

 

 

La garantía de la efectividad del derecho de huelga en los despidos colectivos: el caso Coca Cola

Mihály Munkácsy, ¡Huelga! (1895)

Mihály Munkácsy, ¡Huelga! (1895)

Esta semana los ambientes jurídicos se han visto remecidos por la expedición de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de junio de 2014, por la que se declara la nulidad del despido colectivo puesto en marcha de manera conjunta por las distintas en las empresas que se encargan en España de la preparación la distribución de las bebidas de la marca Coca Cola.

El impacto ha sido tan grande que incluso se ha llegado a anunciar una reacción del propio Tribunal Constitucional, encabezado nada menos que por su Presidente, dirigida a frenar la escalada de los jueces en contra de la aplicación que vienen haciendo los empresarios de la reforma laboral de 2012, aprovechando que se encuentran ahora mismo pendientes de resolución sendos procesos de inconstitucionalidad contra la misma.

Esta por ver si dicha intervención se produce. Y si es posible, con la Constitución en la mano, adoptar una interpretación de sus preceptos que pueda cortar de raíz toda pretensión judicial de valorar la adecuación causal de las decisiones adoptadas a nivel empresarial en estos casos. Cosa, por cierto, harto difícil, a la luz de los materiales jurídicos a aplicar, al menos en opinión de quien esto escribe. Por más que convenga no desafiar el talento creativo de algunos de nuestros juristas del trabajo de signo conservador.

El caso Coca Cola tiene, sin embargo, bastantes más aristas que las derivadas de la validez causal y procedimental de la decisión colectiva de despedir. Entre ellas una muy notable, que me atrevo a aventurar es capaz de teñir de ilicitud el supuesto incluso al margen de la valoración que pueda hacerse en la instancia judicial superior de las cuestiones de fondo y forma afectadas.

Me refiero a la vulneración del derecho de huelga que se produjo durante la tramitación del período de consultas debido a la decisión de la empresa dominante de modificar las rutas habituales de distribución del producto con el fin de suministrarlo desde otras embotelladoras del grupo a los clientes de la zona cubierta por la fábrica de Fuenlabrada, que se encontraba paralizada como consecuencia del seguimiento masivo por los trabajadores de una convocatoria de huelga realizada por sus representantes.

Como acierta a apuntar la Sentencia, aunque estas medidas “fuesen lícitas en condiciones de normalidad productiva, no lo son cuando tienen por efecto un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación de la presión asociada a su ejercicio”.

Se continúa y profundiza, de este modo, en la línea ya apuntada por otros pronunciamientos, primero del Tribunal Constitucional y luego de los tribunales ordinarios, de ofrecer una tutela sustancial y no sólo formal del derecho de huelga. Y, por tanto, protegerlo, no sólo frente a los actos que impiden materialmente la realización de la conducta huelguística o suponen una represalia frente a ella, sino también respecto de aquellos, más sibilinos y a la vez más eficaces, que se dirigen a impedir que la misma afecte los programas de producción de la empresa.

Con la particularidad, en este caso, que la vulneración es imputada tanto a la empresa afectada directamente por la huelga como a la sociedad dominante que adoptó la decisión de movilizar la producción de las otras embotelladoras para conseguir ese resultado. La garantía de la efectividad del derecho de huelga no se limita de tal modo al espacio de su ejercicio estricto, sino que se proyecta al ámbito de los grupos de empresas, imponiendo límites estrictos también a las decisiones que son susceptibles de ser adoptadas a ese nivel.

El resultado de la conducta adoptada como reacción frente a la huelga, en el fondo imprudente a la luz de las consecuencias que era capaz de producir, no es otro que la nulidad del despido colectivo por vulneración de este derecho fundamental de huelga, en aplicación de lo previsto por el artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Consecuencia, esta última, que se produce al margen de cualquier apreciación sobre la mayor o menor adecuación procedimental o fundamento causal del mismo. Y que encuentra en este caso su fundamento material en la garantía del poder de negociación de los trabajadores en el marco de un proceso de tan decisivas consecuencias para ellos como es un despido colectivo. Un elemento sin el cual el mismo queda, como es evidente, desnaturalizado y pierde todo sentido.

Lo destaca con claridad la Sentencia cuando señala que dicho comportamiento “ha tenido una incidencia directa en la negociación del período de consultas, puesto que la huelga cuyos efectos ha minorado y desactivado se llevada a cabo” durante el mismo “precisamente, como instrumento de presión por parte de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva del despido colectivo. De allí que la negociación del período de consultas se haya visto afectada por esa conducta empresarial contraria a los derechos fundamentales, lo que es también causa de nulidad del despido colectivo conforme al artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social”.

Las empresas, pues, deben jugar limpio en el proceso de negociación de un despido colectivo. Incluso cuando se sientan avaladas por una causa válida para llevarlo a cabo.

A continuación me complace poner a disposición de los tenaces amigos de esta bitácora la Sentencia comentada, a la que he podido acceder gracias a la amabilidad de mi querida colega de la Universidad de Castilla-La Mancha Juana María Serrano García.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de junio de 2014 (caso Coca Cola) puede ser descargada desde el siguiente enlace:

SAN ERE COCA COLA 12 JUNIO 2014