Un nuevo AMI: el Acuerdo Laboral Global sobre Responsabilidad Social de GAMESA

Claude Monet, Molinos de viento cerca de Zaandam (1871)

Claude Monet, Molinos de viento cerca de Zaandam (1871)

Esta semana se ha escribo un nuevo capítulo del proceso de despliegue de la dimensión global de la autonomía colectiva. La noticia me ha llegado, cómo no, a través de mi querido amigo Isidor Boix, el cual informa de la suscripción de un nuevo acuerdo marco internacional entre la multinacional española de la industria eólica GAMESA e IndustriALL Global Union y las federaciones sindicales de rama españolas del sector el pasado miércoles 18 de febrero.

Sirva esta breve nota para difundir entre los amigos de este bloc de notas el contenido de este acuerdo, dentro del cual se incluyen varios elementos de interés, tanto en relación con sus contenidos como con las instancias y procedimientos de carácter paritario a los que se vincula el control de su aplicación. Con todo, seguramente la clave más importante para comprender la importancia de este instrumento se encuentre en la apuesta que a través de él se hace por pasar de una visión puramente unilateral de la gestión de los compromisos de responsabilidad social empresarial, expresada a través del código de conducta de esta empresa, a otra que considera al diálogo social, tanto a nivel macro como micro, como el eje vertebrador de las relaciones laborales al interior de este grupo multinacional.

El texto del Acuerdo Laboral Global sobre Responsabilidad Social entre el Grupo Gamesa, la representación social e IndustriALL Global Union puede ser descargado desde el siguiente enlace:

ACUERDO LABORAL GLOBAL entre INDUSTRIALL G.U. y GAMESA – 18 febrero 2015

La Carta Social Europea: herramienta eficaz de defensa de los derechos sociales en tiempos convulsos. Una nota de CARMEN SALCEDO

Rubens, El rapto de Europa

Rubens, El rapto de Europa

Vivimos tiempos convulsos y a la vez confusos, en los que algunas de las certezas del pasado, incluida la relativa al papel nuclear de los derechos sociales dentro de nuestras sociedades democráticas, parecen ceder paso a una suerte de relativismo que sólo admite su efectividad en la medida en que no se contraponga con las políticas de ajuste impuestas por los mercados  y aplicadas por las instituciones gubernamentales. Sin que los órganos que tienen por función constitucional precisamente velar su efectividad atinen a hacer otra cosa que convalidar las decisiones adoptadas.

Los derechos sociales, sin embargo, además de conformar el orden constitucional, son un componente esencial del orden internacional y están presentes en numerosos tratados de cumplimiento exigible a Estado español. Que el primer nivel de garantía de dichos derechos muestre su inefectividad no supone, por ello, que tenga también que ceder este otro.  Muestra palpable de ello es son las experiencias de aplicación de la Carta Social Europea, tanto a nivel internacional como interno, de las que nos da cuenta mi apreciada colega Carmen Salcedo en esta entrada, elaborada especialmente para esta bitácora, que tengo el gusto de compartir a continuación con sus tenaces amigos.

Habiendo transcurrido escasamente mes y medio del año 2015, se puede ya señalar que este año ha comenzado mostrando las mismas divergencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales que el año 2014 protagonizó.

Así, brevemente recordaré que el año pasado cerró con seis sentencias de los Juzgados de lo Social (tan sólo una de las primeras ha sido revocada por la STSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 2014), y toda una serie de Votos particulares en Autos de Tribunales Superiores de Justicia, que, en cumplimiento del control de convencionalidad reconocido en el art. 96.1 de la CE, y desarrollado en la recientemente aprobada Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos, aplicaron directamente el art. 4.4 de la Carta Social Europea (1961) y la Decisión de Fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales de 23 de mayo de 2012 en materia del período de prueba de un año del contrato de apoyo a emprendedores (Ley 3/2012), ignorando la normativa nacional que lo regula, destacando de esos pronunciamientos las tres emitidas a finales de 2014 (Juzgados de lo Social nº 3 y 19 de Barcelona de 5 y 11 de noviembre y Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo de 27 de noviembre), es decir, con posterioridad a la primera sentencia del Tribunal Constitucional que avaló esa reforma (STC 119/2014, de 16 de julio), que la sortearon invocando el necesario cumplimiento del precepto constitucional apuntado y en el importantísimo Voto particular de tres de sus magistrados.

Por lo que se refiere al este año que acaba de comenzar, en el mes de enero se han publicado las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales que, tal y como avancé, han condenado a España directamente por violación de los derechos laborales reconocidos en la Carta Social Europea y en el Protocolo adicional de 1988 (arts. 2.2, 2.3, 2.5, 4.3., 5, 6.1, 6.3 y arts. 2 y 3, que regulan derechos tan importantes como el de la negociación colectiva, el derecho a unas condiciones laborales y remuneración adecuadas o a la protección en materia de seguridad y salud), que han sido absolutamente ignoradas por el Gobierno así como por la segunda sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, que, de nuevo, ha respaldado la reforma laboral.

A esta descoordinación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, se le ha unido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acaba de emitir el 5 de febrero una sentencia en la que simplemente ha preferido no entrar en el fondo del asunto planteado (periodo de prueba de un año), si bien se ha de destacar positivamente la mención que realiza a la Carta Social Europea y a la decisión de fondo aludida, que no suele realizar normalmente. Desaprovecha el tribunal comunitario una excelente oportunidad para evidenciar su interés en garantizar los derechos sociales en tiempos de crisis económica, como sí ha hecho su homólogo europeo.

El panorama existente no es fácil de entender y la solución a estas interpretaciones “encontradas” pasa, a mi modo de ver, por reconocer la existencia de diferentes niveles de protección de los derechos sociales, compatibles entre sí, siendo en estos momentos la Carta Social Europea uno de los más elevados.

La relevancia de este Tratado y su imparable avance es incuestionable desde hace mucho tiempo, viéndose reforzada a partir del año 2012 en el que su órgano de vigilancia y control (Comité Europeo de Derechos Sociales) emitió toda una serie de Decisiones de Fondo que exigían a países como Grecia o Suecia, y ahora a España, el cumplimiento del Tratado que en su día ratificaron, no cediendo a las presiones recibidas de otras organizaciones internacionales.

La Conferencia de Turín de octubre de 2014 confirmó y relanzó la Carta Social Europea, siendo el punto de partida del Processus de Turin y esta semana se ha continuado esa labor en la importante Conferencia Internacional que se ha celebrado en Bruselas los días 12 y 13 de febrero, sobre El futuro de los derechos sociales (http://www.coe.int/fr/web/portal/high-level-conference-esc-2014), al que hemos asistido y contribuido los expertos que llevamos tiempo investigándola, culminando con la elaboración del Document de Bruxelles, en el que se han fijado las líneas a seguir en los próximos meses para avanzar en la aplicación de los derechos sociales, de las que iré informando próximamente en el estudio que estoy elaborando.

Para más información sobre el Proceso de Turín, puede consultarse el siguiente enlace:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801eac96

NUEVA PUBLICACIÓN: “Derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa” de Cesar Carballo y Wilfredo Sanguineti

Carballo-sanguineti-derechos fundamentales y libertad de empresa

A estas alturas no constituye una novedad afirmar que los derechos fundamentales que los trabajadores ostentan como ciudadanos pueden ser ejercidos también en el ámbito de la relación de trabajo. Transformaciones profundas, tanto de índole social como jurídica, han hecho posible en las últimas décadas que este sea un efecto generalmente reconocido en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno cultural. Aún así, creo que es forzoso reconocer que, al menos hasta el momento, esa aplicación esta ofreciendo unos pobres resultados.

En todos los casos existen, como no podía ser de otro modo, una serie de sentencias que que aplican esos derechos a situaciones concretas vinculadas con el mundo del trabajo. Pero sin que ello haya supuesto, como podía esperarse, una transformación real del “modo de estar” de los trabajadores en la empresa, como postulaban ya en los años setenta los juristas italianos que impulsaron el Statuto dei Lavoratori. Es mas, en el fondo seguimos sin saber cómo, qué supuestos y con qué amplitud se aplican estos derechos a las relaciones de trabajo. Y cuándo, por contra, han de sufrir limitaciones o experimentar restricciones en manos de los poderes empresariales.

Lo que ocurre es qué, como es evidente, la afirmación de la vigencia de esos derechos es en realidad un punto de partida antes que propiamente de llegada, ya que, una vez admitida, es preciso resolver el delicado problema de su relación con los deberes asumidos por el trabajador a través del contrato de trabajo. Y en particular con el ejercicio de las facultades empresariales que emanan de él. Unos deberes y facultades cuya capacidad de incidir negativamente sobre el ejercicio de esos derechos es evidente. Y cuya delicada relación con los mismos, sin embargo, no se encuentra adecuadamente tratada y resuelta en la mayor parte de los casos.

Este es el panorama de fondo a partir del cual se construye la obra que tengo la satisfacción de presentar el día de hoy a los siempre tenaces amigos de este cuaderno de notas.

Fruto de la colaboración con mi muy querido colega y amigo César Augusto Carballo a partir de una intervención común en uno de los congresos internacionales organizados en la Isla Margarita por los amigos de la Fundación Universitas de Venezuela, la obra incluye dos estudios complementarios entre sí a través de los cuales los autores profundizamos, primero en la consideración profunda de los derechos fundamentales del trabajador como categoría jurídica, y luego, sobre esta base, en el estudio de la delicada relación entre estos y la libertad de empresa, recurriendo en este último caso al “juicio de ponderación” como “la brújula que permite la navegación a través del piélago de las relaciones” entre ambos.  Es decir, “entre derechos fundamentales inespecíficos del trabajador y libertad de empresa”, como apunta Carlos Palomeque, por cierto creador de la categoría, en el Prologo que ha tenido la amabilidad de preparar para esta obra.

Editado por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, el libro incluye también un apéndice en el que se ofrece una amplia selección de sentencias de hasta siete países que permite apreciar los avances que se vienen registrando en la garantía de estos derechos en España y América Latina, pero alerta a la vez del carácter excepcional que por el momento viene teniendo su aplicación. Así como sobre la necesidad de construir herramientas que la hagan posible. Por cierto, no sólo en su faceta defensiva, de no afectación por el empleador, sino fundamentalmente activa, de reformulación del marco contractual para facilitar su ejercicio cuando pueda entenderse que ha de prevalecer constitucionalmente la tutela del interés del trabajador sobre el del empresario.

La obra cuya presentación aquí concluye intenta ofrecer elementos, procurar herramientas y aportar pistas para avanzar en esa deseable dirección.

El sumario del libro “Derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa” de Cesar Carballo y Wilfredo Sanguineti puede ser descargado desde el siguiente enlace:

INDICE – LIBRO derechos fundamentales del trabajador y libertad de empresa CARBALLO SANGUINETI

Más información en:

https://twitter.com/publiucab

 

 

El empleo crece más que el PIB: ¿Es una buena noticia?

Umberto Boccioni, The Street Pavers (1914)

Umberto Boccioni, The Street Pavers (1914)

El informe de Economistas frente a la crisis sobre los resultados de la última Encuesta de Población Activa

Dicen algunos economistas que cualquier serie de datos “confesará” lo que se desea “si se la tortura suficientemente”. Algo de esto parece estar ocurriendo con los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicados el pasado jueves, que están siendo utilizados para alimentar las más dispares valoraciones sobre la evolución del empleo en España. Desde las más optimistas, por supuesto provenientes de fuentes gubernamentales, hasta las más críticas, impulsadas por la oposición y las organizaciones sindicales.

Existe, no obstante, un dato, puesto de relieve por el colectivo Economistas frente a la crisis (EFC), del que forma parte mi amigo José Ignacio Pérez Infante, que nos coloca delante del meollo de la cuestión. Y que seguramente explica con solvencia, más allá de los intereses distintos y las visiones encontradas, el por qué de tan dispares puntos de vista. La constatación no puede ser más simple: mientras que el empleo registró una tasa de crecimiento del 2,5 % el pasado año, al haberse incrementado en más de cuatrocientas mil personas, el producto interior bruto lo hizo en sólo un 1.6 %. Actualmente en España, pues, “el empleo está creciendo sustancialmente por encima del PIB”. Bastante más “de lo que lo hace la producción”.

La anterior parecería ser, a primera vista, una magnifica noticia. Casi un escenario de ensueño, dentro del cual cada fracción de incremento del PIB se vería recompensada nada menos que por un aumento casi por partida doble de la población ocupada. No es de extrañar la euforia gubernamental. Ni tampoco su previsión, de evidente vocación electoral, de creación de nada menos que un millón de puestos de trabajo entre 2014 y 2015. Algo, vistos estos dados, al alcance de la mano. Los responsables de semejante éxito serían, claro, una adecuada política económica y las reformas introducidas en el mercado de trabajo en los últimos años.

En EFC no son tan optimistas. Para este colectivo, el hecho de que el empleo crezca más que el PIB supone dos cosas: a) que los empleos que se están creando producen muy poco, son en su inmensa mayoría de muy baja productividad, vinculados a actividades estacionales o trabajos en el sector servicios de escaso valor añadido; b) que el número de ocupados aumenta realmente más que el empleo, siempre que lo midamos en términos de puestos de trabajo a tiempo completo y por todo el año, y no de personas trabajando. Este último es un dato que viene corroborado, añaden, por la Contabilidad Nacional, de acuerdo con la cual el empleo crece a una tasa que casi duplica el crecimiento global de las horas de trabajo en la economía. Y que significa en última instancia que, en “lo que debería ser un empleo estable con trabajo anual y jornada completa”, trabajan ahora “varios ocupados por horas y/o con contratos temporales”. Más que crearse empleo por encima del crecimiento, lo que se está haciendo entonces es convertir “un salario completo y decente” en varios “mini salarios” que se abonan a varios trabajadores con “mini empleos”.

No sólo, en consecuencia, empleo precario y de mala calidad. Sino también en volúmenes muy inferiores en términos reales a los que las cifras oficiales nos quieren dan a entender. Y que sirve además para alimentar la ilusión de una salida de la crisis que no es tal, así como del supuesto éxito de unas medidas económicas y jurídicas que, en realidad, no han hecho más que reforzar y profundizar los viejos vicios y deficiencias de la economía española y su mercado de trabajo.

Frente a ello, tienen razón en EFC, es preciso un cambio de rumbo, tanto en la política económica como en la regulación del mercado de trabajo. Afortunadamente, el año que acaba de empezar es año de elecciones en España. De expectativa de cambio, por tanto.

El Informe de Economistas frente a la crisis sobre la última Encuesta de Población Activa puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/epa-4-trimestre-2014-empleo-poco-futuro/20150122181431111584.html

La versión de 2014 del Acuerdo Marco Global INDITEX-IndustriALL

Trabajo infantil en una fábrica textil (EE.UU.,1908)

Trabajo infantil en una fábrica textil (EE.UU.,1908)

No es ya a estas alturas una novedad, pero si un hecho muy relevante que no podía pasar ajeno a una bitácora como ésta, particularmente atenta a los avances que vienen dándose en el camino hacia una garantía de los derechos laborales fundamentales a nivel global.

Al lado de los avances alcanzados en la aplicación del Acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh, suscrito por casi dos centenares de empresas multinacionales del sector textil que realizan encargos en este país, seguramente la firma de la renovación del Acuerdo marco global relativo al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la cadena de producción de Inditex, realizada en Ginebra el pasado mes de julio entre representantes de esta compañía e IndustriALL Global Union constituye el acontecimiento más relevante de todos los vinculados con tan decisiva materia. No sólo por lo que supone de ratificación de una experiencia que ambas partes no dudan en considerar muy positiva, sino por el elevado valor transformador de las visiones unilaterales de la RSE especialmente al uso que la misma supone.

De allí que no me resista a presentar a los tenaces amigos de este cuaderno de notas el nuevo texto del citado acuerdo marco y sus anexos. Entre ellos, el Protocolo específico para concretar las fórmulas de participación sindical en su aplicación, de cuyo marcado carácter innovador pueden albergarse pocas dudas.

Los enlaces a estos instrumentos vienen precedidos de la nota que en su día publicó mi apreciado amigo Isidor Boix, coordinador de IndustriALL Global Unión para la aplicación de este acuerdo marco, dando noticia de su aprobación.

Renovación del Acuerdo Marco Global de IndustriALL Global Union con INDITEX

El pasado 8 de julio se firmó en Ginebra, en la sede de la OIT, la renovación del Acuerdo Marco de la Federación Sindical internacional, IndustriALL Global Union, en la que están organizados los trabajadores y trabajadoras del textil-confección, con la multinacional española Inditex, primera distribuidora mundial de ropa (unos 1.000 millones de prendas al año) que comercializa 10 marcas, de las que la más conocida es “ZARA”.

El Acuerdo Marco establece el compromiso de la multinacional española con el sindicalismo mundial organizado en relación con su política y práctica de Responsabilidad Social, con el objetivo de garantizar el trabajo decente en toda su cadena de producción (unas 5.000 fábricas y talleres en unos 40 países y en los que trabajan en torno a 1 millón de trabajadores). Además de la definición de las bases del trabajo decente, es decir los Convenios de la OIT, establece con claridad su aplicación en toda la cadena de producción, hasta la última subcontrata, y también la concreta intervención sindical a nivel global, IndustriALL Global Union, y en cada país a través de los sindicatos locales, con la dirección y coordinación de la federación sindical mundial.

El texto firmado incluye una parte “declarativa”, con un  balance consensuado sobre los ya 10 años de trabajo coordinado sindical-empresarial, en el propio Acuerdo Marco, y dos Anexos: uno con el Código de Conducta y otro con los derechos de intervención de los sindicatos locales.

Hasta el momento éste es el único Acuerdo Marco en la industria textil mundial y uno de los principales de referencia para el sindicalismo mundial por estas características (expresa referencia a toda la cadena de producción y distribución y derechos de directa intervención de los sindicatos locales).

Al Acuerdo Marco se firmó en 2007 por parte de Inditex con la entonces Federación Sindical Internacional del Textil-Confección-Piel, la ITGLWF, integrada hoy en la Federación sindical global de la industria. En 2012 tuvo un desarrollo con el Protocolo 2012 que explicitaba los derechos de los sindicatos, desde la internacional IndustriALL hasta los sindicatos locales, en relación con el conocimiento de las redes de producción en cada país, capacidad de seguimiento de las condiciones de trabajo de las fábricas y talleres que las integran, y derecho de presencia en los centros de trabajo de la red de producción de su país.

Todo ello se incluye en el texto firmado en la sede de la OIT y que incorpora una parte declarativa que hace un positivo balance de la experiencia de la aplicación en estos años del vigente Acuerdo Marco.

Por parte sindical ha firmado el Secretario General de IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, y por parte empresarial el Presidente de Inditex, Pablo Isla, con la presencia del Subdirector General de la OIT Gilbert Houngbo. Conmigo, como Coordinador de IndustriALL para la aplicación del Acuerdo Marco, asistieron los Secretarios Generales de las Federaciones sindicales que organizan a las trabajadoras y trabajadores españoles del textil-Confección: Agustín Martín, de CC.OO. de Industria, y Antonio Deusa, de FITAG-UGT.

Isidor Boix

El Acuerdo marco global relativo al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la cadena de producción de Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Acuerdo_marco_global_-_Inditex_-_IndustriALL_Global_Union

El Código de Conducta para fabricantes y proveedores del Grupo Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Codigo_de_conducta_de_fabricantes_y_proveedores Inditex

El Protocolo para concretar la participación sindical en el fortalecimiento del Acuerdo marco global en la cadena de producción de Inditex puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Protocolo_para_concretar_la_participacion_sindicaL Inditex – IndustriALL Global Union

Sobre el valor de los derechos laborales en una sociedad democrática: apostillas al debate sobre la “Ley Pulpín”

ley pulpin 1

Mientras los medios de comunicación se enzarzaban en un complejo debate de marcado tinte económico sobre las ventajas y desventajas de la aprobación de la Ley 30288, por la que se “promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”, bautizada popularmente en el Perú como “Ley Pulpín” debido al colectivo juvenil al que va prioritariamente dirigida, decenas de miles de jóvenes peruanos optaron por salir a las calles, de forma masiva y espontánea, para reivindicar la restitución de los derechos cercenados por esta norma frente al Gobierno y los gremios empresariales considerados impulsores de la medida.

¿Qué fue lo que motivó semejante reacción defensiva de unos derechos –estabilidad en el empleo, vacaciones pagadas, gratificaciones extraordinarias, etc.– a los que buena parte de los manifestantes no había tenido todavía la ocasión de acceder debido a su corta edad y limitada experiencia laboral?

Me atrevo a aventurar que una dimensión del problema que, por llamativo que pueda parecer, ha sido soslayada dentro del debate sobre la norma, machaconamente centrado en demostrar el carácter “necesario” o “innecesario” de las medidas adoptadas desde el punto de vista económico. Esta no es otra, en mi opinión, que la reivindicación del valor de los derechos laborales como instrumento de inclusión social y construcción de una sociedad democrática. Una dimensión de los mismos a la que, luego de décadas de presión de las ideas neoliberales, no parecen prestar especial atención incluso quienes asumen su defensa, pero sobre la cual se asienta de forma plena su legitimidad. ¿O es acaso que, de poderse demostrar, como de momento no se ha conseguido, que una reducción de los derechos laborales sería capaz de favorecer una mejora del crecimiento y apuntalar el empleo, habría que renunciar a ellos?

A poco que se preste atención a las pancartas que portan los jóvenes manifestantes se podrá apreciar que lo que los guía es una reivindicación profundamente democrática: no ser tratados como ciudadanos de segunda, con menos derechos que cualesquiera otros. Unida a la conciencia, claro está, de que para ello la garantía de un trato digno y justo en el ámbito laboral resulta fundamental.

Se trata, en el fondo, de la reivindicación espontánea del carácter social, y no sólo civil o político, de la noción de ciudadanía. Y la conexión de ésta, por tanto, no sólo con el reconocimiento de las libertades individuales y el derecho al voto, sino también, de forma inescindible, con un conjunto de derechos a través de los cuales el Estado busca garantizar a las personas un mínimo de bienestar al margen de las condiciones de funcionamiento del mercado, en línea con el pensamiento de T. H. Marshall.

Comprender esta dimensión esencialmente política y democrática del problema y ponerla por delante de cualquier otro tipo de argumentación me parece fundamental para conectar con el sentido profundo del movimiento social gestado al calor de las protestas contra la Ley. Por más que, seguramente, haya que añadir a continuación que la experiencia demuestra que las estrategias de reducción de costos laborales en ningún caso han contribuido al logro de objetivos como los que la ley se propone. E incluso sustentar que tanto el crecimiento económico como el desarrollo social, si bien entendidos, tienen en los derechos laborales un importante aliado antes que un adversario.

El texto de la Ley 30288, por la que se “promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Ley 30288

La vuelta del debate sobre la distribución de la riqueza: “El capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty

Piketti iii

Vuelve con fuerza el debate sobre la distribución de la riqueza. Y lo hace además en un momento en el que parecía encontrarse sepultado, a pesar de las siempre presentes voces críticas, por la apabulladora influencia del pensamiento neoliberal. Responsable de este cambio es la aparición de la obra “El capital en el siglo XXI”, del académico francés Thomas Piketty, cuya traducción al español acaba de ser publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica.

El objeto de esta obra, que resume más de una década de trabajo de investigación del autor, es llevar a cabo una aproximación basada en evidencias empíricas a la evolución que ha experimentado a lo largo del tiempo la siempre controversial cuestión de la distribución de la riqueza, con el objeto de extraer de ella conocimientos y enseñanzas útiles para la etapa que estamos viviendo.

Como no podía ser de otro modo tratándose de una cuestión nuclear, las preguntas que a tal efecto se plantea la obra están decisivamente condicionadas por los términos del debate precedente. “Acaso –se interroga a estos efectos el autor– la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo XIX? O bien, ¿acaso las fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso técnico conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kutznets en el siglo XX?”

La respuesta que ofrece Piketty a partir de un monumental trabajo de recopilación y análisis es sin duda compleja. Pero se encuentra bastante más cerca de la inquietante “intuición fundamental” del primero que de la tranquilizadora visión del segundo. Esta se concreta en una sencilla ecuación de gran valor simbólico: r > g, donde r representa la tasa de rendimiento del capital y g la tasa de crecimiento o incremento anual del ingreso y de la producción. Esto significa, dicho en pocas palabras, que cuando la evolución de una economía de mercado se ve “abandonada a sí misma”, es decir sin que actúe ningún elemento de corrección, la tasa de rendimiento del capital resulta ser por lo general significativa y duramente más alta que la tasa de crecimiento del ingreso y la producción. Algo que ocurrió, por cierto, a lo largo de todo el siglo XIX y las dos primeras décadas del XX y está volviendo a suceder de manera por demás manifiesta en la actualidad. Y que determina que la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales no solamente no disminuyan sino que estén en condiciones de aumentar cada vez más.

El capitalismo produce “mecánicamente”, así, “desigualdades insostenibles, arbitrarias”, que “resultan potencialmente amenazadoras para nuestras sociedades democráticas y para los valores de justicia social en que están basadas”. Dejarlo operar sin ningún tipo de contrapeso, instrumento o herramienta redistributiva, por tanto, no parece ser una buena opción. No sólo para la supervivencia de estos últimos, sino incluso para el mantenimiento del primero.

La historia de distribución de la riqueza, sin embargo, observa Piketty, “es siempre profundamente política”, en la medida en que “depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello”. Hay que “desconfiar”, en consecuencia, “de todo determinismo económico” y tener en cuenta que “existen medios para que la democracia y el interés general logren retomar el control del capitalismo y los intereses privados”. En realidad, “la dinámica de la distribución de la riqueza pone en juego poderosos mecanismos que empujan alternativamente en el sentido de la convergencia y de la divergencia”, no existiendo “ningún proceso natural y espontáneo que permita evitar que las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias prevalezcan permanentemente”.

Todas estas son, como salta a la vista, conclusiones que refuerzan la legitimidad de las propuestas que apuntan a introducir equilibrios y contrapesos a la evolución salvaje del capitalismo. Entre ellas la que representa el Derecho del Trabajo y la actuación de organizaciones de defensa colectiva de intereses que éste promueve y respalda. No encerrados, naturalmente, en los espacios nacionales sino convenientemente adaptados a las características de la actual dinámica global del capitalismo.

La anterior es una constatación a la que parece apuntarse el autor, aunque de forma quizá excesivamente tímida, cuando señala que en su opinión la principal fuerza de reequilibradora está constituida por “el proceso de difusión de los conocimientos y de inversión en la capacitación y la formación de habilidades”, mientras que el “juego de la oferta y la demanda”, y en particular “la movilidad del capital y del trabajo”, afirmación dentro de la cual seguramente hay que entender enmarcado el juego de las instituciones jurídico-laborales”, están en condiciones de “operar también en ese sentido”, pero “con menor fuerza, y a menudo de manera ambigua y contradictoria”.

Es cierto que, en etapas como la actual, la capacidad del Derecho del Trabajo de actuar en clave redistributiva se ve considerablemente debilitada y puede incluso ser puesta en cuestión. No es este el único diseño posible, sin embargo. El propio hecho de que la única etapa en la que se redujeron las desigualdades en el último período histórico, es decir los años posteriores a las dos conflagraciones mundiales, coincidiesen de forma casi absoluta con las etapas de consolidación y auge del mismo, nos alerta sobre esa virtualidad redistributiva, quizá no del todo valorada en la obra que se comenta.

La pertinencia de retomar el debate jurídico y político sobre la necesidad de llevar a cabo una reconstrucción del Derecho del Trabajo en clave neogarantista en vez de neoliberal se ve, en cualquier caso, claramente reforzada por la evidencia aportada por una investigación de la envergadura de la realizada por Thomas Piketti.

Y así he querido destacarlo, con evidente vocación optimista, en esta entrada que marca el final de la dinámica de esta bitácora en 2014. Esta volverá, y además con novedades, el año próximo. Entre tanto, desde Salamanca va un abrazo fraternal para sus siempre tenaces amigos.

PD: No hay adjuntos en esta ocasión. Se recomienda consultar la propia obra.

El efecto (pretendido y al parecer logrado) de las últimas reformas laborales sobre el empleo

José Clemente Orozco, sección del mural "Trabajadores"

José Clemente Orozco, sección del mural “Trabajadores”

Mientras la economía española se encontraba atravesando su fase más dura de ajuste resultaba difícil distinguir los efectos de las sucesivas reformas laborales sobre el mercado de trabajo de los ocasionados por la crisis.

Las cosas son más claras ahora, cuando empieza a advertirse un débil crecimiento del empleo, al menos en términos estadísticos, en el sector privado.

Los datos disponibles ponen de manifiesto, fuera de toda duda además, la existencia de un elevado grado de correlación entre el tipo de empleo que se viene creando y aquél promovido o facilitado por dichas reformas.

Así, si por un lado los cambios introducidos en los últimos años en la legislación laboral estuvieron encaminados principalmente a facilitar y abaratar la extinción no causal de los contratos por tiempo indefinido, promover la celebración de contratos a tiempo parcial sujetos a un muy elevado grado de disponibilidad por parte del empresario sobre el tiempo de trabajo y a restar efectividad al rol compensador de la negociación colectiva, las fuentes estadísticas revelan que los nuevos empleos se caracterizan, precisamente, por su elevado grado de temporalidad, la limitada duración de la jornada por la que se conciertan y su reducido nivel salarial, en bastantes casos incluso por debajo del nivel de pobreza. Los contratos de duración determinada empiezan, de tal modo, a recuperar el peso que tenían antes de la crisis, mientras los empleos a tiempo completo se ven sustituidos con cada vez más frecuencia por empleos a tiempo parcial, por lo general suscritos por necesidad antes que por conveniencia, y los salarios se degradan.

Sobre este proceso degradatorio y precarizador inducido y potenciado por la actuación legislativa, así como sobre las dimensiones que lo ilustran y la manera como los interlocutores sociales y en particular los sindicatos están intentando hacerle frente, singularmente en el ámbito de la negociación colectiva, tuve la oportunidad de reflexionar con ocasión del último seminario europeo sobre las condiciones laborales de los trabajadores desiguales organizado por el Proyecto BARSORIS de la Universidad de Amsterdam.

A continuación me complace poner a disposición de los tenaces amigos de esta bitácora el texto manuscrito de mi intervención en dicho seminario.

El texto de la intervención de Wilfredo Sanguineti titulada “Efectos de la crisis en el deterioro de las condiciones de trabajo en España, negociación colectiva y estrategias de los sindicatos” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

INTERVENCION – Proyecto BARSORIS – WSANGUINETI

AUN ES POSIBLE SUMARSE A ESTA INCOMPARABLE EXPERIENCIA …


Alfonso X El Sabio en su corte (s. XIII)

La Universidad de Salamanca ha mantenido a lo largo de su historia una ininterrumpida atención a los estudios jurídicos. Fundada en 1218 según el modelo de Bolonia, la enseñanza del Derecho ha sido un elemento vertebrador de toda su actividad docente e investigadora.

Bajo la denominación “Cursos de Postgrado en Derecho”, la primera convocatoria de los actuales Cursos de Especialización tuvo lugar en enero de 1995. Con esta iniciativa, nuestra Universidad fue la primera institución española que ofreció una actividad docente de esta naturaleza específicamente dirigida a titulados iberoamericanos en estas materias, basada sobre los criterios de excelencia académica y concentración en el tiempo. Desde entonces, y a lo largo de las treinta y cinco ediciones celebradas hasta el presente, unos 10.000 juristas procedentes de más de veinte países nos han confiado la actualización de sus conocimientos. Numerosos magistrados de cortes supremas de justicia, fiscales, presidentes de parlamentos nacionales, ministros, funcionarios internacionales o abogados del más alto nivel se cuentan entre entre nuestros alumnos.

La proyección de la Universidad de Salamanca en Hipanoamérica

Como destaca Águeda Rodríguez Cruz, América fue la ocasión para que se diera la mayor proyección de una universidad que jamás se había visto en la Historia. La fundación de las universidades en el Nuevo Mundo, hijas e imitadoras de la de Salamanca, es uno de los capítulos más interesantes de la historia de la cultura. A los pocos años de la llegada de Colón, América contaba ya con su primera universidad, fundada en Santo Domingo (1538), a la que siguieron pronto la de Lima y México (1551); más tarde se creó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá (1653). Todas ellas fueron llamadas a convertirse en las universidades mayores y principales del continente, a su vez impulsando la creación de otras nuevas. El broche final lo tenemos en la Universidad de Nicaragua, creada por la Cortes de Cádiz (1812). Al dar vida y semejanza a las universidades hispanoamericanas, Salamanca escribe la página más brillante de su trayectoria, de su más fecunda realización, misión a la que ha sabido ser fiel y que se resume en dos palabras claves del lema que grabó en su escudo, en su etapa de máximo esplendor: Salmantica docet.

Foto de grupo de los 24.º Cursos de Especialización en Derecho en la escalinata del Palacio de Anaya (enero 2009)

Los vigentes Estatutos de la Universidad de Salamanca proclaman explícitamente su vínculo secular con la Comunidad Iberoamericana, declarando su compromiso de colaboración en la docencia y en la investigación. Es éste el marco en el que se crearon hace dos décadas y actualmente se desarrollan los Cursos de Especialización en Derecho.

Con todo, los Cursos no sólo constituyen una oferta académica de prestigio reconocido. También son una excelente ocasión para compartir experiencias entre profesionales de muy diversas procedencias, favoreciendo el establecimiento de vínculos personales y profesionales que se perpetúan en el tiempo. Estamos encantados de que así sea y de que la Universidad de Salamanca, a través de su Fundación General, sea el foro en el que ello sea posible.

El programa del Curso “Problemas actuales del Derecho del Trabajo y derechos fundamentales” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://fundacion.usal.es/ced/problemas-actuales-de-derecho-del-trabajo-y-derechos-fundamentales

Para más información:

Fundación General de la Universidad de Salamanca
Formación y Congresos
Hospedería del Colegio Fonseca
C/ Fonseca 2, 1ª Planta
37002 Salamanca. (ESPAÑA)
Telef: + 34.923 294 679
Fax: + 34.923 294 702
E-Mail: fundacion.postgrado@usal.es
https://fundacion.usal.es/ced

El uso del cine como herramienta pedagógica para enseñar Derecho del Trabajo

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Existe un recurso pedagógico que, aunque atípico, no debería ser olvidado si el objetivo que se persigue es enseñar Derecho del Trabajo. Se trata de la utilización, como elemento catalizador de la reflexión y el debate, de alguno de los exponentes de la abundante y magnífica filmografía sobre temas jurídico-laborales disponible en la actualidad.

Las ventajas que tiene el cine como herramienta educativa son diversas. Así, como ponen de manifiesto los estudios sobre la materia, su empleo tiene un indudable valor motivador, sirve para captar el interés de los alumnos y estimula su participación, además de facilitarles la comprensión de los contenidos de la materia, al presentarles su aplicación práctica a la luz de un supuesto concreto.

De entre todas ellas, sin embargo, me parece que la fundamental radica en su aptitud para “transportar” a los estudiantes, por lo general carentes aún de cualquier contacto directo previo con el mundo del trabajo, hacia el “interior” de éste, sirviéndose además de un lenguaje distinto, como es el artístico. El cine permite, de aquella manera, que los mismos “vivan” y no sólo “razonen” lo que supone trabajar por cuenta ajena y las situaciones conflictivas que a partir de ello se suceden, generando una corriente inicial de empatía hacia las mismas a partir de la cual resulta posible comprender con mayores dosis de realismo el sentido profundo que tiene la existencia del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma y la orientación singular que caracteriza a sus principales instituciones.

La circunstancia de que la mayor parte de los acontecimientos sociales y fenómenos históricos que se sitúan en la base de la emergencia del Derecho del Trabajo, así como muchos de los problemas que plantea su aplicación cotidiana, hayan sido dramatizados por el cine constituye, por ello un inestimable “tesoro pedagógico”, que debe ser necesariamente aprovechado para dar tintes de especial verosimilitud a la aproximación realista y crítica a nuestra disciplina que se propugna.

A continuación me complace poner a disposición de los tenaces amigos de esta bitácora el enlace a una recopilación de secuencias cinematográficas sobre temas laborales titulada “La evolución del Derecho del Trabajo”, elaborada por mi querido amigo Aleixandre Marín con el fin de servir de presentación a la asignatura de Derecho del Trabajo que imparto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

La recopilación de secuencias cinematográficas “La evolución del Derecho del Trabajo” elaborada por Aleixandre Marín, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=wVitFIRY2Zc

ADDENDA:

Copio el siguiente comentario, enviado por mi querido amigo Antonio Baylos, en el que se añaden interesantes referencias bibliograficas para seguir reflexionando sobre el tema objeto de este post. Luego van tambien un par de recomendaciones adicionales:

Querido Wilfredo, recuerda que este dominio ha sido también desarrollado por Juan López Gandía, magnifíco cinéfilo laboralista. Es a ese respecto imprescindible para tus lectores (y tu enlace) el texto de JLG en nuestra RDS: ” La representación del trabajo en el cine entre fordismo y postfordismo”. López Gandía, Juan, REVISTA DE DERECHO SOCIAL Número 31 – Página 231 – Año 2005 – Debate.
Y recuerda que tu compañero Rafael Sastre Ibarreche derivó hacia la literatura uno de los recursos didácticos para enseñar el derecho del trabajo, siempre en RDS, ” La cuestión social en el espejo literario: proletariado urbano y novela realista española del XIX”. Sastre Ibarreche, Rafael, REVISTA DE DERECHO SOCIAL, Número 46 – Página 227 – Año 2009 – Debate.
Explorar estas dimensiones es algo muy interesante, y las referencias que te envío creo que pueden enriquecer el análisis que presentas.
Un abrazo
Antonio Baylos

A estas dos referencias, sin duda imprescindibles, añado, de entre otras muchas posibles, especialmente estas dos:

H. Brretto Ghione, Comprender el Derecho del Trabajo a través del cine. El uso del cine como recurso didáctico, Montevideo, Cuadernillos de la Fundación Electra, 2011.

M. L. Martín Hernández, “El cine como instrumento docente en la educación superior. Una experiencia particular en el ámbito de la disciplina jurídico-laboral”, en AA.VV., Actas del II Congreso de Innovación docente en ciencias jurídicas, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2009.